Sin transgresión al T-MEC, México defiende y fortalece su soberanía energética
Durante los últimos días, el tema energético ha vuelto a tomar gran relevancia no sólo en México, sino a nivel regional con nuestro vecino geográfico y socio comercial Estados Unidos de América.
Me refiero concretamente a la carta que dirigieron 43 legisladoras y legisladores estadounidenses el 22 de octubre de 2020 al presidente Donald Trump, para denunciar la actual política energética del país, puesta en marcha a partir del 1 de diciembre de 2018, la cual, señalan, socava el espíritu, cuando no la letra, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Antes de pasar al análisis concreto de la misiva, vale la pena recordar el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, a propósito del rescate y el fortalecimiento de nuestra soberanía energética y de las empresas sociales del Estado, que son Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El presidente mexicano señaló durante su campaña política que se rescataría “…el sector energético del país. El propósito es producir las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica que consumimos para dejar de comprarlos en el extranjero y reducir los precios de estos insumos en beneficio de los consumidores y de las empresas nacionales”[1].
En su calidad de presidente electo reafirmó aquel compromiso cuando expresó: “…Los mexicanos vamos a decidir sobre el uso de nuestros recursos naturales y en especial del petróleo y de la industria eléctrica”[2].
Además, ya como presidente constitucional, lo ha refrendado una y otra vez. Así, durante su gira de trabajo al estado de Coahuila, en su visita a la Central Termoeléctrica “José López Portillo” el 24 de octubre de 2020 manifestó: “Vamos, de acuerdo con los márgenes legales que se tengan, a darle preferencia a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex, así de claro, que son empresas públicas. Además, porque es la única manera que yo pueda cumplir el compromiso de que tengo de que no aumenten los precios de la gasolina y el diésel”[3].
Lo anterior, sin mencionar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se establece que “Un propósito de importancia estratégica para la presente administración es el rescate de Pemex y la CFE para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional”[4].
Ni como candidato ni como presidente electo, el jefe del Estado mexicano engañó ni ha engañado a nadie, incluyendo a las empresas extranjeras, petroleras y eléctricas o a los gobiernos de los países de donde provienen; menos aún como presidente constitucional, a diferencia de otros candidatos y mandatarios que nunca hablaron abierta y claramente de que la apertura del sector energético nacional era, en realidad, su privatización, a través del debilitamiento, si no es que la destrucción deliberada, de PEMEX y de CFE desde 1992 y hasta 2018, así como a su inanición financiera, por cierto, también premeditada, a la que fueron sometidas.
Con tales acciones, la soberanía energética en el periodo neoliberal pasó a ser, para la élite gobernante, un concepto vacío y arcaico. Sin embargo, la llegada a la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador y del partido MORENA al gobierno ha representado, desde entonces, el rescate y la revitalización de ese principio en el México del siglo XXI, sin olvidar, por ello, que vivimos en un mundo globalizado.
La soberanía energética representa la no subordinación a intereses extranjeros en la materia, lo cual no quiere decir, sin embargo, que se esté en contra de la inversión privada en los diversos ámbitos de la vida económica del país. Reconocemos y reconoceremos siempre las inversiones extranjeras que aporten empleo y desarrollo a la nación, con ganancias razonables para sus empresas.
La soberanía energética también representa el uso, el cuidado y la propiedad de nuestros recursos naturales para beneficio de las y los mexicanos, así como el cuidado del medio ambiente. Significa, asimismo, la capacidad de asegurar el suministro petrolero y eléctrico confiable que requiere el país, a fin de llevar desarrollo a las comunidades marginadas, a la población indígena, a los grupos y sectores sociales vulnerables o empobrecidos por 36 años de política neoliberal. Significa, sobre todo, la capacidad del Estado mexicano de decidir su futuro económico y social como nación independiente.
Los elementos de la carta
Respecto a los argumentos de la misiva de las y los legisladores estadounidenses, cabe señalar que la actual política energética no contraviene ni el espíritu ni la letra del T-MEC, como refieren. Tampoco se está dando preferencia regulatoria a PEMEX y a la CFE por medio de supuestos retrasos, obstrucciones o cancelaciones de concesiones y permisos para las empresas energéticas de la Unión Americana.
