Remain in Mexico 2.0

El pasado 24 de agosto, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud del presidente Joe Biden de suspender una orden de un tribunal en Texas que dictaminó que la actual administración federal había cancelado ilegalmente el programa Remain in Mexico (Permanecer en México), por tanto, debía restablecer su aplicación. Ésta es probablemente una de las políticas públicas en materia de migración más emblemáticas de la anterior presidencia de aquel país.

Por ello, el presidente Biden canceló el programa y, luego de una demanda de restablecimiento, pidió ante la Corte Suprema la suspensión de emergencia de este programa. Ahora, con la reciente resolución, el mandatario estadounidense está obligado a reponer el funcionamiento de esta política pública en su frontera común con México, bajo un “esfuerzo de buena fe”, de acuerdo con el máximo órgano de justicia estadounidense.

El asunto no es mínimo. Por lo menos desde octubre de 2018 el flujo migratorio que transita por territorio mexicano hacia ese país ha aumentado. Ya son varias las llamadas “caravanas migrantes”, compuestas principalmente por personas de países centroamericanos y caribeños, que han intentado ingresar a Estados Unidos pasando por México.

En julio pasado, en esa frontera se detuvo a 212,672 personas migrantes no autorizadas: la cifra más alta en 20 años.[i] La desigualdad, la falta de empleo, la corrupción y la inseguridad en sus países de origen, hechos sumados a la pandemia de COVID-19 que ha profundizado aún más la desigualdad, han obligado que mujeres, niñas, niños y hombres intenten buscar una mejor vida en otros territorios.

Por tanto, la posible restauración del Remain in Mexico, a pesar de los esfuerzos de la administración Biden, abre nuevamente la discusión sobre la cooperación en la materia entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, la responsabilidad compartida y la prevalencia inequívoca del respeto al derecho humano a migrar.

¿Cómo llegamos a este punto?

A principios del año 2019, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció el programa Migrant Protection Protocols (Protocolos de Protección al Migrante), conocido informalmente como Remain in Mexico. En ese momento, a casi 70,000 solicitantes de asilo en la Unión Americana se les pidió esperar del lado de la frontera mexicana mientras se procesaban sus casos.

El programa consistió en que los agentes fronterizos estadounidenses trasladaban a las personas solicitantes de asilo con ciudadanía distinta de la mexicana a nuestro territorio. Explícitamente, la intensión por parte del entonces presidente Trump era disminuir la saturación de solicitudes en el sistema migratorio de ese país e, implícitamente, desincentivar a las y los migrantes a solicitar asilo, mediante un proceso largo en un territorio ajeno al de su destino.

Cuando el presidente Biden canceló el programa el primer día de su administración y en junio le puso fin, los gobiernos estatales de Texas y Missouri, ambos emanados del Partido Republicano, demandaron su restablecimiento bajo el argumento de que, supuestamente, se verían sobrepasados con la llegada de más migrantes. Además, agregaron que la “liberación” de migrantes en Estados Unidos representa “una carga” para los estados, porque esta población “utiliza” servicios estatales, como la emisión de licencias de conducir, la educación de infantes y atención hospitalaria, entre otros.[ii]

 

 

Fue así como el juez de distrito en Amarillo, Texas, Matthew J. Kacsmaryk, ordenó la reinstauración del programa. Tanto el juez como la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito rechazaron una solicitud previa del Gobierno de Joe Biden de suspender el fallo de restablecimiento. Por tanto, decidió llevar la decisión hasta instancias federales. Cabe señalar que el juez Kacsmaryk y dos jueces de la Corte del Quinto Circuito fueron nominado y designados, respectivamente, por la anterior administración en Estados Unidos, misma que promovió esa estrategia de control migratorio.[iii]

El Gobierno estadounidense actual argumentó que el presidente tiene “clara autoridad para determinar las políticas migratorias”, y que el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, cuenta con criterios para decidir si enviar o no de regreso a México a las personas solicitantes de asilo. Asimismo, se alegó que la medida ha estado inactiva por más de un año y que, de reactivarla de un momento a otro, es posible que “perjudique” las relaciones de Estados Unidos con aliados clave, además de que alteraría severamente las operaciones de gestión de la migración en la frontera sur, con posibles consecuencias en materia diplomática y humanitaria.[iv]

La Corte Suprema argumentó que el Gobierno de Biden “no ha podido demostrar la posibilidad de éxito sobre la afirmación de que el memorándum que rescinde los Protocolos de Protección al Migrante no era arbitrario y caprichoso”.[v]

¿Qué sigue?

