En 1949, el economista argentino Raúl Prebisch cuestionó el lugar reservado a América Latina en la división internacional del trabajo. En ese entonces planteó una discusión que sigue abierta en nuestros días: un país no alcanza el desarrollo por la sola inercia de los mercados; necesita construir sus propias capacidades productivas.[1]
Durante décadas, la izquierda hizo de la reducción de las desigualdades, los derechos laborales y la construcción del Estado social algunas de sus principales causas. Actualmente, esas conquistas siguen siendo indispensables, pero la experiencia internacional también ha mostrado sus límites cuando no descansan sobre una economía capaz de renovar y ampliar las fuentes que sostienen el bienestar.
En sentido distinto, el neoliberalismo confió en que el crecimiento terminaría produciendo bienestar, pero hemos sido testigos de que el crecimiento no conduce automáticamente a una distribución equitativa de sus beneficios. Por ello, en nuestros días, los gobiernos de izquierda enfrentan una pregunta que no admite respuestas exclusivamente ideológicas: ¿cómo fortalecer capacidades productivas propias y convertirlas en mejores condiciones de vida?
La respuesta exige reconocer un compromiso pendiente de todo gobierno con el crecimiento económico, pero también requiere formular un nuevo paradigma. No se trata de regresar a las recetas neoliberales ni de sacrificar los avances redistributivos, sino de integrar desarrollo productivo, justicia social y soberanía dentro de una misma estrategia. México ofrece una vía que apunta precisamente en esa dirección.
El desafío productivo de las izquierdas
La izquierda ha construido buena parte de su identidad política alrededor de una pregunta fundamental: ¿cómo se distribuyen los beneficios de la actividad económica? Esa preocupación permitió colocar en el centro del debate público los salarios, la protección social, los derechos laborales y las desigualdades que el mercado, por sí solo, difícilmente corrige.
Con frecuencia, distintas experiencias de gobiernos de izquierda han puesto mayor énfasis en distribuir mejor los recursos que en ampliar y renovar las capacidades que permiten a una economía generar riqueza de manera sostenida. Reconocer esta brecha productiva significa admitir que una política social duradera necesita una base económica que también permanezca.
Algunos procesos progresistas permiten observar con claridad las consecuencias de ese desequilibrio. Bolivia, por ejemplo, vivió durante buena parte de este siglo importantes avances sociales apoyados, entre otros factores, en los ingresos provenientes del gas natural. Durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo, esos recursos contribuyeron a financiar políticas públicas expansivas y redistributivas que produjeron mejoras significativas en indicadores como la pobreza y la pobreza extrema.[2]
Bolivia aprovechó durante años una renta gasífera importante, pero no acompañó ese auge con un esfuerzo suficiente para buscar más reservas y desarrollar nuevas fuentes de producción. Con el tiempo, los campos maduros declinaron y el país pasó de exportar abundantes hidrocarburos a depender crecientemente de combustibles importados. Para 2024, la producción boliviana de gas natural había caído aproximadamente a la mitad de su máximo alcanzado una década antes.[3]
Argentina ofrece una experiencia distinta al deterioro de capacidad productiva. Sus dificultades se debieron principalmente a un entorno institucional y macroeconómico inestable que obstaculizó la actividad productiva privada. Esta inestabilidad atravesó dos gobiernos peronistas de orientación centroizquierdista y uno de centroderecha, por lo que difícilmente puede atribuirse a una corriente política. Sin embargo, durante buena parte de la década previa a 2023 se acumularon restricciones cambiarias, controles de precios, barreras comerciales e incertidumbre regulatoria que elevaron los costos de hacer negocios, limitaron la inversión y dificultaron la expansión de numerosas actividades productivas.[4]
Durante buena parte de ese periodo el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita argentino experimentó una trayectoria descendente, acompañada por una débil inversión y una caída de la productividad general de la economía. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que este desempeño dificulta el crecimiento de las empresas productivas y advirtió que se requerirán esfuerzos continuos para eliminar gradualmente las distorsiones que obstaculizan la inversión.[5]
Aunque estos dos casos no comparten la misma historia, la lección que nos dejan es una advertencia sobre los límites de cualquier proyecto político que pretenda sostener el bienestar sin cuidar de manera equivalente las fuentes que lo hacen posible.
Este es quizá el compromiso pendiente que la izquierda debe reconocer. La justicia social necesita de una economía que genere valor suficiente para sostener derechos en el tiempo. De esa necesidad surge la posibilidad de una nueva fórmula, una que haga del desarrollo productivo y del bienestar una misma estrategia y no dos objetivos separados.