Las y los legisladores estadounidenses refieren también que integrantes del partido MORENA han presentado iniciativas legislativas que pudieran revertir la reforma energética de 2013-2014 y buscan anular todos los contratos vigentes en la materia.
Todas estas aseveraciones son erróneas. Veamos por qué.
Para empezar, en el T-MEC no se incluyó acuerdo alguno respecto al tema petrolero o eléctrico que comprometiera la propiedad o el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales del suelo y del subsuelo del territorio mexicano, su uso o aprovechamiento, como lo señala el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo siempre fue, y sigue siendo, el freno a las poderosas ambiciones extranjeras desmedidas sobre nuestros recursos energéticos y naturales.
De hecho, el T-MEC, en su capítulo 8, artículo 8.1, “Reconocimiento de la Propiedad Directa, Inalienable e Imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos”, establece:
- Según lo dispone este Tratado, las Partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este Capítulo de conformidad con sus respectivas Constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos.
- En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este Tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que: (a) México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna; y (b) México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[5].
Por otra parte, el Capítulo 14 del T-MEC, referente al tema de “Inversión”, no se encuentra comprometido por la actual política energética. No se transgrede el principio de nación más favorecida o de trato nacional a inversionistas del extranjero para fortalecer la competencia, toda vez que lo que existía en México, como se ha referido, era la intención deliberada de debilitar y destruir a PEMEX y a CFE, al no inyectarles recursos económicos (inversión) para el crecimiento y el mantenimiento de sus infraestructuras, no sólo para cumplir con sus objetivos estratégicos, sino para competir en igualdad de condiciones con el resto de las empresas nacionales y extranjeras.
Respecto del mecanismo de “Solución de Controversias Inversionista-Estado” contemplado en el T-MEC para resolver potenciales diferendos en los sectores de hidrocarburos, gas, telecomunicaciones, generación de energía, transportes y proyectos de infraestructura, cabe señalar que no está en cuestionamiento por parte del Gobierno mexicano, ya que los inversionistas pueden hacer uso de él, si consideran que existe violación a sus derechos.
No se puede esperar que en una relación económico-contractual entre inversionistas y Estado no exista algún diferendo; ello es parte de cualquier tratado en cualquier materia e implica que toda diferencia entre las empresas y el Estado, comunes en cualquier relación económica-contractual, puede ser resuelta a través del Tratado, sin la necesidad de politizar las relaciones comerciales entre los países firmantes.
Además, caber recordar que los tratados internacionales como el T-MEC no tienen la jerarquía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de ella, salvo el caso de los tratados en materia de derechos humanos, a los cuales se les reconoció una jerarquía igual a la de nuestro texto fundamental, a partir de 2011. Por ende, la Carta Magna debe prevalecer, en última instancia, por encima de cualquier tratado económico o comercial, como el T-MEC.
El capítulo 22 del T-MEC, referente a “Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados”, contempla que las empresas públicas deben actuar bajo las mismas condiciones de mercado que las empresas privadas, y que sus actividades comerciales se realicen bajo los principios de trato no discriminatorio y consideraciones comerciales. Al respecto, cabe subrayar que quienes no estaban actuando bajo las mismas condiciones de mercado eran algunas empresas nacionales y transnacionales en materia energética, al ser favorecidas indebidamente por gobiernos anteriores para explotar el petróleo y generar electricidad, siempre en perjuicio económico, financiero y patrimonial de PEMEX y de CFE.
A esto se debe agregar que la opacidad, la corrupción, el favoritismo o el influyentismo, por ejemplo, en compras autorizadas por los consejos de administración de ambas empresas en el sexenio anterior fueron la regla y no la excepción. La compra con un sobreprecio de 200 millones de dólares estadounidenses de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados por parte de PEMEX fue una clara muestra de ello.
