Los pasados 20 y 21 de marzo, bajo mi presidencia y en el marco del debate sobre movilidad humana en América Latina, la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) celebró su Primera Reunión Ordinaria de 2025. Este encuentro fue un foro crucial para abordar desafíos que trascienden fronteras.
En esta ocasión, tuvimos el privilegio de contar con la ponencia del Dr. Rafael Alarcón, profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte, una institución mexicana de renombre por su análisis profundo de los fenómenos fronterizos entre México y Estados Unidos. Su presentación, titulada “Trump y la amenaza de deportaciones masivas de migrantes de Estados Unidos”, resalta la urgencia de comprender y mitigar el impacto de las políticas migratorias del país vecino en nuestra región. La perspectiva integral y multidisciplinaria del Dr. Alarcón nos invita a reflexionar sobre las complejas dinámicas migratorias y sus implicaciones para América Latina.
En su exposición, destacó algunos puntos relevantes de la actual política migratoria, enfatizando las estrategias que el Presidente Trump ha implementado desde el inicio de su gobierno. En principio, aclaró que las deportaciones no iniciaron con este mandatario, sino que operan desde 1996 (siendo la administración de Barack Obama la que más expulsiones realizó), pero con la diferencia de que hoy se abrió el espectro de “opciones” de deportación.
Al respecto, el ponente explicó que la definición de deportación formal o removal implica la salida obligatoria de personas no ciudadanas de Estados Unidos bajo una orden oficial de remoción formal, destacando que incluso personas con estancia legal pueden ser sujetas de expulsión, por ejemplo, residentes permanentes con Green Card, estudiantes con visa o personas con visa de empleo, indistintamente, si han cometido faltas como infracciones de tránsito, conducir bajo los efectos del alcohol, violencia doméstica, agresiones graves, o bien, si tienen menos de dos años de residencia o no cuentan con una solicitud de asilo.
Una diferencia sustancial radica en el hecho de que la orden puede ser emitida por un juez, pero también formulada por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que equiparan la inmigración con temas de seguridad nacional; es decir, se pueden ejecutar deportaciones expeditas sin un juicio formal, porque están homologadas la Ley de Justicia Criminal y la Ley de Inmigración. La gravedad del tema es que poco a poco se ha ido cambiando la naturaleza de la criminalidad de la inmigración, que pasó de ser un delito menor a uno mayor, con el resultado de que todas las personas extranjeras indocumentadas, aunque no hayan cometido delitos se les considera como criminales.
¿Cuál es la situación de la población indocumentada mexicana en Estados Unidos? Nos comentó que asciende aproximadamente a 11 millones de personas. Un análisis histórico revela que, entre 1990 y 2007, la presencia de inmigrantes mexicanos creció significativamente a 6.9 millones pero al 2022 se había reducido a 4.05 millones, quizá como resultado de la vigilancia fronteriza de los últimos años, por lo que hoy en día hay más indocumentados de otros países, por ejemplo, de India o Centroamérica. Otro dato relevante es la proporción de expulsiones, que afecta en mayor medida a individuos de América Latina, en comparación con otras regiones del mundo, sugiriendo quizá que razones geográficas juegan un papel crucial en esta dinámica.
En su explicación mencionó que, según cifras oficiales, entre 1998 y 2022 se deportó a 4.8 millones de connacionales, y entre 2003 y 2014, a 845 mil, a pesar de que el 63 por ciento no cometió ningún delito, pero en los casos que sí hubo infracción se trató de temas menores, como conducir sin licencia o el mismo ingreso irregular, catalogado ahora como delito. Todo ello revela que Trump redobló su retórica antiinmigrante, insistiendo en que todas las personas indocumentadas son criminales. Aunado a ello, se encuentran las órdenes ejecutivas firmadas hasta el momento, con el objetivo declarado de deportar a más personas, pero con el riesgo de que esto pueda traducirse en operativos con perfil racial y un aumento de detenciones arbitrarias.
A lo anterior habrá que agregar el impacto del programa 287(g) de la Ley de 1996, iniciativa que permite a las fuerzas del orden locales y estatales, como las de Texas y Florida, asociarse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mediante un Memorándum de Entendimiento. ICE, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se encarga de las deportaciones de personas no ciudadanas y capacita a oficiales locales para aplicar la Ley de Inmigración. Esta colaboración entre ICE y las autoridades locales representa una estrategia adicional en los esfuerzos de deportación, pero, afortunadamente, ofrece resistencia en ciudades santuario como Los Ángeles y Nueva York, que se niegan a cooperar con deportaciones masivas.
Una estrategia más es la creación de la aplicación CBP Home, para fomentar la “autodeportación”, que permite a ciertas personas migrantes salir voluntariamente para evitar una orden formal de deportación. En este tema, el Dr. Alarcón señaló que el retorno voluntario es menor, dado que no existen incentivos al respecto. No está de más señalar las amenazas de deportación a Guantánamo o El Salvador, todo lo cual ha hecho que exista gran temor en las comunidades inmigrantes, incluso con noticia de mujeres que no llevan a sus hijos a la escuela por temor a ser deportadas. Finalmente, enumeró las sanciones por deportación: prohibición para ingresar al país por cinco años, si la expulsión es expedita; 10 años, si la orden la da un juez; 20 años, si es la segunda vez, y de por vida, si se cometieron delitos graves o se trata de personas deportadas en reiteradas ocasiones.
Todo lo anterior nos revela aspectos críticos sobre la evolución de estas políticas, demostrando que, si bien las deportaciones no son un fenómeno nuevo, su intensificación y expansión bajo la administración de Donald Trump crearon un escenario de mayor vulnerabilidad para las y los migrantes, y aunque no se ha logrado expulsar el número de personas prometido, si se consiguió detener el flujo de personas hacia Estados Unidos. No cabe duda de que su retórica antiinmigrante y las sanciones severas para las y los deportados suponen serias preocupaciones en materia de derechos humanos y justicia migratoria, lo cual plantea la necesidad de un análisis continuo y profundo de las causas subyacentes de esta disparidad, así como la búsqueda de soluciones regionales, como una tarea imperativa para proteger los derechos y la dignidad de las y los migrantes latinoamericanos.
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Fuente:
Ponencia del Dr. Rafael Alarcón Acosta, profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte: “Trump y la amenaza de deportaciones masivas de migrantes de Estados Unidos”, presentada en la reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del PARLATINO, realizada el 20 y el 21 de marzo de 2025.
