El pasado 16 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la nación con un discurso comenzando con un balance amplio de su segundo gobierno. En sus términos, Estados Unidos pasó en menos de dos años de un desastre económico, social y fronterizo a convertirse nuevamente en el país más respetado y atractivo del mundo. Habló de inflación a la baja, récords bursátiles, creación de empleos, reducción en el precio de los medicamentos, beneficios fiscales, una frontera cerrada, menor criminalidad y victorias en Venezuela e Irán.[1]

El mensaje parecía, durante sus primeros minutos, una rendición de cuentas. Sin embargo, el propósito era otro.

Después de describir un país recuperado, el mandatario afirmó que todavía quedaba una amenaza capaz de poner en riesgo esos avances: la falta de confianza en las elecciones. “Sin confianza no hay grandeza”, resumió. A partir de ahí anunció la desclasificación de documentos que, según su interpretación, demostrarían que el sistema electoral estadounidense se encuentra expuesto al hackeo, la interferencia extranjera, la manipulación de máquinas, el registro de personas inexistentes y la participación de cientos de miles de extranjeros.

Las acusaciones son graves. Por eso conviene examinarlas sin descartarlas automáticamente, pero también sin asumir que la existencia de alguna vulnerabilidad demuestra que una elección fue alterada.

El primer señalamiento fue que China obtuvo información de aproximadamente 220 millones de votantes estadounidenses: nombres, domicilios, números telefónicos y preferencias partidistas. El hecho tiene sustento. Los documentos divulgados[2] indican que actores chinos recopilaron una cantidad considerable de registros electorales. En un contexto geoestratégico, contar con esa información permitiría a potencias extranjeras perfilar ciudadanos, dirigir propaganda o diseñar operaciones de influencia.

Pero el alcance del hallazgo es menor al sugerido en el discurso. PolitiFact que es un sitio web estadounidense de verificación de datos (fact-checking) y evalúa la veracidad de las declaraciones realizadas por políticos, funcionarios y figuras públicas, encontró que buena parte de esos registros era información pública o podía adquirirse comercialmente, y que los documentos ubican la descarga principal en 2022, no durante la elección presidencial de 2020. Obtener bases de votantes tampoco significa haber ingresado a los sistemas estatales, modificado registros o alterado votos.[3]

Dicho de otra forma: China obtuvo información electoral, pero eso no demuestra que haya comprometido el resultado de una elección.

El presidente Trump también acusó a funcionarios de inteligencia de ocultar información sobre las actividades chinas. Los documentos parecen mostrar desacuerdos internos sobre qué datos debían incluirse en los reportes presidenciales y cómo evaluar información todavía no corroborada. Eso merece transparencia y, en su caso, una investigación institucional. Sin embargo, excluir inteligencia preliminar de un informe no prueba por sí mismo que hubiera existido un encubrimiento de fraude.

La evaluación oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia publicada en marzo de 2021,[4] elaborada en cumplimiento del mecanismo creado por el mismo presidente Trump en 2018 para examinar interferencias extranjeras, concluyó que China no desplegó una operación dirigida a cambiar el resultado presidencial de 2020. Los documentos divulgados en 2026 aportan información posterior sobre la recopilación china de datos electorales, pero no demuestran por sí mismos que aquella conclusión fuera falsa. FactCheck.org señaló que los materiales divulgados en julio de 2026 contienen poca información realmente nueva y que varios reconocen que manipular suficientes sistemas para alterar el resultado habría sido difícil.[5]

El tercer punto del discurso fue quizá el más serio: las vulnerabilidades de las máquinas electorales, las bases de registro y los sistemas de conteo.

Aquí el presidente Trump toca un problema que no debería minimizarse por tres razones. Primero, todo sistema informático es susceptible de ser atacado. Segundo, existen diversas investigaciones sobre las amenazas de injerencia electoral de Rusia, China, Irán, y grupos no estatales que tienen capacidad para buscar accesos, interrumpir servicios o explotar infraestructura electoral.[6] Y tercero, Estados Unidos, administra sus elecciones mediante miles de autoridades estatales y locales, con equipos y capacidades desiguales y de manera descentralizada.

Pero tener una capacidad de ataque no equivale a haber realizado un ataque exitoso. Tampoco demuestra que se hayan modificado resultados. Los documentos citados por el mandatario advierten que las bases centralizadas y los sitios electorales son vulnerables, pero también reconocen obstáculos importantes para manipular una elección nacional. La existencia de boletas físicas, auditorías, sistemas descentralizados y recuentos limita la posibilidad de cambiar votos sin dejar rastros.[7]

El discurso también vinculó esas vulnerabilidades con métodos utilizados por el régimen venezolano para alterar elecciones. El antecedente puede ser relevante para comprender capacidades técnicas disponibles en otros países, pero no demuestra que esas herramientas hayan sido utilizadas en Estados Unidos. Entre mostrar que algo puede ocurrir y probar que sucedió existe una distancia fundamental.