Hacia un nuevo paradigma progresista
Atender el rezago productivo de algunas experiencias de izquierda no implica volver a las recetas que dominaron buena parte de la política económica al final del siglo XX. El desafío consiste en construir un paradigma capaz de preservar los avances distributivos y, al mismo tiempo, robustecer las bases que hacen posible sostenerlos.
Dani Rodrik ha descrito este cambio como una transición todavía inconclusa desde el neoliberalismo hacia una nueva pauta. Su propuesta, a la que denomina “productivismo”, asigna al Estado y a la sociedad un papel activo en la creación de riqueza y oportunidades. Cuestiona la confianza excesiva en los mercados y en las grandes corporaciones como motores exclusivos del desarrollo. No obstante, el propio Rodrik reconoce que su planteamiento pone mayor énfasis en la producción y menos en la redistribución.[6] Es precisamente en ese punto donde una propuesta progresista puede retomar algunas de sus ideas, complementarlas con una agenda distributiva más ambiciosa y construir un camino propio.
De esta forma, la siguiente etapa de la izquierda no tendría que consistir en sustituir la redistribución por la producción. Su propósito debería ser integrarlas. Por ello, podríamos denominar a esta visión “desarrollo productivo con bienestar”, entendido como una estrategia en la que la expansión de las capacidades económicas y la reducción de las desigualdades se refuercen mutuamente.
No se trata, sin embargo, de aplicar la misma fórmula en todos los países gobernados por la izquierda. Albert Hirschman insistía en que las estrategias de desarrollo debían partir de las condiciones concretas de cada economía y advertía que imponer esquemas doctrinarios sin tomar en cuenta las circunstancias locales podía terminar en una “receta para el desastre”.[7]
Esa misma lógica aparece en su idea de los encadenamientos productivos. Para Hirschman, una nueva fábrica o un corredor industrial no transforma por sí solo una economía; su impacto depende de lo que logre generar a su alrededor: proveedores, nuevas empresas, empleos, aprendizaje y capacidades locales. Cuanto más conectada esté una inversión con el tejido productivo e institucional del país, mayor será su capacidad para impulsar un desarrollo más amplio y duradero.
Mariana Mazzucato ha llevado este razonamiento un paso más adelante al cuestionar la idea de que el Estado debe limitarse a corregir las fallas del mercado y dejar que el sector privado se encargue de los asuntos productivos. Su planteamiento parte de una premisa distinta: el Estado también crea y orienta mercados activamente, asume riesgos y construye infraestructura que abre nuevas oportunidades de inversión e innovación. Por ello, si la creación de valor es un esfuerzo colectivo entre actores públicos y privados, sus beneficios deberían distribuirse de manera más amplia.[8]
Mazzucato añade que estos beneficios se pueden repartir desde el momento en que se genera el valor, y no posteriormente mediante impuestos o transferencias tradicionales. Para ello, propone que el apoyo público pueda condicionarse a compromisos privados concretos, como invertir, crear empleos de calidad, desarrollar proveedores locales, innovar o reinvertir en nuevas capacidades productivas. Además, cuando el Estado participe directamente en proyectos de alto riesgo, puede establecer mecanismos para compartir los beneficios de aquellas inversiones que resulten exitosas.[9]
En sintonía con este planteamiento, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propuso en 2025 un enfoque de desarrollo productivo que busca diferenciarse tanto de las políticas industriales tradicionales como de las recientes respuestas proteccionistas. Su propuesta se centra en una gobernanza colaborativa, en la que el Estado suma esfuerzos con el sector privado, la academia y otros actores para definir estrategias de crecimiento y competitividad. En lugar de concentrar las decisiones exclusivamente en el gobierno central, promueve iniciativas construidas desde los territorios.[10]
Hay, finalmente, una dimensión de soberanía que ha cobrado nueva relevancia. La CEPAL advierte que el mundo entra en una etapa marcada por la rivalidad entre grandes potencias, el uso estratégico de relaciones económicas y un debilitamiento del multilateralismo.[11] En este nuevo contexto, el fortalecimiento de capacidades productivas también significa participar en la economía mundial, procurando que esa integración amplíe los márgenes de decisión propios y no reproduzca dependencias que limiten el desarrollo.