A más de lo anterior, recuérdense los presuntos sobornos dados a uno de los anteriores directores de PEMEX, por más de 10 millones de dólares estadounidenses, por parte de la empresa Odebrecht para beneficiarse con un trato preferencial en la asignación de contratos en materia de infraestructura.
Vale referirse también al daño patrimonial, económico y financiero que han padecido las dos grandes empresas del Estado mexicano. Al respecto, cabe recordar que el actual gobierno busca no aumentar, en términos reales, los precios de los combustibles y de la electricidad. Ello lo ha logrado a partir del rescate y del fortalecimiento de PEMEX y CFE, cuyo funcionamiento, bajo el esquema de competencia, privatización y libre mercado, impuesto por la reforma energética neoliberal de 2013-2014, le ha generado más bien grandes pérdidas económicas, por ejemplo, al subsidiar de facto, en el caso de la CFE, a empresas privadas generadoras de electricidad —por cierto, todas extranjeras—, debido al no cobro de una tarifa justa por el uso de la Red Nacional de Transmisión, de acuerdo con los costos internacionales de referencia. ¿Eso es competencia?
Asimismo, el artículo 22.5 del T-MEC establece que “Nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará como un impedimento para que una Parte:
- a) establezca o mantenga una empresa propiedad del Estado; o
- b) designe un monopolio”[6].
Esto significa, en otras palabras, que México salvaguardó sus empresas públicas (propiedad de la nación) con el fin de seguir cumpliendo con los propósitos social y público para los cuales fueron creadas, y que son, fundamentalmente, la independencia energética para beneficio de la población y la generación de desarrollo económico para el país, y no solamente, como les impuso la reforma energética neoliberal de 2013-2014, la competencia dentro del mercado del petróleo o eléctrico.
En el caso particular de la CFE, la política energética de México no transgrede de manera alguna lo señalado en el Tratado, ya que no se están prohibiendo, por parte de esta empresa, los permisos en materia de generación eléctrica, como afirman las y los parlamentarios estadounidenses, sino que el Estado mexicano se encuentra reordenando esta participación privada para que no exista una sobreoferta de energía que afecte la suficiencia y la seguridad de despacho.
Cabe señalar que la seguridad en el despacho es “la condición operativa en la cual se pueden mantener la Calidad y la Continuidad de la operación del Sistema Eléctrico Nacional, en el corto plazo, frente a una falla de un elemento o múltiples elementos del mismo, conforme a los criterios respectivos que emita la Comisión Reguladora de Energía”. (Art. 3, fracc. XLI de la Ley de la Industria Eléctrica).
Lo acontecido en materia eléctrica, especialmente a partir de la reforma energética neoliberal de 2013-2014, es un enorme desbalance energético en el país, el cual se observa en cómo se otorgó de manera irresponsable y sin planeación un sinfín de permisos de generación eléctrica, que duplican la demanda máxima instalada instantánea del Sistema Eléctrico Nacional. El actual director general de la CFE recientemente afirmó: “(…) lo que les interesa a las empresas nacionales y extranjeras [de electricidad] es apoderarse del mercado mexicano que vale cuatro trillones de dólares”[7].
Es claro que los argumentos que se privilegian en la carta de legisladoras y legisladores estadounidenses son los de competencia, libre mercado y rentabilidad, sin pensar o siquiera señalar la responsabilidad social que tiene el Estado mexicano, a través de sus empresas, hacia quienes menos tienen. La carta es por ello parcial, al no considerar otros elementos, más que los económicos, en su valoración de la política energética nacional.
En relación con el Capítulo 28 del T-MEC, referente a las “Buenas Prácticas Regulatorias”, mediante el cual México se encuentra comprometido a llevar a cabo procesos de mejora regulatoria que incluyan transparencia en la elaboración de regulaciones y rendición de cuentas sobre el proceso regulatorio que faciliten el comercio internacional y la inversión, algunas personas expertas señalan que se estarían violando estas disposiciones, debido a que ciertas políticas de la Secretaría de Energía (SENER), así como algunas regulaciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se están volviendo poco claras en su elaboración o procesamiento.
