El asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasil

El pasado domingo 8 de enero, diversos medios de comunicación y redes sociales difundieron imágenes de un hecho inédito en la reciente historia democrática de Brasil. Cientos de personas extremistas de derecha, partidarias del expresidente Jair Bolsonaro, se dirigieron desde las afueras del Cuartel General del Ejército en Brasilia —en donde se encontraban apostadas desde hace dos meses— hacia la Plaza de los Tres Poderes, sede de estos, en la misma capital.

A su llegada a la Plaza, en donde se encuentran el Palacio de Planalto (sede del Poder Ejecutivo), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, la turba invadió los inmuebles causando innumerables destrozos. Al mismo tiempo, los seguidores radicales del exmandatario brasileño mostraban su rechazo al triunfo y a la investidura como presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, llevada a cabo el 1 de enero pasado en la sede del Poder Legislativo, además de corear consignas solicitando la intervención de las Fuerzas Armadas, a fin de perpetrar un golpe de Estado en contra el nuevo Gobierno.

A pesar de lo sorpresivo e inédito de este acontecimiento en la reciente historia democrática del Brasil, existían antecedentes que anunciaban el suceso desde tiempo atrás y que aquel día se materializaron, dejando ver con ello un movimiento de radicalización política a nivel interno de alcances que podrían incluso ser regionales.

 

Las señales

Aun antes de los comicios generales en el país sudamericano (incluida la primera vuelta de la elección presidencial), a inicios de octubre de 2022, el entonces jefe del Ejecutivo Jair Bolsonaro cuestionó en diversas ocasiones la legitimidad de aquellos, así como al sistema electoral brasileño, el cual, sin embargo, ha demostrado ser eficaz.

Steven Levitsky, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Harvard, afirmaba en julio de 2022 que:

Es una mentira [las descalificaciones del expresidente Bolsonaro al sistema electoral de su país] con el único propósito de desacreditar o deslegitimar las elecciones que podría perder, y crear una especie de justificación para algún tipo de esfuerzo extraconstitucional, ilegal o incluso violento para revertir el resultado de las elecciones o incluso cancelarlas[1].

El entonces presidente Bolsonaro (capitán retirado del Ejército, quien incluyó a múltiples militares en su gobierno)[2] continuó con sus cuestionamientos acerca del sistema de votación de su país, y advertía que, en caso de perder las elecciones, probablemente se debería al robo de sufragios.

Estas afirmaciones comenzaron a tener eco en militares brasileños, al grado de que los dirigentes de las Fuerzas Armadas comenzaron también a plantear dudas sobre la integridad de la votación.

El ex ministro de Defensa Paulo Sérgio incluso envió a los funcionarios electorales un documento de 21 puntos con el cual los criticaba por no considerar seriamente las preocupaciones de los militares sobre la seguridad electoral. Sin embargo, esos funcionarios invitaron a las Fuerzas Armadas a participar en el proceso electoral, asignándoles un lugar en el Comité de Transparencia creado exprofeso para atemperar las referidas dudas del entonces jefe de Estado.

Una vez pasada la segunda vuelta de la elección presidencial, a finales de octubre de 2022, y tras reconocerse el triunfo de Lula da Silva por las autoridades electorales, el aún presidente Bolsonaro evitó reconocer en forma explícita su derrota, que fue del 49.1 por ciento de los votos frente al 50.9 por ciento emitidos en favor del denominado Frente Amplio, formado de partidos de izquierda y de centro-izquierda para la primera vuelta electoral, y complementado con fuerzas de centro y de derecha para la segunda vuelta, el cual tuvo como candidato a Lula da Silva.

Sin duda, el resultado de la elección presidencial fue muy cerrado, lo cual no sólo le plantea al presidente Lula desafíos de gobernación o de gobernabilidad. Por un lado, su organización política, el Partido de los Trabajadores, no pudo obtener mayoría parlamentaria (logró 65 curules, mientras que el Partido Liberal del expresidente Bolsonaro obtuvo 99, de las 513 totales en la Cámara Baja); por otro lado, existe polarización social y política entre sus simpatizantes y partidarios y los de ex primer mandatario, quienes fueron justamente los que, en un buen número, el 8 de diciembre asaltaron la Plaza de los Tres Poderes, el centro político-democrático del país.