Algo semejante sucede con el caso de Michigan al que se refirió en su discurso. Hubo solicitudes de registro con firmas falsas, personas inexistentes y empleados que aparentemente buscaban aumentar el número de formularios entregados para recibir pagos. Esto tiene sustento, sin embargo, las irregularidades fueron detectadas antes de que esos registros produjeran votos. El caso muestra que puede existir fraude documental dentro de una campaña de registro, pero también que los controles administrativos funcionaron.

Finalmente, el presidente Trump aseguró que una revisión del Departamento de Seguridad Nacional identificó aproximadamente 278,000 no ciudadanos inscritos para votar. Esa cifra debe tomarse con cautela. Los cruces de bases pueden detectar inconsistencias, pero también marcar como extranjeros a ciudadanos naturalizados cuyos registros migratorios no han sido actualizados.

Además, aparecer en un padrón electoral no significa necesariamente haber participado en una elección. Para sostener que hubo voto ilegal habría que demostrar, caso por caso, que la persona no era ciudadana, que emitió una boleta y que ese voto fue contabilizado.

Una investigación de Reuters localizó únicamente 129 procesos federales por voto de extranjeros desde 1996. De ellos, 73 terminaron en condena o declaración de culpabilidad, y varios involucraron errores, desconocimiento de las reglas o información incorrecta proporcionada por funcionarios. No existe evidencia de una operación organizada de voto extranjero capaz de definir elecciones nacionales.[8]

Esto no significa que el problema deba ignorarse. Un voto ilegal lo es aunque sea excepcional. La pregunta que me hago es otra: ¿la solución propuesta por Trump corresponde con los riesgos que presentó?

La SAVE America Act,[9] plantea exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse en elecciones federales, identificación física con fotografía para votar y verificaciones periódicas de los padrones por una autoridad, en este caso el Departamento de Seguridad Nacional. También impondría controles adicionales al voto por correo y responsabilidades para funcionarios que acepten registros sin la documentación requerida y otras medidas para asegurar que solo ciudadanos estadounidenses voten.

Para las y los mexicanos, el principio puede parecer familiar. En México presentamos un acta de nacimiento o carta de naturalización, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio para obtener la credencial para votar. El Instituto Nacional Electoral (INE) verifica la información, integra un padrón nacional y entrega gratuitamente una identificación que después sirve para ejercer el voto. Si hay cambios de nombre o para hacer correcciones se requieren procedimientos especiales similares a los propuestos en su ley.[10]

Visto así, exigir que una persona demuestre su ciudadanía antes de incorporarse al padrón no parece una pretensión ilegítima. El problema está en trasladar esa lógica a un sistema institucional completamente distinto.

Estados Unidos no tiene una credencial electoral nacional, un registro civil único ni una autoridad equivalente al INE. Las elecciones son organizadas por los estados y, en muchos casos, por condados y municipios. Una licencia de conducir, incluso cuando cumple con los requisitos de identificación oficial porque acredita identidad y residencia legal, no es necesariamente identificación de ciudadanía.

Por eso la misma obligación produce efectos diferentes. En México, el Estado concentra la verificación y entrega un documento nacional gratuito. En Estados Unidos, la SAVE America Act colocaría inicialmente sobre cada ciudadano la carga de localizar un pasaporte, un acta certificada o un documento de naturalización, y de resolver discrepancias entre nombres y registros.

El Brennan Center estima que alrededor de 21 millones de ciudadanos en edad de votar no tienen acceso inmediato a los documentos exigidos. Eso no implica que todos quedarían excluidos definitivamente, sino que enfrentarían un trámite adicional, cuyo costo sería mayor para personas de bajos ingresos, adultos mayores, habitantes de zonas rurales, ciudadanos naturalizados y personas que cambiaron de apellido.[11]

La reforma también modificaría procesos estatales ya establecidos. La National Conference of State Legislatures advierte que sus requisitos serían más estrictos que los vigentes en la mayoría de los estados y que, aunque formalmente se aplicaran solo a elecciones federales, terminarían afectando elecciones estatales y locales celebradas de manera concurrente.[12]

El objetivo de verificar que solo los ciudadanos participen en las elecciones es legítimo. La dificultad está en que, dentro de la estructura institucional estadounidense, una exigencia de ese tipo puede producir efectos distintos a los que tendría en México. No existe una credencial electoral nacional, una autoridad equivalente al INE ni un sistema único de registro civil. La misma regla, aplicada sobre una arquitectura más fragmentada, genera mayores costos administrativos y abre discusiones sobre acceso, federalismo y capacidades estatales.

