Violencia y libertad de expresión
No es el Gobierno federal el que está reprimiendo o asesinando a periodistas en el país. Es la violencia criminal de grupos privados.
Tanto el Gobierno estadounidense —por conducto del secretario de Estado Antony Blinken— como el Parlamento Europeo han coincidido en señalar el clima de violencia y las condiciones de vulnerabilidad bajo las cuales se ejerce el periodismo en México.
Es un planteamiento inmerso en el momento político que vive nuestro país, enmarcado por el primer ejercicio de revocación de un mandato presidencial en la historia de México, y por la discusión legislativa de una reforma eléctrica (y del litio), ante la cual poderosas empresas norteamericanas y europeas han sentido amenazados sus intereses e inversiones.
Ambas posturas se podrían considerar injerencistas, si se comprueba que su verdadero objetivo no es tanto mejorar las condiciones en que las y los periodistas desempeñan su labor, sino presionar con este tema al Gobierno de México, para que llegue debilitado a la eventual aprobación de la reforma eléctrica, que busca recuperar la rectoría del Estado, mas no la estatización del sector.
Ahora bien, la intención de usar políticamente el tema de la violencia contra el periodismo no debe conducirnos a negar que el problema existe y que debe ser atendido de manera eficiente para evitar, en principio, más crímenes contra profesionales de la comunicación, pero también, entre otros asuntos, que siga siendo un buen pretexto injerencista.
Aquí es donde resulta conveniente precisar el nuevo esquema de relación entre poder y prensa, que está impulsando la 4T.
De entrada, el Gobierno federal no reprime ni asesina a periodistas en el país. Es la violencia criminal de grupos privados, generalmente vinculados a la delincuencia organizada, la que está generando tal situación. Al no ser ni origen ni causa, el Estado tiene mejores condiciones para cumplir con su responsabilidad de salvaguardar la integridad de quienes ejercen esta noble profesión.
Existe un mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que, ciertamente, requiere ser revisado, pero sin el cual —estoy seguro— el número de víctimas sería dolorosamente mayor. Entonces hay que fortalecer este apoyo, no desestimarlo.
También se tiene un esquema de rendición de cuentas, que se da días tras día en Palacio Nacional y en el que las y los periodistas son libres para preguntar y cuestionar al jefe del Ejecutivo federal, sin cortapisas.
Esta práctica implica algo novedoso: que el presidente de la República ejerza su derecho de réplica cuando exista desinformación o información tendenciosa. Hay quien considera algunas respuestas de “La Mañanera” como un ejercicio de violencia verbal y hasta un posible detonador de violencia física.
Sin embargo, es más democrático este derecho de réplica del presidente que el ejercicio de otros instrumentos de represión, mordaza o compra de la prensa, tan socorridos en el pasado reciente.
Por último, este nuevo esquema implica una mayor transparencia y austeridad en el ejercicio del presupuesto destinado a publicidad y comunicación del Ejecutivo federal. Es preferible menor presupuesto oficial y mayor libertad de prensa, a mayor gasto oficial y menor libertad de expresión.
Este modelo nuevo de relación entre el poder público y los medios está lejos de ser la causa de la violencia denunciada, pero, sin duda, en esa actual dinámica debe ser prioritario mejorar la seguridad física, social y laboral de las y los periodistas.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
