La nueva economía mixta de México
El martes 4 de abril de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Gobierno federal firmó un convenio con la empresa Iberdrola para la adquisición de 13 plantas generadoras de electricidad que posee esta compañía ibérica.
En términos técnicos, se trata de una capacidad de generación eléctrica instalada de 8,539 megavatios (MW) de los que 8,436 corresponden a ciclos combinados (es decir, plantas de generación a partir de uso de gas y de vapor de agua), y 103 a un parque eólico terrestre.
Esto significa la venta del 80 por ciento de los activos de generación eléctrica de esa empresa en nuestro país, una operación que se acerca a los 6,000 millones de dólares estadounidenses. Y en los hechos, representa el regreso de la economía mixta a uno de los sectores estratégicos para la nación: el energético.
Las plantas son las siguientes: los ciclos combinados de gas Monterrey I y II, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I, Baja California y Topolobampo II y III, junto con el parque eólico terrestre La Venta III. Todas ellas operan bajo la figura de Productores Independientes de Energía contratados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y los ciclos combinados de gas privados Monterrey III y IV, Tamazunchale II y Enertek.
La institución que contará con la mayoría del capital de esta transacción será el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), que además refinanciará la operación. Ésta no se agregará a la deuda pública del país, porque el Fondo se encuentra fuera del balance público, como apuntó la Secretaría de Hacienda.
La CFE será la encargada de operar esas plantas, lo cual le representará aumentar, en materia de generación eléctrica, del 39.6 por ciento al 55.5 por ciento del total de producción para todo el país, dejando el restante 44.5 por ciento al sector privado.
En la parte noreste de nuestro territorio pasará del 6.7 por ciento al 44.8 por ciento. Esto significa que la Comisión será la empresa pública que producirá la mayor cantidad de electricidad en México.
De esta transacción hay que dejar en claro tres aspectos de relevancia:
1) La CFE no será empresa monopólica ni dominante en el sector eléctrico; continuará como EPE (Empresa Productiva del Estado), tal como la define nuestra Constitución.
2) La operación de compra no es una estatización, sino una operación mercantil de compra-venta entre el sector público y una empresa particular de escala global. El Gobierno de México no se apropia de las plantas de Iberdrola mediante una acto expropiatorio unilateral de fuerza, sino mediante una acción voluntaria de libre mercado.
3) Al ser mayoritaria, mas no única ni dominante, la participación de la CFE como EPE garantizará que se cumpla con el doble criterio de preservar la seguridad nacional de un sector estratégico de la economía, así como el de proporcionar un servicio público oportuno y a buen precio a la población usuaria.
El presidente López Obrador indicó que con ello se resuelve —en el corto plazo y en el mediano— todo el consumo de energía eléctrica que requiere nuestra nación, en pleno crecimiento económico. Agregó que lo más importante es que así se garantiza que no se incremente el precio de la luz a las y los consumidores, como desde hace cuatro años.
A partir de 2018, la base de la política energética de México han sido el rescate y fortalecimiento del sector de la energía, incluyendo la recuperación y el reforzamiento de Petróleos Mexicanos y de la CFE. Se trata de recobrar estas empresas como palancas del desarrollo nacional, lo cual se convirtió en un imperativo para este Gobierno, y se materializa en acciones como la presente operación de compra.
A la adquisición se agregan otras acciones institucionales, como la construcción de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, en Sonora, así como la repotenciación de 16 hidroeléctricas. Con ello, se busca que la CFE pueda alcanzar, a finales de este sexenio, el 65 por ciento de toda la generación eléctrica del país, coadyuvando así al fortalecimiento de nuestra soberanía energética.
Y si bien existían diferencias entre el Gobierno federal y la firma española, en virtud de la nueva política energética soberana y nacionalista de nuestro país; del reordenamiento del mercado eléctrico nacional para que exista verdadera competencia; de la sanción a particulares por fraude a la ley ante el abuso de figuras como la de autoabastecimiento; del daño patrimonial al Estado mexicano derivado de la reforma de 2013 por no reconocer el costo fijo de generación eléctrica, entre otras, es justo reconocer también que por medio del diálogo y la disposición de ambas partes se llevó a cabo este acontecimiento histórico que el presidente de la República ha calificado como una “nueva nacionalización”.
En 1960, el entonces mandatario López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, guiado por los principios sociales, políticos y económicos de la Revolución mexicana. Hoy, el presidente López Obrador, cumpliendo con su responsabilidad histórica, fortalece el rescate de la CFE, generando, con ello, un mayor desarrollo para el país y nuestras familias.
De ser el patito feo y cojo del periodo neoliberal, la Comision Federal de Electricidad será ahora la empresa productiva rectora de la nueva economía mixta mexicana.
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