El banco central y las autoridades financieras no quieren ver interrumpido su letargo de comodidad

El 9 de diciembre, el Senado aprobó reformas a la Ley del Banco de México. Con ello se busca plantear una solución a los problemas económicos y sociales derivados de la acumulación de dólares en efectivo en el sistema financiero mexicano. De esta manera se pretende favorecer a las familias de connacionales que envían remesas en efectivo a nuestro país y evitar el canje subvaluado de sus ingresos que existe actualmente en el mercado abierto.

Una vez presentada la iniciativa en el Senado, se suscitaron diversos argumentos a favor y en contra. Es importante realizar algunas precisiones para evitar que la desinformación y la falta de entendimiento en cuestiones de fondo tergiversen el sentido de la reforma:

1.- Se ha argumentado que se impondrá al banco central la obligación de comprar dólares captados por la banca y que no puedan ser repatriados. Esto implicaría realizar operaciones activas de alto riesgo que podrían comprometer la disponibilidad de los activos internacionales en reserva y el cumplimiento del mandato constitucional de preservar el valor del peso. Como consecuencia, se realizarían acciones cautelares y se aplicaran sanciones por parte de autoridades del exterior que incluirían la imposibilidad de llevar a cabo transacciones en moneda extranjera en sus jurisdicciones, el riesgo de congelamiento de cuentas y recursos, e incluso la confiscación de los mismos.

Debemos señalar que la acción de adquirir dólares en efectivo por parte del Banco de México es consecuencia de las restricciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos en los años 2012, 2013 y 2014 sobre el número y el monto de operaciones con dólares realizadas por bancos mexicanos debido a la implementación de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de aquel país.

La enmienda al artículo 20 atiende al establecimiento de mecanismos de control para que la adquisición de divisas excedentes, captadas por las instituciones de crédito, la realice el Banco de México, y regule el procedimiento de compra al tipo de cambio vigente, escuchando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Secretaría de Hacienda. Es decir, se fijan nuevas reglas para la captación de dólares en efectivo ante la imposibilidad de que sean repatriados.

El Estado mexicano podrá celebrar convenios y compromisos internacionales bajo el fundamento del artículo 89 constitucional, que permite al Ejecutivo firmar tratados internacionales para llegar a acuerdos que satisfagan la seguridad financiera de los países que intervengan.

2.- En contra de la reforma se ha argumentado que existe el riesgo de que ingresen al sistema financiero mexicano flujos de efectivo provenientes de actividades ilícitas.

Lo anterior resulta impreciso, puesto que la compra de divisas que llegase a realizar el Banco de México será única y exclusivamente con las instituciones de crédito reconocidas por el sistema financiero nacional. A esto podemos agregar que nuestro país cuenta con una amplísima legislación en materia de combate a las actividades con recursos de procedencia ilícita para la protección del sistema financiero y de las instituciones bancarias.

3.- Se ha dicho también que las reformas vulneran la autonomía del Banco de México.

Estos reclamos son infundados y carecen de lógica jurídica. Desde su reconocimiento constitucional como banco central autónomo, quedó claro que, bajo ese carácter, debería cumplir con el ejercicio de sus funciones y de su administración. La autonomía no puede ser confundida con una acepción filosófica que dé a entender que puede regular sus propios intereses.

Las reformas a la Ley del Banco de México nos muestran que, en seis diferentes ocasiones anteriores al proyecto actual, se han modificado diversos artículos con diferentes propósitos. En todos los casos, las modificaciones transitaron por el Legislativo sin recibir reclamos y sin que fueran calificadas como atentados a la autonomía.

La necesidad de la reforma que se plantea obedece a un contexto que hay que tener presente. México, al ser un país abierto al turismo, a la inversión y al comercio extranjero y dada la relación estrecha que tiene con Estados Unidos, es inevitable que en su economía circule una gran cantidad de moneda foránea en efectivo. En mayor medida los dólares enviados por connacionales en el extranjero, que son fuente de ingreso para sus familias.

En 2019, el país recibió 33.000 millones de dólares por inversión extranjera directa entre enero y diciembre, según la Secretaría de Economía. Esto es un incremento de 4,2% con relación al flujo de 2018. El turismo ingresó más de 24.000 millones de dólares el mismo periodo. Y la captación de remesas batió récords con más de 36.000 millones, un 7% más que un año antes, de acuerdo con las propias cifras del banco central. Los migrantes y turistas son quienes más introducen dólares en efectivo a México.

Es evidente que el volumen de dólares que entra al país es mucho mayor al que sale, lo que trae como consecuencia un desequilibrio cambiario. Es necesaria la implementación de nuevas estrategias para beneficiar a la ciudadanía.

Todo esto lleva a que las reformas busquen proponer pautas mínimas para la adquisición de dólares en efectivo. El banco central tiene la potestad de implementar los procedimientos, normas o disposiciones bajo los que se realizará la adquisición de excedentes de divisas.

La aprobación de la reforma planteada da pie al fortalecimiento de las familias mexicanas como beneficiarias de los recursos provenientes de remesas en efectivo. Tendrán la seguridad de que los dólares recibidos siempre podrán ser cambiados por pesos en los bancos. Lo mismo para aquellas personas que dependen del turismo. Esto implica el incremento de reservas de divisas de extranjeras en México. Las reformas aprobadas por el Senado tienen un impacto positivo.

De aprobarse este proyecto, se generarán condiciones que permitirán que quienes reciben dichas remesas mantengan el valor de su dinero al tipo de cambio vigente, evitando que los comercios u otros los reciban a un valor inferior.

El proyecto mencionado se encuentra aprobado únicamente por el Senado. Aún debe continuar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados, que revisará lo enviado por la Cámara Alta. También se debe tener presente la posibilidad de que el presidente realice observaciones al decreto del Congreso, por lo que el proyecto es perfectible y siempre tendrá el objetivo de fortalecer el sistema financiero mexicano.

La representación popular implica actuar en beneficio de los intereses del país, y ello incluye atender con responsabilidad y prudencia toda inconformidad y reclamo.

Provengo de Zacatecas, tierra de migrantes, donde más de la mitad de sus habitantes viven en Estados Unidos. Para quienes permanecen aquí y reciben dinero de sus familiares es un calvario poder cambiarlos en pequeños comercios, pero una misión casi imposible de concretar en instituciones financieras. Es un problema que existe, es real y es injusto.

En algunas regiones de México la moneda común es el dólar. Los bienes se cotizan en esa misma divisa y también las operaciones comerciales. Nuestros connacionales ven disminuidos los ingresos recibidos pues al cambiarlos se les reduce un 30% más del tipo de cambio. En esa misma situación se encuentran varios Estados.

El Banco de México y las autoridades financieras no quieren ver interrumpido su letargo de comodidad. No han propuesto nada para apoyar a los migrantes y a sus familias ante esta situación que ocurre todos los días.

En un régimen democrático no se deben limitar ni el análisis ni la discusión de temas como este. Todas las voces deben ser escuchadas y deben participar hasta alcanzar la mejor solución para el país.