Con todas estas ideas, el nuevo paradigma progresista de desarrollo productivo con bienestar puede constituirse en un punto de equilibrio. No pretende regresar al Estado empresario omnipresente ni al mercado como árbitro casi exclusivo del desarrollo. Tampoco propone reducir el alcance de la política social para liberar recursos a favor de la producción. Su apuesta debe ser más ambiciosa: que bienestar y capacidad productiva avancen como partes de una misma estrategia, bajo las condiciones específicas de cada país.
La apuesta de México por el bienestar con desarrollo productivo
México llega a esta discusión con una experiencia propia. Entre 2018 y 2024, la política económica puso en el centro la recuperación del salario mínimo, la ampliación de derechos laborales y una mayor protección social. En ese periodo, la pobreza multidimensional disminuyó de 41.9 a 29.6 por ciento de la población, y una parte importante de esa reducción estuvo asociada con la recuperación salarial impulsada desde el gobierno de la Cuarta Transformación.[12]
Ese avance constituyó una base en aspectos de justicia social, pero dejó pendiente el reto del crecimiento sostenido. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum parece haber identificado esa necesidad y ha colocado el fortalecimiento de la base productiva como una de las dimensiones centrales de su estrategia económica, sin abandonar los pilares sociales construidos en los años anteriores.
México parte de una posición distinta a la observada en Bolivia y, en cierta medida a Argentina, porque cuenta con una base manufacturera sólida, muy diversificada y firmemente integrada a cadenas internacionales de mayor complejidad como la industria automotriz y la electrónica. En 2025, por ejemplo, las exportaciones mexicanas de equipo de procesamiento digital alcanzaron alrededor de 70 mil millones de dólares y, solo durante el primer semestre de 2026 superaron los 77 mil millones.[13] Este dato es aún más relevante porque el contenido nacional de este sector pasó de alrededor de 13 por ciento en 2020 a 42.1 por ciento en 2024.[14]
El Plan México refleja la intención de profundizar estas ventajas. Plantea metas de mayor contenido nacional, desarrollo de proveedores, desregulación, formación técnica, financiamiento a pequeñas y medianas empresas y generación de empleos.[15] La lógica se aproxima a lo que Hirschman identificó como encadenamientos productivos que traen consigo nuevas actividades y fomentan el ciclo económico.
La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) puede poner a prueba la soberanía económica de México. En la negociación sobre reglas de origen, manufactura y cadenas regionales, el reto es aprovechar el acceso privilegiado al mercado estadounidense para generar más proveedores nacionales y mejores capacidades dentro del país. Así, el Tratado deja de ser solo un acuerdo comercial y se convierte también en una herramienta para definir qué lugar quiere ocupar México en la conformación económica de América del Norte.
Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar pueden analizarse desde esa óptica. El Gobierno federal los concibe como espacios en los que confluyen esfuerzos públicos y privados para estimular la actividad económica. En agosto de 2026 ya se habían definido 15 polos.[16] La presidenta Sheinbaum señaló que su objetivo es vincular proyectos de inversión con infraestructura disponible, empresas locales, transferencia tecnológica y condiciones sociales y ambientales adecuadas.[17]
También aparece aquí la idea de Mariana Mazzucato de un Estado que no sólo corrige fallas del mercado. Su visión encuentra eco en el programa de infraestructura presentado por el Gobierno federal en 2026, que contempla inversiones públicas y mixtas por 5.6 billones de pesos hacia 2030 en ocho sectores estratégicos: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos. La presidenta distinguió esta propuesta de los esquemas neoliberales y señaló que la riqueza generada se distribuirá con justicia social.[18]
La participación privada forma parte de esta estrategia. Durante el primer semestre de 2026, México registró 34 mil 968 millones de dólares de inversión extranjera directa, un máximo histórico para un periodo comparable.[19] El valor económico de este flujo será todavía mayor en la medida en que se traduzca en nuevos proveedores nacionales, transferencia de conocimiento y empleos mejor remunerados. El Plan México avanza justamente en esa dirección, al plantear una mayor integración entre capital, capacidades productivas y desarrollo regional.
Otros datos recientes ofrecen señales favorables, aunque un tanto prematuras para hablar de una transformación consolidada. En el segundo trimestre de 2026, la economía mexicana creció 1.4 por ciento respecto del trimestre anterior y 2.1 por ciento comparado con el mismo periodo del año previo.[20] Estos resultados abren la oportunidad de cimentar una expansión económica sostenida, respaldada por una base productiva nacional cada vez más sólida.
