Prevaricación y reforma energética
La reforma privatizadora del sector energético mexicano trae un pecado original, un vicio de origen: la prevaricación.
¿Es legítima una reforma cuya aprobación es producto del soborno, del cohecho y de la corrupción (es decir, de la compra del voto de legisladores, con dinero público y privado)?
Las revelaciones quien fuera director de Pemex en la administración anterior y las indagaciones de la FGR, cada vez más, apuntan a que la reforma privatizadora del sector energético mexicano trae un pecado original, un vicio de origen: la prevaricación, cuya verificación judicial obligaría necesariamente a revisar y revertir el proceso legislativo que la validó.
La prevaricación es una manifestación de abuso de autoridad. Deriva del verbo latino prevaricare, que significa “desviarse del camino correcto” o “tomar un camino torcido”. El atropello lo cometen autoridades judiciales, administrativas o legislativas cuando imponen a la sociedad una resolución de observancia obligatoria para obtener un beneficio personal, a sabiendas de que tal resolución es injusta, contraria a la ley recta o que perjudica el interés general. Es comparable al incumplimiento de los deberes de las personas servidoras públicas.
En la mayor parte de los parlamentos democráticos, la compra del voto de un integrante del Legislativo para aprobar una ley es un acto de prevaricación que se castiga de dos formas: con la inhabilitación del parlamentario(a) en cuestión y con la derogación del ordenamiento legal, cuando se corrobora que esa conducta es generalizada, sistemática y recurrente.
La prevaricación parlamentaria toma dos formas: cuando quien legisla pide dinero por su voto se llama concusión; cuando acepta recibir dinero para votar en un determinado sentido se llama cohecho. Es decir, cuando un legislador se vende, es concuso; y cuando se deja comprar, es un legislador cohechado o “chueco”. Sin embargo, los efectos en uno y otro casos (legislador vendido o legislador comprado) son los mismos: inhabilitación del parlamentario y derogación de la ley votada.
Las llamadas reformas estructurales, que fueron aprobadas entre 2013 y 2014 presentan las características de la prevaricación sistemática, generalizada y recurrente. En su momento, las y los diputados de oposición de aquella Legislatura (especialmente los de MC) denunciamos que después de cada votación llegaban ministraciones millonarias extraordinarias a las tesorerías de los grupos parlamentarios (incluidos los de quienes votamos en contra de esas reformas), a manera de “gratificación por horas extras de trabajo”. En nuestro caso, regresamos la manzana prohibida a la Tesorería de la Federación, después de un viacrucis administrativo.
Hoy sabemos que la energética fue la mejor pagada de ese paquete de 10 reformas estructurales. No se puede inhabilitar a quienes desde el Legislativo participaron en esa orgía de prevaricación parlamentaria, porque varias de esas personas ya no están en ejercicio de sus funciones. Pero sí se puede actuar sobre el fruto podrido que impusieron a todo el país: la llamada reforma energética.
Derogarla sería lo correcto. Reformarla para devolverla a su estado anterior es otra opción legal y legítima. Y para que no hubiera duda de la decisión tomada, lo justo sería validar esa decisión parlamentaria mediante una consulta ciudadana. Que la voluntad popular, fuente originaria de todo el poder público en México, limpie de la mancha de la prevaricación parlamentaria a la reforma energética heredada, y ponga en su lugar el sello de la legitimidad democrática plena.
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