BBVA estima que la población migrante mexicana que podría verse directamente afectada asciende a unos 4.1 millones de personas, y que el resto de ella —alrededor de 8.6 millones—, que también envía remesas, en principio no sería perjudicado.
Después del rechazo al “Gran y hermoso proyecto de ley” (es decir, la primera iniciativa de impuestos y gasto presupuestal del presidente Donald Trump durante su segundo mandato), el fin de semana volvió a presentarse en comisiones el paquete fiscal que incluye un impuesto del 5 por ciento a las remesas que envían las y los migrantes a sus familias en sus países de origen, y ahora sí pasó con el número de votos necesario para someterla a consideración del Pleno de la Cámara de Representantes. Es decir, es altamente probable que las remesas sí sean gravadas con esa tasa, una vez aprobado el paquete fiscal.
¿Cuál será el impacto real de esta medida en México, en caso de que se apruebe? El grupo BBVA acaba de difundir un estudio al respecto. Estas son las observaciones más importantes:
La propuesta de imponer un impuesto del 5 por ciento a las remesas enviadas por personas migrantes no documentadas desde Estados Unidos “tendría un impacto menor en la economía mexicana y no comprometería la balanza de pagos del país”.
De acuerdo con la institución financiera, México recibió, por este concepto, 62,500 millones de dólares desde territorio estadounidense durante 2024, por lo que la imposición de este gravamen representaría 1,563 millones de dólares para 2026.
Esta cifra no tendría afectaciones significativas en la balanza de pagos de México. Considerando su estimación de una caída de 1,563 millones de dólares, el déficit de cuenta corriente se incrementaría únicamente en un 0.08 por ciento del PIB.
El documento indica que, de los 12.7 millones de migrantes de México que vivían en EE. UU. el año pasado, según datos de la Current Population Survey, 4.5 millones poseían ciudadanía estadounidense; cerca de 3.7 millones eran residentes permanentes o tenían algún otro estatus migratorio regular, como una visa, y 4.5 millones eran personas no documentadas.
Dentro de ese último grupo, alrededor de 400,000 eran beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), lo que les otorga permiso para trabajar y protección contra la deportación.
Por tanto, BBVA estima que la población migrante mexicana que podría verse directamente afectada por la propuesta de impuesto asciende a unos 4.1 millones de personas, y que el resto de ella, alrededor de 8.6 millones, que también envía remesas, en principio no sería perjudicado.
La afectación se daría en el costo del envío de remesas: pasarían de un promedio de 6 dólares —por cada 350 dólares enviados— a 23.50 dólares, según estimaciones de la Profeco.
Además, podría generar distorsiones artificiales en el mercado y llevar a que las personas migrantes busquen mecanismos alternativos para hacer llegar el dinero a sus países de origen, para evitar el pago de este impuesto.
En este sentido, BBVA expuso que muchas personas migrantes no documentadas podrían recurrir al apoyo de familiares y amistades con ciudadanía o residencia en EE. UU., para canalizar los envíos en su nombre. A la par, “otros migrantes y sus familias en México podrían optar por bancarizarse, lo que les permitiría recibir estos recursos a través de transferencias interbancarias, las cuales no estarían sujetas al impuesto”.
Recordemos que 10 millones de hogares en el país (de los 38 millones censados) reciben algún tipo de remesas desde EE. UU.
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