Lula frente a la guerra jurídica o lawfare
La guerra jurídica o judicial (lawfare en inglés) consiste en la utilización indebida de las leyes y del aparato jurídico del Estado para la inhabilitación política de la o el adversario y/o la destrucción de su imagen pública[1]. Es una persecución política vestida de procedimientos, normas, instancias, procedimientos y condenas legales cuyo fin es el descrédito, la inhabilitación o el abatimiento de una o un político o gobernante, así como de las ideas, principios o políticas de gobierno que representa. Ello a fin de sustituirla o sustituirlo por alguien más o algunos o algunas más con ideas o intereses generalmente opuestos a través de la distorsión del Estado de Derecho.
Esta judicialización de la política o guerra jurídica es un fenómeno que viene aconteciendo en diversos países de América Latina, especialmente en aquellos en donde el Estado ha retomado y fortalecido su papel en el ámbito económico y social, distribuido equitativamente la riqueza, nacionalizado o fortalecido a sus empresas públicas y estratégicas, reivindicado su soberanía y, sobre todo, regresado la voz al pueblo y a sus reclamos para su atención.
En la guerra judicial existen e interactúan diversos actores y elementos. Algunos de ellos son: 1) diversos órganos del poder judicial cuya participación por medio de la expertise de juezas, de jueces, de magistradas o de magistrados, de fiscales, de especialistas en materia jurídica, busca argumentar, establecer y sentenciar a la o el adversario guiados por un fin político y no de justicia; 2) la asociación o el control, por parte de intereses económicos y/o políticos, de las y los jueces, las y los abogados, las y los procuradores para atacar a dicha o dicho adversario político y anular su reacción o respuesta; 3) la utilización de las leyes para visibilizar, señalar o incriminar a ciertas personas y desestimar a otras cuando se trata del mismo delito o violación a la ley; 4) los medios de comunicación se convierten en instrumentos para manipular o confundir a la opinión pública al exaltar determinados casos y minimizar o desestimar otros; y, 5) el momento elegido o propicio es fundamental para desatar esta guerra jurídica ya que se aplica generalmente cuando puede tener mayor impacto negativo para la o el adversario político (p.ej. inicio de campañas políticas)[2].
Todo este entramado de actores y elementos no es algo imaginario, es una realidad. Ecuador lo ha experimentado, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) lo está experimentando; Argentina lo padeció, la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) lo soportó; Brasil lo vivió, el expresidente Lula (2003-2010) y la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), la cual sufrió un golpe de Estado constitucional, lo vivieron.
El lawfare ha operado en Brasil para buscar aniquilar políticamente no solo a los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff, sino también a las acciones de gobierno que ambos tomaron bajo sus respectivas gestiones en beneficio de las mayorías. Cabe recordar, por ejemplo, que el expresidente Lula logró sacar de la pobreza a alrededor de 30 millones de brasileñas y brasileños, implementó diversos programas sociales como Hambre Cero, logró una mejor distribución de la renta petrolera entre la población, dejó creciendo a la economía brasileña en 7,5% anual (2010) y salió de la presidencia con un índice de aprobación del 83 por ciento.
En Brasil, el presidente se puede reelegir de manera inmediata por un mandato más y, de manera mediata, debe transcurrir por lo menos un mandato de gobierno con una o un presidente diferentes para que pueda presentarse a la reelección. La idea del ex primer mandatario Lula da Silva era presentar su candidatura a la presidencia de la República una vez que concluyera el segundo mandato de la expresidenta Dilma Rousseff.
Este era escenario político-electoral que giraba alrededor del expresidente Lula en aquel momento y que la derecha brasileña sin duda tenía presente.