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos señaló que “lamenta que el máximo tribunal se haya negado a otorgar el bloqueo” y adelantó que seguirá impugnando la orden del tribunal de distrito. Por el momento, tomará las medidas para cumplir con la decisión, mientras se presenta una apelación.[vi] Específicamente, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que la orden de la corte de distrito seguirá siendo impugnada “vigorosamente”, por lo que se espera que nuevos alegatos jurídicos se presenten desde el Ejecutivo, para retrasar o evitar irremisiblemente la aplicación del Remain in Mexico. La batalla legal continuará.

Por otro lado, voces expertas en inmigración destacan que, a la par de los procesos jurídicos o incluso si se debe de aplicar forzosamente el plan, la administración Biden podría modificar el criterio que determina los perfiles de las personas migrantes que deban permanecer en territorio mexicano.

Jessica Bolter, experta del Migration Policy Institute, afirma que el Gobierno estadounidense tiene la capacidad para aplicar este programa como mejor le parezca. Por tanto, puede ser ajustable en pequeña o gran escala, de acuerdo con los criterios que se establezcan para quienes solicitan asilo. De acuerdo con las métricas emitidas por la Presidencia de la Unión Americana, es posible que sean menos (o más) las peersonas migrantes que deban permanecer en territorio mexicano.[vii]

El compromiso de México

Desde México, en sintonía con nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, no nos posicionamos sobre el propio contenido del fallo. Las decisiones que se tomen desde el Gobierno federal, sin duda, estarán fundamentadas en nuestra soberanía y con apego total a los derechos humanos de las personas migrantes.

Desde la Cancillería mexicana ya se aclaró que este fallo no tiene implicación jurídica directa respecto a cómo se aborda la gestión de la migración irregular que pasa por territorio mexicano. Por tanto, el Gobierno federal no está obligado a acatar la resolución. Además, cabe recordar, no está jurídicamente obligado a recibir a migrantes que regresan desde Estados Unidos y que no tengan ciudadanía mexicana, como no la poseen la mayoría de quienes solicitan asilo.[viii]

 

 

Si finalmente las autoridades mexicanas deciden cooperar nuevamente con el programa, como ya se hizo en el pasado, será con fines exclusivamente humanitarios.[ix] Nuestro país y Estados Unidos tenemos un historial importante de cooperación, pero siempre con respeto a la soberanía y las decisiones de cada nación. Ninguna presión externa ni sentencia jurídica del otro lado de la frontera tienen que ser los motivos para trabajar de manera conjunta en la adecuada gestión de la migración. Además, es necesario ser consientes de los protocolos que la pandemia de COVID-19, aún activa, demanda para evitar el aumento de contagios de esta enfermedad.

Por otro lado, ni la sentencia ni la cooperación de México pueden ser las propulsoras para que Estados Unidos deje de realizar los esfuerzos necesarios para aumentar su capacidad de gestión de las solicitudes de asilo. En muchos casos pueden pasar meses o años antes de que se resuelva uno de estos procesos. En consecuencia, muchas personas migrantes han intentado cruzar hacia territorio estadounidense sin autorización de las autoridades migratorias. Además, lo cierto es que la frontera norte de México no cuenta con las condiciones idóneas para refugiar a quienes tendrán que esperar un largo tiempo para que sus casos sean atendidos por el país vecino.[x]

De acuerdo con Human Rights Watch, el programa Remain in Mexico agravó las fallas existentes en los tribunales de inmigración en Estados Unidos, entre las que destacan la falta de acceso a asistencia jurídica y barreras para contar con representación legal para las personas migrantes; ausencia de transparencia en los procedimientos de ingreso a Estados Unidos, y protecciones legales limitadas para solicitantes de asilo.[xi]

La gestión de la migración en la frontera común entre México y Estados Unidos precisa atención urgente a corto plazo. En el actual contexto, la política pública que ya se aplica en nuestro país y Centroamérica para atender las causas de origen de la migración es cada vez más relevante para enfrentar el fenómeno migratorio. Se busca que la migración no sea obligada por contextos hostiles o falta de oportunidades económicas.

