Un baño de pueblo no le viene mal a ninguna persona servidora pública, mucho menos a quienes se encargan de impartir justicia, no sólo de aplicar el derecho
Por primera vez en más de 200 años, desde la constitución del Poder Judicial en México, el próximo domingo primero de junio, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir, mediante voto universal, directo y secreto, a más de la mitad de integrantes del Poder Judicial federal (386 jueces y juezas de distrito, 464 magistrados y magistradas de circuito, 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dos cargos de la Sala superior del mismo Tribunal, cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la totalidad de quienes conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación). En total, 881 personas juzgadoras federales.
A su vez, en 19 de las 32 entidades federativas del país, en la misma jornada dominical, se renovarán (de manera parcial o total) los poderes judiciales locales; es decir, 1,800 cargos judiciales locales que, sumados a los judiciales federales, darán un total de 2,681 cargos judiciales por elección en todo el país. La otra mitad de entidades federativas y de cargos judiciales federales se renovarán en junio de 2027, junto con las elecciones federales y locales de ese año.
El domingo próximo tendremos una jornada electoral sin precedente en términos cualitativos y cuantitativos. Cualitativos, porque México será el primer país del globo que opte por este método de selección total de personas juzgadoras, por lo que los ojos del mundo estarán puestos en esta experiencia inédita. Cuantitativos, porque en ninguna otra parte del planeta se habrá de elegir a tan alto número de cargos judiciales en un solo día. La historia que se escribirá el próximo domingo será, entonces, un referente en México y en la democracia global. Y todas y todos los que tenemos credencial para votar podremos ser actores directos de esta novedosa transformación. Así que no dejemos ir este tren único en nuestra historia.
Por donde quiera que se le vea, esta primera elección judicial será positiva para el país. El voto popular, directo y secreto igualará la fuente de legitimidad del Poder Judicial con los otros dos poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo). Los principios de autonomía e independencia judiciales tendrán por primera vez un sustento real, al no depender los nombramientos de acuerdos mancomunados entre las y los legisladores y quien encabece el Ejecutivo federal. O peor aún, de promociones de ingreso y oportunidades de ascenso que asignaban, de manera cerrada, endógena, la cúpula del Poder Judicial.
Con la reforma judicial, el ingreso y ascenso de las personas juzgadoras seguirá siendo meritocrático, académico y profesional, sólo se introduce un nuevo elemento: la validación ciudadana y el refrendo de las urnas. Un baño de pueblo no le viene mal a ninguna persona servidora pública, mucho menos a quienes se encargan de impartir justicia, no sólo de aplicar el derecho.
Por supuesto que existen riesgos, como la infiltración del crimen organizado (el cual ya está, desafortunadamente, desde hace tiempo en algunas oficinas del Poder Judicial), la partidocracia o la incorporación de personas no probas para el ejercicio judicial. Sin embargo, el abrir a la ciudadanía la designación y evaluación de personas juzgadoras es algo mejor que lo que hoy tenemos, porque la corrupción, la insensibilidad y el aislamiento social sentaron sus reales en un país donde la injusticia y la impunidad adquirieron, lamentablemente, carta de naturalización.
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