Chiapas: del EZLN al CJNG
Evitar que la impunidad criminal adquiera rango de autonomía territorial es quizá, en este momento, el desafío mayor para la seguridad y la soberanía del Estado nacional.
Hace 30 años, la región fronteriza de Chiapas que hoy se disputa la delincuencia organizada (CJNG vs. CS) era parte de los llamados “municipios zapatistas autónomos pluriétnicos”, junto con otros 42 que tenían por referente político central a San Cristóbal de las Casas. Los reclamaba el EZLN como parte de un concepto más amplio llamado “región autonómica pluriétnica”.
Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar se estancaron justo en ese punto. Recuerdo los argumentos de seguridad nacional que en su momento esgrimió el gobierno de Ernesto Zedillo para no aceptar la propuesta: “concepto separatista”, “la nación perdería soberanía sobre los recursos del suelo y del subsuelo”, “se abriría la puerta a las tendencias históricas secesionistas de la región del sureste”, “además de una parte del río Soconusco, México perdería también los recursos hídricos, energéticos y forestales de la Sierra Mariscal”.
Los Acuerdos de San Andrés no se ratificaron por el Gobierno federal, pero tampoco se anularon. Como en muchos otros momentos de la historia de México, por ejemplo la Cristiada, los acuerdos con los zapatistas entraron en una especie de aggiornamento político, mediante el cual se reconocía y aplicaban ciertas partes del acuerdo (beneficios sociales, apoyos económicos y reconocimiento de los pueblos indígenas), pero nunca se le concedieron al EZLN las demandas de control territorial, manejo de la seguridad y explotación de los recursos naturales.
No en Chamic, pero sí en Motozintla y Chicomuselo, el EZLN era recibido por la población con caravanas de aplausos y vivas a su paso. La “guerrilla romántica” desfilaba a caballo, con sus integrantes indígenas encapuchados, las cartucheras al hombro y sus rifles hechizos de madera. Fuera de aquel enfrentamiento del mercado de Ocosingo, donde el contador de las víctimas se detuvo política e informativamente en el número 200, por fortuna no hubo ninguna otra incursión militar de la histórica guerrilla de “tinta e internet” (Gurría dixit), el cual recordó al mundo que el México neoliberal que buscaba globalizarse tenía una deuda inconmensurable con sus pueblos originarios, y que antes de crecer económicamente tenía que desarrollarse socialmente.
Tres décadas después, la “guerrilla romántica” fue sustituida por una modalidad de “narcoguerrilla”, y los rifles de palo son ahora rifles de asalto; los caballos son camionetas Cheyenne artilladas; los encapuchados ya no son indígenas guerrilleros de la región, sino jóvenes sicarios —seguramente de otras regiones de México y Centroamérica—, y la bandera de lucha ya no es “¡Muera el mal Gobierno!”, sino “¡Muera mi competencia económica!”.
Estos grupos pelean las fuentes de la economía ilegal que se ha desarrollado en esta parte de la frontera sur: la migración indocumentada (8 mil dólares por traslado de migrante), el trasiego de armas, dinero, drogas y combustible, y el cobro de piso o extorsión a todo tipo de comercio establecido. Desde taquerías hasta mueblerías, desde taxis hasta camiones de pasajeros.
Evitar que la impunidad criminal adquiera rango de autonomía territorial es quizá, en este momento, el desafío mayor para la seguridad y la soberanía del Estado nacional, y de manera especial, para la seguridad y la convivencia pacífica de la sociedad mexicana.
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