 

El intento de golpe de Estado

Desde la victoria de Lula da Silva en la segunda vuelta electoral, simpatizantes y partidarios del ex jefe del Estado Bolsonaro se opusieron al regreso del líder progresista a la primera magistratura del país, por medio de diferentes formas, como bloqueos en carreteras o el mencionado establecimiento de campamentos frente a diversos cuarteles para demandar la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a su propósito. Ello bajo el argumento de que existió fraude en dicho proceso electoral, aunque sin aportar evidencias.

En este contexto, el asalto de los manifestantes radicales bolsonaristas ha sido definido por las máximas autoridades federales brasileñas como actos terroristas y como un intento de golpe de Estado, al haber buscado involucrar al Ejército y a otros cuerpos estatales de seguridad pública, con el objetivo de deponer del poder al presidente Lula, el cual fue electo democráticamente.

Los partidarios bolsonaristas esperaban un llamado de su líder desde meses atrás para que realizara algún tipo de intervención, como ellos mismos lo referían, la cual nunca llegó.

Cabe recordar que no pocos ejércitos latinoamericanos han tomado posturas políticas que condujeron a dictaduras militares (p. ej. en Chile, Argentina y Uruguay, en el siglo pasado), o que propiciaron golpes de Estado recientes, como el que se perpetró contra el expresidente Manuel Celaya en Honduras, en 2009, por parte de las Fuerzas Armadas, con respaldo del Congreso, o el llevado a cabo contra el entonces presidente Evo Morales, en Bolivia, en 2019, por parte de las fuerzas políticas conservadoras y con respaldo de los militares de aquel país.

El asalto a la Plaza de los Tres Poderes, sin embargo, sí contó con la participación de militares retirados y personas de las fuerzas de seguridad pública. En ese sentido, es oportuno señalar que, de acuerdo con informaciones de varios medios de comunicación locales e internacionales, la Policía Militar de Brasilia incluso escoltó a los manifestantes extremistas de derecha en su marcha sin, desde luego, evitar su paso para llegar a la sede de los Poderes federales.

Cabe destacar que el secretario de Seguridad Pública del estado federado de Brasilia, el policía Anderson Torres, fue ministro de Justicia del expresidente Bolsonaro, y que el gobernador del Distrito Federal (entidad federativa brasileña también), Ibaneis Rocha, es aliado político de este.

El magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinó el cese temporal, por 90 días, del gobernador del Distrito Federal, así como la prisión para Anderson Torres y el coronel Fabio Augusto Vieira, comandante general de la Policía Militar del Distrito Federal. En sus argumentos señaló que “Absolutamente nada justifica la omisión y connivencia del secretario de Seguridad Pública y del Gobernador del Distrito Federal con delincuentes que previamente anunciaron que cometerían actos violentos contra poderes constituidos”[3].

Las más altas autoridades del país sudamericano: el presidente Lula, la presidenta del Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, y los presidentes del Senado, Rodrigo Pacheco, y de la Cámara de Diputados, Arthur Lira expresaron en un documento conjunto su rechazo a los actos terroristas, vandálicos, delictivos y golpistas de ese día.

Asimismo, el actual mandatario aseveró que los “vándalos fascistas” que atacaron las sedes de los tres Poderes y sus financiadores serán identificados y castigados.

Por su parte, desde Florida, Estados Unidos, en donde se encuentra para revisiones médicas y en donde también reside el expresidente Trump, Jair Bolsonaro declaró el mismo 8 de enero que “Las manifestaciones pacíficas, conforme a la ley son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y en 2017[4], escapan a la regla”[5].

Sin embargo, el pasado 11 de enero el mismo exmandatario difundió en sus redes sociales un video que alimenta el argumento de que existió fraude electoral, que Lula no fue elegido por el pueblo ni ganó en las urnas, sino que fue colocado a dedo por el Supremo Tribunal Federal y el Tribunal Superior Electoral. Y aunque el video fue retirado rápidamente, coadyuvó a que seguidores bolsonaristas convocaran a protestas masivas en todo el país, incluyendo Brasilia, lo cual ha puesto en alerta máxima a las autoridades de seguridad publica brasileñas.

