El señor de las moscas, de William Golding, fue uno de los libros que más disfruté durante mi preparatoria. Narra cómo, en una isla desierta, un grupo de niños —que representan la inocencia y la falta de malicia— se ve en la necesidad de elegir a un líder para tomar decisiones.

El sistema funciona hasta que otro decide disputar el poder basándose en una idea y emoción poderosa: el miedo. De este modo, por alguna razón, entre los infantes empieza a surgir la idea de que existe una bestia que también habita la isla.

Frente a ello, quienes aún obedecen las reglas, poco a poco las abandonan y deciden ceder el poder al niño cazador que les ofrece “protección”. La historia termina trágicamente; sin embargo, conforme avanza, nos damos cuenta de que tal bestia nunca existió.

Por supuesto que una sociedad moderna es mucho más compleja que la que describe la novela; no obstante, las preguntas e hipótesis que ésta plantea aplican para situaciones actuales.

El Estado —afirmó Max Weber en La política como vocación— es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima.

Dicha afirmación resulta lógica en teoría, pero enfrenta una realidad más compleja en la práctica. Aunque el Estado posee el monopolio legítimo de la fuerza, los grupos delincuenciales convirtieron la violencia, la amenaza y el miedo en herramientas de control.

Cuando se impone dicho temor, la ciudadanía deja de confiar en las instituciones; prefiere no recurrir a ellas y termina sometiéndose a quienes la amenazan. Así, el miedo deja de ser una consecuencia de la violencia y se convierte en un mecanismo para ejercer poder.

Este fenómeno se observa con mucha claridad en diversos delitos cometidos por organizaciones criminales, pero quizá su máxima expresión la encontramos en la extorsión, la cual casi no se denuncia, porque las víctimas, en su gran mayoría, están amenazadas. De ahí que ese ilícito se convierta en la bestia que nadie ve, pero a la que se le teme, con la gran diferencia de que esta sí lacera a la sociedad.

Diversos estudios que abordan el tema en México señalan la existencia de varios esquemas que facilitan la expansión de este delito. Entre ellos, quizá el más dañino es el relacionado con la extorsión cometida en contra de las propias autoridades. Como ejemplo, referiré un expediente al que tuve acceso y que, por motivos de seguridad, no puede revelarse.

Durante su campaña, un candidato de un partido opositor recibió un ofrecimiento de apoyo económico por parte de un grupo empresarial con probables vínculos con la delincuencia organizada.

Él aceptó y ganó la elección. Sin embargo, inmediatamente, el mismo grupo le exigió un porcentaje de toda la obra pública en el municipio, advirtiéndole que, en caso de negarse, habría represalias en su contra.

En ese sentido, además de que se quedaron con la obra pública, ahora controlan la venta de bebidas alcohólicas, la organización de eventos (incluidas las fiestas patronales) y toda actividad comercial generada desde el gobierno municipal.

De esta manera, dichos grupos se infiltran tanto en los asuntos públicos como en el sector privado. En el segundo caso, la extorsión se registra en dos modalidades: telefónica y presencial. La telefónica generalmente se realiza desde centros penitenciarios, mientras que la presencial está relacionada con una amenaza directa del uso de la fuerza, y quien la realiza casi siempre afirma estar vinculado a un grupo delincuencial.

Así, a través de la amenaza, en algunas regiones ya existen grupos enquistados en las actividades económicas más importantes: distribución de materiales pétreos y combustible, explotación de recursos naturales y venta de ganado, entre otras.

El problema radica en que esta actividad está mutando a sistemas más difíciles de detectar y castigar, pues trasladan los ilícitos a infraestructuras legalmente establecidas, que permiten el flujo de dinero y funcionan como una especie de fachada, ya sea a través de la formación de un sindicato local o de una empresa formalmente constituida.

Esta bestia de mil cabezas daña tanto a las instituciones como al propio sistema económico. A los municipios, por ejemplo, los vuelve más vulnerables; a las empresas y empresariado les resta ganancias y, al mismo tiempo, destruye cualquier incentivo para nuevas inversiones.

La atención a este delito es tan compleja como su propia naturaleza. Sobre esto he profundizado y se verá plasmado próximamente, al terminar una trilogía que inicié hace años y que comenzó con los libros Escuadrones de la muerte en México y La economía del delito.

Hacerlo resulta fundamental, sobre todo porque no puede negarse la existencia de la bestia ni el daño que ocasiona. De ahí que detenerla debe ser una prioridad compartida.

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