En tal sentido, desde México se le ha propuesto al Gobierno de Estados Unidos que se sume con sus capacidades económicas y políticas a los programas de ayuda en Centroamérica. La inversión en esa región puede ayudar a aliviar las presiones migratorias en nuestras fronteras. Es un enfoque que suma elementos de atención a los derechos humanos más esenciales, como al trabajo, y una herramienta práctica que permite la gestión de la migración.

Últimas consideraciones

México ha mostrado disposición a cooperar con Estados Unidos en el manejo de los flujos migratorios en nuestra frontera común. El Gobierno de nuestro país participa impulsado por un sentido principalmente humanitario. Sin embargo, es necesario que la nación vecina cumpla con su parte y aumente su capacidad de recepción de solicitudes de asilo, en sincronía con el flujo migratorio.

A la par, el Gobierno mexicano ha insistido en la necesidad de atender las causas fundamentales de la migración en Centroamérica y el sur del territorio nacional. Los programas de cooperación internacional para el desarrollo aplicados en los países vecinos del sur y los proyectos de inversión en México son muestra de nuestro trabajo para fomentar el desarrollo en la región. La invitación a Estados Unidos para que se sume a estos esfuerzos y juntos lograr un mayor impacto sigue abierta. El fenómeno migratorio se debe asumir como una responsabilidad compartida.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA

 

FUENTES:

[i] Alvarez, P. (13 de agosto de 2021). “US saw a two-decade high in border crossings in July”. CNN. https://cnn.it/2WTcpg8

[ii] García, U. J. (25 de agosto de 2021). “Revival of ‘remain in Mexico’ policy could have deadly consequences for asylum-seekers, advocates warn”. Texas Tribune. https://bit.ly/38TrYrj

[iii] Sherman, M. (24 de agosto de 2021). “Corte Suprema ordena reanudar Permanecer en México”. The San Diego Union-Tribune. https://bit.ly/3kTMygt

[iv] Sherman, M. (24 de agosto de 2021). “Corte Suprema ordena reanudar Permanecer en México”. The San Diego Union-Tribune. https://bit.ly/3kTMygt

[v] Supreme Court. (24 de agosto de 2021). “Order List: 594 u.s.”. https://bit.ly/3n21qwg

[vi] Homeland Security. (24 de agosto de 2021). “DHS Statement on Supreme Court Decision on MPP”. https://bit.ly/3DF8e8V

[vii] Snow, A. y Taxin, A. (25 de agosto de 2021). “EXPLAINER: What’s next for the ‘Remain in Mexico’ policy?”. https://bit.ly/38C0dTM

[viii] Secretaría de Relaciones Exteriores. (25 de agosto de 2021). “Información del fallo de la Suprema Corte de los EE.UU.”. Gobierno de México. https://bit.ly/3BFZfSZ

[ix] Snow, A. y Taxin, A. (25 de agosto de 2021). “EXPLAINER: What’s next for the ‘Remain in Mexico’ policy?”. AP News. https://bit.ly/38C0dTM

[x] García, U. J. (25 de agosto de 2021). “Revival of ‘remain in Mexico’ policy could have deadly consequences for asylum-seekers, advocates warn”. Texas Tribune. https://bit.ly/38TrYrj

[xi] Human Rights Watch. (29 de enero de 2020). “Q&A: Trump Administration’s ‘Remain in Mexico’ Program”. (2 de septiembre de 2021). https://bit.ly/3yIhvcz