Como uno de los ejemplos de esta aseveración se está utilizando la autorización que realizó la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), en unas horas, a la exención del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) a la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, lo que significaría que no se está llevando a cabo un proceso transparente de mejora regulatoria, con lo cual no se estaría cumpliendo con lo que señala el T-MEC en ese ámbito.
En este caso específico, cabe mencionar que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional se encuentra sub iudice en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ésta decidirá si el servicio eléctrico es de interés económico o de interés público, y si se cumplió, en términos de transparencia y de rendición de cuentas, con lo que estipula el T-MEC en este capítulo en específico, respecto de la Política referida, así como del Análisis de Impacto Regulatorio.
En caso de que la SCJN determine que el servicio eléctrico no es de interés público, entonces el Ejecutivo mexicano propondrá una reforma constitucional, a fin de que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales, como lo mandata el artículo 27 constitucional.
La actual secretaria de Energía ha señalado que “no se trata de una contrarreforma, pues la dependencia a su cargo no ha trabajado en una iniciativa, pero sí ha estudiado toda la legislación y sabe qué puntos específicos necesitan cambiarse”[8].
Por otro lado, hay que mencionar que nunca ha habido más transparencia en PEMEX y en la CFE, así como en las decisiones asumidas por el Gobierno en materia de política energética, y las de los órganos reguladores respectivos.
Tanto PEMEX como CFE cuentan con un sistema de control interno en permanente actualización y fortalecimiento, cuyo objetivo es identificar, alentar e incidir en el abatimiento de prácticas de corrupción, de opacidad, de falta de transparencia, de connivencia entre personas funcionarias públicas e intereses ajenos a los objetivos de ambas empresas, de pérdidas económicas para PEMEX y CFE, a través del ajuste de procesos, así como de prevención de errores voluntarios o involuntarios, o de posibles violaciones a las leyes por parte de sus funcionarios/as, que generen debilitamiento de estas dos grandes empresas públicas y sociales.
Cabe recordar que el presidente López Obrador señaló, el 24 de octubre de 2020, que “en el caso de Repsol una de las empresas que abusó de esta política privatizadora, se llevaron a trabajar a la que fue secretaria de Energía (Georgina Kessel), no solo eso, se llevaron como consejero al ex presidente Calderón, una vergüenza”[9].
Además, no se puede obviar que el presidente López Obrador informa diaria y permanentemente, en particular durante sus conferencias matutinas, sobre las acciones y políticas de gobierno instrumentadas en el país, incluidas las de la política energética nacional, cumpliendo así con el mandato constitucional del derecho de acceso a la información.
Por otro lado, en el artículo 32.11 del T-MEC: “Disposiciones Específicas sobre Comercio Transfronterizo de Servicios, Inversión y Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados para México”, se establece que:
Con respecto a las obligaciones en el Capítulo 14 (Inversión), el Capítulo 15 (Comercio Transfronterizo de Servicios) y el Capítulo 22 (Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados), México se reserva el derecho de adoptar o mantener una medida con respecto a un sector o subsector para el cual México no haya tomado una reserva específica en sus Listas a los Anexos I, II y IV de este Tratado, solo en la medida en que sea compatible con las medidas menos restrictivas que México pueda adoptar o mantener conforme los términos de las reservas aplicables y las excepciones a obligaciones paralelas en otros tratados comerciales y de inversión que México ha ratificado, antes de la entrada en vigor de este Tratado, incluido el Acuerdo sobre la OMC, sin importar si esos otros tratados han entrado en vigor[10].
Aquí es oportuno insistir, por un lado, en que México no ha comprometido de ninguna manera la propiedad de sus recursos naturales del suelo y del subsuelo en tratado o instrumento internacional alguno, pasado o presente, especialmente en el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), o en el actual T-MEC. Los recursos naturales son y seguirán siendo de la nación.
Además, como lo señaló el presidente de la República en gira de trabajo en la referida Central Termoeléctrica “José López Portillo”, en Coahuila: “en el capítulo de energía, solo quedó establecido en dos párrafos el derecho absoluto y soberano de México para decidir en materia de política energética en conformidad con la letra y el espíritu del artículo 27 de la Constitución”[11].
