Elección presidencial en Perú: el regreso del pueblo al poder
El domingo 6 de junio de 2021 se llevó a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial en Perú, y hasta el lunes 7, con el 95.6 por ciento de las actas electorales procesadas, el candidato Pedro Castillo (de izquierda) sumaba el 50.24 por ciento de los votos, mientras que su rival Keiko Fujimori (de derecha) contaba con un 49.75 por ciento de los sufragios.
De confirmarse esta tendencia, Castillo se convertiría en candidato electo y próximo presidente de la nación andina. Cabe recordar que los comicios de primera vuelta se realizaron el pasado 11 de abril, y lograron avanzar al balotaje Keiko Sofía Fujimori Higuchi, candidata del partido Fuerza Popular (en libertad provisional, debido a una investigación judicial en su contra por lavado de activos, obstrucción de la justicia, organización criminal y falsedades en el proceso administrativo), y Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre.
Esta elección de ninguna manera ha sido un escrutinio más para las y los peruanos, quienes han visto a su país sumergirse en la inestabilidad política y la corrupción. Inestabilidad política, porque con algunas reformas recientemente puestas en marcha para acotar el poder hiperpresidencial y autoritario heredado del periodo de gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), los partidos políticos han construido, en la práctica, un régimen semiparlamentario, si bien formalmente es semipresidencial.
En efecto, el régimen político peruano ha adquirido las particularidades de un parlamentarismo exacerbado, similar al de la III y la IV repúblicas francesas, caracterizadas por una crónica inestabilidad política. En el caso peruano, baste observar la facilidad con que las fracciones políticas que han integrado el Parlamento en los últimos años han depuesto, en un período muy corto de tiempo y por medio de la figura constitucional de vacancia[1], a dos presidentes de la República, a saber, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, y llevaron al poder a un tercero: el actual mandatario Francisco Sagasti Hochhausler, electo como presidente interino por parte del Congreso en noviembre de 2020.
La inestabilidad política en Perú se debe también a la existencia de una importante indisciplina ideológico-partidista, así como a la laxitud programática de gran parte de los partidos. Si bien existen los partidos políticos tradicionales, algunos de éstos ya no representan más a una buena parte del electorado[2]. Algunos otros son insitutos que no defienden doctrina política alguna, tienen poca institucionalización o valores difusos, y reaparecen únicamente durante los procesos comiciales, “ya sea para prestarse a ser vientres de alquiler o postular”[3].
Esta laxitud ideológica y programática genera, a su vez, una explosión de múltiples aspirantes (18, en la primera vuelta electoral presidencial) y una fragmentación política exacerbada. Muchas y muchos candidatos se acomodan o se arropan en un partido determinado sin necesariamente seguir sus postulados o principios políticos, en caso de tenerlos. Aparecen al tenor de las circunstancias, coyunturas y oportunismos, por lo que sólo representan a una pequeña parte de quienes votan.
La corrupción también ha sido una causa de inestabilidad política. Actualmente existen cuatro expresidentes de la República acusados, no condenados, de corrupción: Alejandro Toledo (2001-2006), pedido en extradición a los Estados Unidos por parte de Perú; Ollanta Humala (2011-2016), en libertad condicional, acusado por lavado de activos en el caso Lava Jato; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario por lavado de activos, y Martín Alberto Vizcarra (2018-2020), destituido por el Congreso por acusaciones de soborno.
A ello hay que agregar la sentencia del también exmandatario Alberto Fujimori, el cual fue condenado a 25 años de prisión por homicidio y corrupción, así como también el expresidente Alan García, quien se encontraba acusado de soborno, pero se suicidó en 2019.
Sin duda, todos los elementos anteriores han estado presentes en la elección presidencial del 6 de junio y han influido para que Pedro Castillo, un maestro rural y líder sindical, alejado de las élites políticas peruanas, desconocido por las clases urbanas de Lima y otras ciudades, pero conocido en las regiones del país por las clases campesinas y populares, se pueda convertir en el próximo presidente de la República del Perú.
