El general
En México, el Ejército es una de las instituciones en las que la población históricamente ha depositado mayor confianza: apenas el año pasado gozaba de la aprobación del 87 por ciento de habitantes, según datos del INEGI. Tal reputación no es producto de la casualidad, pues las Fuerzas Armadas han sido uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de nuestro país y, a diferencia de sus pares de otras latitudes latinoamericanas, se han mantenido leales al interés nacional.
Por ello, la reciente detención de Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto, realizada por la agencia estadounidense de Administración y Control de Drogas (DEA) en Los Ángeles, California, ha desatado gran número de opiniones. No es para menos, pues se trata de un acontecimiento que involucra a quien fuera responsable de conducir una de las instituciones que cuentan con mayor simpatía ciudadana.
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, al exsecretario, a quien las mismas autoridades estadounidenses identifican como “el Padrino”, se le acusa de cuatro cargos, tres de ellos vinculados con fabricación, venta y distribución de estupefacientes, y uno con lavado de dinero proveniente del crimen organizado. También se le atribuyen presuntos vínculos con el grupo delictivo H-2, al cual en teoría brindó protección y resguardo. Todos estos cargos corresponden al periodo comprendido entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 y, de comprobarse a través del proceso correspondiente, ameritarían cadena perpetua.
La magnitud de las acusaciones ha causado un intenso y encarnizado debate que invita a la reflexión. Es importante recordar que apenas en 2018 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos galardonó a Cienfuegos con el Premio William J. Perry, por haber contribuido a mejorar la seguridad. Resulta difícil imaginar que, al momento de la premiación, el Gobierno de la Unión Americana no hubiera tenido conocimiento sobre los supuestos delitos de los cuales ahora se acusa al exsecretario.
No es la primera vez que el Gobierno estadounidense muestra este tipo de comportamientos. En 2004 y 2005, el FBI y la DEA, respectivamente, galardonaron a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón, por su labor en el combate al crimen organizado transnacional. Hoy, como ya es conocido, el exfuncionario también fue detenido en territorio del vecino del norte en diciembre de 2019, acusado de tráfico de drogas y de realizar declaraciones falsas.
Además, es importante resaltar que, en el caso de García Luna, el Gobierno estadounidense no ha aclarado ni definido la responsabilidad que sus funcionarios tuvieron en operaciones como “Rápido y Furioso”, mediante la cual traficaron armas hacia México con la finalidad de rastrearlas, pero, lejos de cumplir su cometido, fracasaron, pues las armas terminaron en manos del crimen organizado, sin que se obtuviera algún resultado favorable. Tampoco se debe perder de vista que el narcotráfico es un problema que trasciende fronteras, y en ese sentido se debería esperar que se investigue igualmente a los responsables del otro lado de la frontera.
Lo anterior es, asimismo, un factor relevante para no emitir juicios anticipados. Muchas opiniones dan por hecho que las acusaciones contra el ex secretario de la Defensa tienen fundamento, sin que exista de por medio un juicio a través del cual se pueda conocer la verdad. En este contexto, vale la pena preguntarnos qué habría pasado si, en lugar de haber ocurrido en Los Ángeles, la detención del general Cienfuegos se hubiera dado en México. Es muy probable que habría voces que denunciarían que se trata de una venganza o de un movimiento de persecución política por parte del Gobierno mexicano actual.
No obstante, ante la velocidad con que se ha difundido la noticia, resulta fundamental llamar a la prudencia. Recordemos que ahora son parte toral de la pacificación del país las Fuerzas Armadas en su conjunto, en coordinación con la Guardia Nacional y con nuevas leyes que dan certidumbre y legalidad a su labor, y que las alejan de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el pasado en casos como Ayotzinapa y Tlatlaya.
Además, hoy las Fuerzas Armadas forman parte del desarrollo de los proyectos de infraestructura más emblemáticos de esta administración, pues se trata de instituciones que gozan de la confianza ciudadana precisamente debido a su honestidad, eficacia, eficiencia y rectitud.
Por tales razones, entre otras, será mejor esperar los resultados del proceso al que el exsecretario Cienfuegos Zepeda será sometido. Parte fundamental de la construcción del Estado de derecho que buscamos construir en esta nueva etapa de la vida pública del país descansa justamente en respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Ésta no debe ser la excepción.
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