Marina Silva, actual ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil ha señalado que “Bolsonaro mantiene su poder de convocar turbas enfurecidas, pero tal vez no el de desmovilizarlas. Y eso es muy peligroso”[6].

 

Implicaciones y significaciones del asalto a los Poderes

Legal y políticamente, el asalto a la Plaza de los Tres Poderes ha implicado no sólo la suspensión temporal y la prisión para autoridades políticas y de seguridad pública de Brasilia, respectivamente, sino también la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, el pasado 11 de enero, de la intervención federal de Brasilia decretada por el presidente Lula el domingo 8 del mismo mes, para que el Estado asuma las competencias de seguridad después de la incapacidad o laxitud de las autoridades de la capital para detener el referido intento de golpe de Estado.

Además, también fueron detenidas alrededor de 1,500 personas, aunque ya han sido liberadas casi 600 de ellas, por cuestiones humanitarias.

El ministro de Justicia, Flavio Dino, aseveró que pronto se emitirán cerca de 50 nuevas órdenes de aprensión y que ya se tienen identificados en 10 estados federados a los presuntos responsables de financiar a los participantes del asalto. Paralelamente, la justicia brasileña solicitó al Tribunal de Cuentas de Brasil el bloqueo de bienes del expresidente Bolsonaro para pagar la reparación de los daños provocados por dicho asalto.

A ello, se agrega que el juez de Moraes ordenó, el martes 10 de enero, la detención de Anderson Torres, que se encuentra de vacaciones en Florida, Estados Unidos, y quien declaró que las interrumpiría para regresar a Brasil, presentarse ante la justicia y cuidar su defensa. Ello, sin soslayar que la Policía Federal detuvo el mismo martes a una mujer, conocida como Ana Priscila Azevedo, que presuntamente sería una de los líderes del asalto a las instituciones políticas del país.

Junto a estas importantes implicaciones, las significaciones políticas que ha conllevado dicho asalto son diversas. Una de ellas, es, hasta cierto punto, la semejanza que este guarda con la irrupción violenta al Capitolio de los Estados Unidos en enero de 2021. En ella, miles de seguidores del expresidente Trump buscaron impedir la realización de la sesión del Senado en donde se certificaría la victoria electoral del actual jefe de Estado Joseph Biden.

Para Isabela Kalil, antropóloga que coordina el Observatorio de la Extrema Derecha en Brasil, existe “Por lo menos una tentativa [de que la extrema derecha busca compartir fuerzas, ideas y estrategias en el continente].

No podemos decir que eso va a suceder en otros países. Pero existe una estrategia de la extrema derecha trasnacional que es intentar hacer eso en América Latina”[7].

Y es que en el centro de los dos asaltos subyace, por ejemplo, una ideología nacionalista, no aquella que se conoce en México y que ha representado la defensa y salvaguarda de nuestra soberanía y de nuestros recursos naturales frente a ambiciones nacionales y extranjeras neoliberales, sino aquella que se identifica con las corrientes fascistas, clasistas, discriminatorias, xenófobas, entre otras características, y las cuales son promovidas y defendidas por diversos grupos y organizaciones alrededor de mundo.

Asimismo, para diferentes Gobiernos del mundo, como los de México, Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Colombia y Chile, por mencionar algunos, así como para la gran mayoría ciudadana, significó un atentado a la democracia, al orden social y a la estabilidad nacional. Incluso dirigentes de extrema derecha, como la presidenta del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, y organizaciones políticas de esta misma ideología, como Vox, en España; Agrupación Nacional, en Francia; o Chega, en Portugal, tomaron distancia al rechazar estos disturbios, la violencia y el asalto a las instituciones del Estado brasileño.

Una significación más es aquella que deja ver que ninguna de las democracias actuales, tanto las más consolidadas como las más jóvenes, se encuentran exentas de intentos de golpes de Estado, de rupturas constitucionales, o de irrupciones violentas en las instituciones políticas, en resumen, ninguna está exenta de ingobernabilidad o de falta de gobernación.