La experiencia mexicana está todavía en construcción. Pero su orientación ofrece una respuesta posible al dilema que enfrentan las izquierdas contemporáneas. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está liderando esa tarea. Si logra consolidarla, habrá mostrado que una izquierda comprometida con la justicia social también puede ser una izquierda comprometida con producir más, desarrollar mejor y decidir con mayor soberanía. Entonces estaríamos siendo testigos del inicio de un nuevo paradigma: del desarrollo productivo con bienestar.
Fuentes:
[1] Raúl Prebisch, “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”, 1 de julio de 1949, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), https://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view/2119/1914
[2] “Bolivia: 2024 Article IV Consultation-Press Release”, 31 de enero de 2025, Fondo Monetario Internacional (FMI),https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2025/034/article-A001-en.xml
[3] Idem.
[4] “Argentina: Staff Report for 2022 Article IV Consultation and request for an Extended Arrangement under the Extended Fund-Facility-Press Release”, 25 de marzo de 2022, FMI, https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2022/092/article-A001-en.xml
[5] “Argentina Economic Snapshot”, junio de 2026, OECD, https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/economic-surveys/argentina-economic-snapshot.html
[6] Dani Rodrik, “On Productivism”, marzo de 2023, Harvard Kennedy School, https://www.hks.harvard.edu/publications/productivism
[7] Albert O. Hirschman, “A Bias for Hope, Essays on Development and Latin America”, 1971, Yale University Press, https://archive.org/details/biasforhopeessay0000hirs/page/n5/mode/2up
[8] Mariana Mazzucato, “El Estado emprendedor”, 2014, Editorial RBA, https://marianamazzucato.com/books/the-entrepreneurial-state/
[9] Idem.
[10] “América Latina y el Caribe debe fortalecer las políticas de desarrollo productivo para evitar una tercera década perdida y crear un futuro más productivo, inclusivo y sostenible”, 29 de enero de 2025, CEPAL, https://www.cepal.org/es/noticias/america-latina-caribe-debe-fortalecer-politicas-desarrollo-productivo-evitar-tercera-decada
[11] “Rupturas y oportunidades, Propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica”, agosto de 2026, CEPAL, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/84456b1e-4c74-4908-8c8d-e0c839e93c28/content
[12] “El impacto del salario mínimo en la pobreza durante el periodo 2018-2024”, 29 de agosto de 2026, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, https://www.gob.mx/conasami/es/articulos/el-impacto-del-salario-minimo-en-la-pobreza-durante-el-periodo-2018-2024
[13] “Cubo de Información de Comercio Exterior – Subpartida 8471.50”, s.f., Consultado el 26 de agosto de 2026, Banco de México, https://www.banxico.org.mx/CuboComercioExterior/ValorDolares/inicio
[14] “Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global”, s.f., Consultado el 26 de agosto de 2026, INEGI, https://www.inegi.org.mx/temas/pibval/#tabulados
[15] “Plan México”, 13 de junio de 2025, Gobierno de México, https://www.planmexico.gob.mx/
[16] “Polos de Desarrollo para el Bienestar”, 21 de agosto de 2026, Gobierno de México, https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/polos-de-desarrollo-economico-para-el-bienestar
[17] “Anuncia presidenta Claudia Sheinbaum 11 Polos para el Bienestar en marcha, se han aprobado 14 nuevos y 4 están en proceso”, 22 de mayo de 2025, Presidencia de la República, https://www.gob.mx/presidencia/prensa/anuncia-presidenta-claudia-sheinbaum-11-polos-para-el-bienestar-en-marcha-se-han-aprobado-14-nuevos-y-4-estan-en-proceso
[18] “Presidenta Claudia Sheinbaum presenta Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar”, 3 de febrero de 2026, Gobierno de México, https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-plan-de-inversion-en-infraestructura-para-el-desarrollo-con-bienestar-contempla-en-2026-2-adicional-del-pib-y-5-6-bdp-al-2030
[19] “México registra un máximo histórico de Inversión Extranjera Directa (IED) para un primer semestre: 34 mil 968 millones de dólares en 2026”, 24 de agosto de 2026, Secretaría de Economía, https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-registra-un-maximo-historico-de-inversion-extranjera-directa-ied-para-un-primer-semestre-34-mil-968-millones-de-dolares-en-2026
[20] “Producto Interno Bruto trimestral a precios constantes”, 24 de agosto de 2026, INEGI, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/pibt/pib_Pconst2026_08.pdf