Por otro lado, el hecho de que se pueda extraer petróleo o generar electricidad por parte de empresas privadas, nacionales o extranjeras, no significa que éstas puedan o deban tener una posición de ventaja indebida frente a PEMEX o a CFE en, por ejemplo, la asignación de contratos o permisos para la extracción de crudo o la generación de electricidad.
Es pertinente recordar que al asumir sus responsabilidades en diciembre de 2018, el actual Gobierno encontró que diversas empresas nacionales y extranjeras aprovecharon la oportunidad, la corrupción, la connivencia y la laxitud que la administración anterior les brindó para la entrada, la implantación, el otorgamiento de concesiones o permisos petroleros o eléctricos leoninos, la construcción de ductos a través de contratos desventajosos para nuestras dos empresas, el uso de la red eléctrica nacional a costos muy por debajo de la media internacional, entre otros, y que perjudicaban y perjudican gravemente a PEMEX y a CFE, así como a la hacienda pública nacional.
Tan sólo, por ejemplo, una de las empresas de generadoras de electricidad presentes en el país debe actualmente 10 mil millones de pesos a la CFE, por no cumplir con los contratos de energía eléctrica[12].
En ese sentido, es importante señalar que no se está llevando a cabo una política energética restrictiva ni se están adoptando medidas de carácter restrictivo en contra del espíritu o la letra del T-MEC. Lo que se está haciendo es poner orden en el mercado petrolero y eléctrico, fortaleciendo a PEMEX y a CFE para que puedan competir en igualdad de condiciones frente a las empresas particulares, nacionales y transnacionales, de petróleo y de electricidad; revisar los contratos establecidos en la anterior administración para saber si perjudican o no a nuestras empresas estatales, ajustando el cobro del uso de la Red Nacional de Transmisión, en el caso de la CFE y, en el caso de PEMEX, haciendo que las empresas privadas cumplan con lo estipulado en los contratos de explotación para alcanzar la proyección contemplada en el momento de su firma, respecto del aumento de la producción petrolera para el país.
Con ello México cumple con sus compromisos, pero también recupera las prerrogativas que establece y que le ofrece el T-MEC para el desarrollo en beneficio de la población.
Finalmente, la carta de las y los legisladores estadounidenses refiere que existen intenciones del partido MORENA de presentar iniciativas para derogar o abrogar la llamada reforma energética. A este respecto, se debe dejar en claro que éste es un derecho de cualquier Parlamento o parlamentario/a de cualquier país, para decidir la administración y la propiedad de sus recursos naturales y áreas estratégicas en el marco de la ley.
Si se diera esta reforma, los contratos en curso se respetarían durante el tiempo para el que fueron otorgados, siempre y cuando no sean leoninos ni hubieran sido producto de la corrupción, pública o privada, o del influyentismo. Un país no puede depender únicamente de inversionistas extranjeros en sectores estratégicos como el petróleo y la electricidad, porque ellos invierten cuando y donde les parece conveniente, y no pensando en la satisfacción de una necesidad social o un servicio público, como sí lo es obligación del Estado. Por el contrario, para las empresas particulares, el criterio más importante es de la máxima rentabilidad.
Por todo lo anterior, la supuesta transgresión del T-MEC por parte de la política energética implementada por el actual gobierno, no sólo está poco fundamentada, sino que tiene un objetivo puntual de defensa de las empresas de ese país norteamericano en México. No veo por qué nosotros no podamos hacer lo mismo con nuestras empresas, en el marco de la ley, como se ha hecho desde el inicio de este gobierno.
La misiva presenta argumentos erróneos sobre lo que verdaderamente se está buscando con la actual política energética, como condiciones de igualdad verdaderas en el marco de la competencia para todas las empresas, incluidas PEMEX y CFE, la revisión de contratos desventajosos que benefician únicamente a consorcios nacionales e internacionales, petroleros y eléctricos, pero que perjudican a nuestras empresas estatales y, sobre todo, el cumplimiento del compromiso social con el pueblo y el desarrollo de México.
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