Pero incluso dejando de lado esas críticas, hay un punto más inmediato a la luz del discurso del presidente Trump: la SAVE America Act responde principalmente al registro de no ciudadanos, la identificación personal y el voto por correo. No protege por sí misma las bases electorales frente a China, no establece un régimen integral de ciberseguridad, no regula las máquinas de votación ni reforma a las agencias de inteligencia.

La correspondencia entre el diagnóstico y la solución es, por tanto, parcial.

La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Representantes desde febrero, meses antes de la desclasificación anunciada por el mandatario estadounidense.[13] Los nuevos documentos no dieron origen a la propuesta, pero sí ofrecieron un marco político para presentarla como una respuesta urgente frente a un conjunto mucho más amplio de amenazas.

Eso no vuelve ilegítima a la ley ni convierte en falsas todas las preocupaciones expuestas en el discurso. Estados Unidos enfrenta riesgos reales de interferencia extranjera, vulnerabilidades tecnológicas y errores en sus padrones. Lo que conviene distinguir es qué problema atiende cada medida y cuál permanece sin respuesta.

Desde México no corresponde definir cómo debe organizarse el sistema electoral estadounidense. Lo que nos toca es conocer lo que está en juego. Las decisiones políticas de Estados Unidos tienen efectos directos sobre nuestra relación bilateral, la migración, la seguridad, el comercio y el tono general de la integración norteamericana. Por eso este debate no debería observarse como una disputa doméstica ajena. Lo que ocurra con la confianza electoral en Estados Unidos también influirá en la manera en que ese país se relaciona con México y con el resto del mundo.

Fuentes:

[1] The White House, “President Trump Delivers an Address to the Nation, Jul. 16, 2026”, el 16 de julio de 2026, https://www.whitehouse.gov/videos/president-trump-delivers-an-address-to-the-nation-jul-16-2026/.

[2] The White House, “Election Integrity”, The White House, s/f, consultado el 20 de julio de 2026, https://www.whitehouse.gov/election-integrity/.

[3] Louis Jacobson y Amy Sherman, “Fact-checking Trump’s address: What he said about China and 2020 election, what documents show”, el 16 de julio de 2026, https://www.politifact.com/article/2026/jul/16/fact-check-trump-address-china-2020-election/.

[4] Office of the Director of National Intelligence, “Intelligence Community Assessment on Foreign Threats to the 2020 U.S. Federal Elections”, Site page, Office of the Director of National Intelligence, el 20 de julio de 2026, https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications-2021/3521-intelligence-community-assessment-on-foreign-threats-to-the-2020-u-s-federal-elections

[5] D’Angelo Gore et al., “FactChecking Trump’s Election Security Speech”, el 17 de julio de 2026, https://www.factcheck.org/2026/07/factchecking-trumps-election-security-speech/.

[6] Office of the Director of National Intelligence, “Intelligence Community Assessment of Foreign Threats to the 2022 U.S. Elections”, Site page, Office of the Director of National Intelligence, el 20 de julio de 2026, https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications-2023/3744-intelligence-community-assessment-of-foreign-threats-to-the-2022-u-s-elections?highlight=WyJzIiwiJ3MiXQ%3D%3D.

[7] Gore et al., “FactChecking Trump’s Election Security Speech”.

[8] Reuters, “Trump claims voting by noncitizens is rampant in America. The numbers tell another story”, el 19 de julio de 2026, https://www.reuters.com/investigations/trump-claims-voting-by-noncitizens-is-rampant-america-numbers-tell-another-story-2026-07-19/.

[9] Text – H.R.7296 – 119th Congress (2025-2026): SAVE America Act, H.R.7296 (2026), https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/7296/text.

[10] Instituto Nacional Electoral, “Documentos necesarios para tramitar la Credencial para Votar”, 2026, https://portal.ine.mx/credencial/documentos-necesarios/.

[11] Brennan Center for Justice, “States Already Enacting Harmful SAVE Act Policies, Requiring Proof of Citizenship to Vote”, el 3 de junio de 2026, https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/states-already-enacting-harmful-save-act-policies-requiring-proof.

[12] National Conference of State Legislatures, “9 Things to Know About the Proposed SAVE America Act”, 2026, https://www.ncsl.org/state-legislatures-news/details/9-things-to-know-about-the-proposed-save-america-act.

[13] United States Congress, “S. 1383, 119th Congress: Safeguard American Voter Eligibility Act”, el 11 de febrero de 2026, https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/1383/text.