Por ello, no sólo es responsabilidad de los dirigentes políticos la buena conducción de un país y su pueblo, sino también es indispensable que las instituciones y los sistemas políticos estén en permanente evolución, actualización y fortalecimiento para enfrentar los retos de los nuevos tiempos. Ello para que puedan, asimismo, ser capaces de procesar las demandas ciudadanas, al tiempo que puedan contrarrestar, legal y democráticamente, los movimientos que atentan contra la democracia y sus instituciones.

Lo acontecido en Brasil deberá seguir siendo analizado escrupulosamente, a fin de profundizar en sus raíces y motivaciones. La democracia es siempre perfectible, sin olvidar que debe cuidarse y fortalecerse en permanencia en beneficio de todos.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA

 

 

Fuentes

[1] Leandro Prazeres, “Bolsonaro siembra dudas sobre el sistema electoral porque podría perder las elecciones de octubre, afirma el profesor de Harvard Steven Levitsky”. BBC News Mundo (22 de julio, 2022), sec. América Latina [En línea]: https://bbc.in/3w27acl [Consulta: 11 de enero, 2023].

[2] El expresidente Bolsonaro no sólo fue parte del ejército brasileño, sino que habló bien, en diversas ocasiones, de la dictadura en su país ocurrida entre 1964 y 1985. “El mandatario brasileño, un nostálgico de la última dictadura, niega que en Brasil hubiera un golpe en 1964 y asegura, en cambio, que los militares tomaron el poder de forma legítima con el apoyo de la sociedad civil para “enfrentar la amenaza comunista””. (Marcelo Silva de Sousa, “Bolsonaro elogia a militar que ordenó torturas en Brasil”. AP News (8 de agosto, 2019) [En línea]: https://bit.ly/3XjWv9j [Consulta: 11 de enero, 2023]).

[3] Naiara Galarraga Gortázar, “¿Por qué la policía militar escoltó a los asaltantes de Brasilia?”. El País (9 de enero, 2023), sec. Internacional, ed. América-México [En línea]: https://bit.ly/3W4ST9q [Consulta: 12 de enero, 2023].

[4] “Bolsonaro se refirió a esas protestas como si estuviera impulsadas por la izquierda, pero en realidad las marchas de 2013, que los brasileños llaman ‘jornadas de Juño’, eran manifestaciones en contra el gobierno izquierdista de Dilma Roussef y del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. De esas manifestaciones surgirían más tarde movimientos de derecha, como Movimiento Brasil Libre y Vem Pra Rua. Las protestas de 2017 sí tuvieron el sello de la izquierda. De menos alcance que las de 2013, la gente salió a la calle en contra de la reforma laboral y para protestar contra los cambios en el sistema de pensiones que intentaba aprobar el gobierno de Michel Temer, el político que sustituyó a Dilma Rousseff cuando ésta fue apartada del poder tras un proceso de ‘impeachment’”. (La Razón, “Qué pasó en las dos protestas de 2013 y 2017 que Bolsonaro compara con el asalto en Brasilia”. La Razón (9 de enero, 2023), sec. Internacional, América [En línea]: https://bit.ly/3H1Qjg4 [Consulta: 12 de enero, 2023].

[5] Naiara Galarraga Gortázar, “Miles de partidarios de Bolsonaro asaltan el Congreso, la Presidencia y el Supremo de Brasil”. El País (8 de enero, 2023), sec. Internacional, ed. América-México [En línea]: https://bit.ly/3W6n9kv [Consulta: 12 de enero, 2023].

[6] Naiara Galarraga Gortázar, “Marina Silva: ‘Bolsonaro mantiene su poder de convocar turbas enfurecidas, tal vez no el de desmovilizarlas. Y eso es peligroso’”. El País (12 de enero, 2023), sec. Internacional, ed. América-México [En línea]: https://bit.ly/3H5ORtr [Consulta: 12 de enero, 2023].

[7] Gerardo Lissardy , “‘Bolsonaro pasó años movilizando a sus seguidores para esto. Aun si ahora no ha dejado una orden directa, yo creo que él es el responsable por haber organizado a ese ejército de personas’”. BBC News Mundo (10 de enero, 2023), sec. América Latina [En línea]: https://bbc.in/3Zx299n [Consulta: 12 de enero, 2023].

 

📸 Fotos:

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Reuters