Cabe señalar que estos elementos no fueron los únicos que han incidido en la tendencia electoral favorable a Castillo, y aquí es oportuno subrayar la herencia que ha pesado sobre Keiko Fujimori, la dos veces candidata perdedora en segunda vuelta (2011 y 2016).
Si bien ha existido por parte de un sector de la población peruana reconocimiento y añoranza por el orden y la mano dura con que gobernó el expresidente Alberto Fujimori, que implicaron, entre otros logros, la derrota del movimiento de guerrilla Sendero Luminoso; la captura y el encarcelamiento de su líder Abimael Guzmán; la derrota del movimiento revolucionario Túpac Amaru, así como el establecimiento de bases de crecimiento económico del país, también es cierto que ha existido una corriente antifujimorista entre la población que no deseaba que la autocracia, el neoliberalismo, el autoritarismo y los autogolpes de Estado[4] se replicaran a través de una eventual presidencia de Keiko Fujimori.
La propia candidata en su discurso político de campaña ha prometido gobernar con mano dura para rescatar a Perú. En Twitter posteó: “mano dura no es dictadura. Es una democracia firme. En una palabra, lo que yo ofrezco es demodura”[5].
A ello se ha sumado una Constitución elaborada bajo el régimen fujimorista, que rige en el Perú desde 1993 y la cual, en materia económica, establece un modelo neoliberal a través de cuatro ejes principales: libertad, papel del Estado, libertad de contratación y propiedad privada[6]. Estos ejes han dado como resultado en la práctica, sobre todo, la privatización de empresas del Estado, así como la entrega del manejo de la actividad económica al mercado.
Si bien la economía peruana creció durante los últimos veinte años (antes de la pandemia de COVID-19, a un promedio del 5 por ciento anual), en gran parte por el boom internacional de las materias primas, y era presentada como un modelo a seguir, como en el caso de Chile, también es verdad que la riqueza no ha sido distribuida equitativamente entre la población, además de que ha prevalecido un precario acceso a los derechos sociales para la ciudadanía.
Ya para finales de 2020, y en el marco de la pandemia, la economía peruana cayó un 11.12 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). La pobreza alcanzó al 30 por ciento de su población (10 millones de personas), lo cual significa un aumento del 10 por ciento, en relación con el año anterior, es decir, el equivalente a más de tres millones de nuevas personas pobres. Además, se estima que el 83 por ciento de las y los trabajadores menores de 25 años no cuenta con un empleo formal[7].
Tampoco se puede dejar de lado que existen brechas importantes en cuanto al acceso de la mayoría de la población a los derechos de salud, educación y protección social. En la capital Lima, por ejemplo, sólo cinco de cada cien personas tienen acceso a un seguro privado de salud, y únicamente el 38 por ciento cuenta con seguro del sistema estatal, mientras que el resto no posee seguro o no tiene acceso al Seguro Integral de Salud (protección mínima con el Ministerio de Salud)[8]. Asimismo, casi 200,000 personas han perdido la vida debido a la COVID-19, lo que ha generado un sentimiento de rechazo al manejo de la pandemia por parte de la población hacia el gobierno.
Pero regresando a la Constitución de 1993, ésta ha significado —en lo político y durante un buen tiempo— el fortalecimiento del poder presidencial y la disminución de facultades del Parlamento, así como la continuidad, en la práctica, del autoritarismo, por medio de la constitucionalización de la figura de la reelección inmediata. Ello, desde luego, en beneficio del entonces presidente Fujimori.
Derivado de lo anterior, se puede entender perfectamente que el candidato Pedro Castillo haya anunciado durante su campaña la convocatoria a un referéndum, con el propósito de instalar una Asamblea Constituyente que modifique la actual Carta Magna. La nueva Constitución, señaló, se gestará por la voluntad del pueblo, tendrá color y sabor a pueblo.
De igual manera, el candidato Castillo suscribió un documento llamado “Compromiso con el pueblo”, en el que se compromete a derrotar a la pandemia; garantizar la vacunación de todas y todos sin discriminación ni privilegios; poner fin a los golpes de Estado y a la compra de medios de comunicación; dejar el cargo de presidente de la República el 28 de julio de 2026 (para tranquilidad de quienes han señalado que busca perpetuarse en el poder); fortalecer el sistema anticorrupción y respetar su independencia; defender los derechos humanos y los tratados internacionales que Perú haya suscrito en la materia; atender las decisiones de los pueblos originarios respecto e su territorio y forma de vida; luchar contra la delincuencia, y a que el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y los organismos reguladores del Estado sean fortalecidos, para que sirvan a la población.
La derecha peruana y sus adalides, como Mario Vargas Llosa (escritor y ex candidato presidencial), Francisco Tudela (excanciller bajo la presidencia de Alberto Fujimori), Lourdes Flores (ex candidata presidencial), Jorge Baca (ex ministro de Economía del expresidente Fujimori), entre otros, se unieron decididamente para denostar a Pedro Castillo durante la campaña. Lo han presentado ante la población como quien instalará un régimen comunista o chavista, un régimen autoritario; señalan que es alguien que desprecia la democracia, las instituciones y la separación de poderes: campaña de desprestigio que resuena con familiaridad en nuestro territorio.
Sin duda, y de conseguir la victoria electoral, la presidencia de Pedro Castillo no será sencilla en un país con un Congreso (electo el 11 de abril de 2021) altamente fraccionado por diez partidos políticos; en una nación en donde la corrupción es moneda corriente; en donde la democracia ha sido secuestrada por personajes o caudillos que luchan por el poder sin ética, valores o programas políticos claros, sólo a voluntad de las circunstancias; en donde el rejuego político de diversas fuerzas partidistas depone y nombra presidentes a conveniencia; en donde prevalece el extractivismo minero; en donde la riqueza no se reparte adecuadamente entre la población y, sobre todo, en donde el Estado se ha puesto al servicio de la élite política y económica nacional e internacional, en perjuicio de los derechos sociales más elementales de las mayorías.
La victoria de Pedro Castillo significaría, sin duda, el regreso del pueblo al poder en el Perú de hoy.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
Fuentes
[1] “A diferencia de un juicio político, la vacancia, en teoría, no está destinada a juzgar o sancionar al presidente, sino verificar que sus capacidades sean óptimas para ejercer su cargo (…) al ser una definición tan amplia el mecanismo se puede usar para cualquier cosa, desde la enfermedad o muerte del presidente hasta su autoridad ‘moral’ para ejercer el cargo más alto de la nación”. Pardo, D. (10 de noviembre de 2020). “Renuncia Manuel Merino: 4 claves que explican por qué han caído tantos presidentes en Perú”. BBC News https://bbc.in/2PUV6ID
[2] Santaeulalia, I. (9 de abril de 2021). “Cualquiera puede ser presidente en Perú”. El País. https://bit.ly/3tb1mKM
[3] Santaeulalia, I. (9 de abril de 2021).
[4] El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Fujimori propinó un autogolpe de Estado con apoyo de la cúpula militar peruana, cerrando el Congreso, el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. La acción fue apoyada rápidamente por los principales grupos económicos, de muchos medios de comunicación y de amplios sectores de la población, en clara confrontación con los partidos políticos tradicionales. García, D. y Eguiguren, F. (2008). “La evolución político-constitucional del Perú 1976-2005”, Estudios Constitucionales, año 6., No. 2. Centro de Estudios Constitucionales de Chile-Universidad de Talca, pp. 371-398.
[5] Santaeulalia, I. (8 de abril de 2021). “Keiko Fujimori abraza de nuevo la ‘mano dura de su padre’”. El País. https://bit.ly/34IxCue
[6] Romero, A. (18 de octubre de 2019). “Historia y verdad del régimen económico neoliberal en Perú”. América Latina en movimiento. https://bit.ly/3yXNLty
[7] Arciniegas, Y. (2 de junio de 2021). “Perú llega a unas presidenciales con una larga lista de desafíos agudizados por la pandemia”. France 24. https://bit.ly/3cfNBnL
[8] Fowks, J. (20 de mayo de 2021). “La insatisfacción con el modelo económico, clave en la segunda vuelta presidencial de Perú”. El País. https://bit.ly/2SYNN40