La guerra jurídica contra el expresidente Lula, a quien le imputaron diversos delitos ligados a la corrupción y al lavado de dinero, se dio en el marco de la operación “Lava Jato”, la cual era investigada por el juez federal Sergio Moro, y que fue descubierta en 2009, cobrando impulso en 2013. Esta operación recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y de gasolineras para lavar el dinero procedente de actividades delictivas. Existieron sobornos que involucraron a políticos y a empresarios brasileños en donde se otorgaban contratos por parte de la compañía petrolera estatal Petrobras a empresas constructoras como Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, entre otras.
En julio de 2017, el juez Moro, quien es juez en la 13ª Sala Criminal Federal de Curitiba, capital del estado federado de Paraná, donde se encontraba el expresidente Lula residiendo, condenó al político brasileño a nueve años y medio de prisión en primera instancia, aunque, posteriormente, en la segunda instancia, se solicitó que se aumentara la condena a 12 años para, finalmente, ser reducida por el Supremo Tribunal Federal (STF) a 8 años y diez meses de cárcel. Ello supuestamente por haber tenido la posesión de un departamento de tres plantas, desde 2016, situado en Guarujá, en la ciudad de Sao Paulo, propiedad de la constructora OAS, la cual lo reformó y amuebló desde un principio para que el expresidente hiciera uso de éste en cualquier momento.
Esto habría sido así en retribución a los supuestos favores políticos hechos por Lula a dicha constructora. A pesar de que el expresidente pagó una cuota inicial por el departamento, él se desistió de adquirirlo y pidió que le devolvieran el dinero por lo que nunca estuvo en posesión, ni tampoco tuvo la propiedad, de dicho inmueble. Sin embargo, el juez Moro señaló, en ese entonces, que el de Lula “fue un delito (el de los sobornos presuntamente aceptados a cambio de contratos) complejo que implicó la práctica de diversos actos en momentos diferentes”[3]. Y es que, como se ha señalado, el expresidente Lula nunca renunció a la idea de volver a contender por la primera magistratura del país para las elecciones de 2018, aunque finalmente no pudo hacerlo porque al haber sido sentenciado a prisión, sus derechos políticos fueron inhabilitados.
Otra infracción de la ley que le fue imputada al expresidente Lula fue aquella que tuvo relación con la supuesta compra de un terreno sufragada por la empresa Odebrecht que se utilizaría para la construcción del Instituto Lula, en São Paulo, por el monto de aproximadamente 3 millones de dólares estadounidenses. El instituto acabó instalándose en otro lugar, aunque la investigación siguió su proceso.
Un delito más fue aquel que ha tenido relación con cuatro presuntas donaciones que habría realizado también la constructora Odebrecht por un monto total de aproximadamente 985,000 dólares estadounidenses al Instituto Lula, entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, para pagar sobornos por los referidos contratos fraudulentos de Petrobras.
A ello se agregó, en febrero de 2019, otra infracción a la ley por el supuesto acondicionamiento que las constructoras OAS y Odebrecht hicieran en una propiedad rural atribuida a Lula en Atibaia, Sao Paulo, también como pago a sus apoyos políticos. La condena fue de doce años y once meses de cárcel.
Sin embargo, en noviembre de 2019, y tras 580 días en prisión, el exmandatario dejó la cárcel gracias a una resolución de del STF que estableció que un sentenciado solo puede ser encarcelado una vez que haya agotado todos los recursos posibles ante la ley, y no cuando haya sido condenado a prisión en segunda instancia como lo establecía anteriormente la ley brasileña. Ello le permitió al expresidente Lula da Silva seguir sus procesos judiciales fuera de la cárcel.
La operación Lava Jato sirvió, sin duda, no solo para desacreditar al expresidente Lula da Silva sino también al gobierno de Dilma Rousseff hasta llevarla a un juicio político que terminó con su destitución en 2016 como se ha señalado. Ello porque supuestamente ambos habían estructurado durante sus gobiernos (2003-2016) una red de corrupción, de la cual los dos eran parte, para desviar recursos de Petrobras y otras empresas estatales a las campañas electorales del Partido de los Trabajadores. Ello por un monto de alrededor de 352 millones de dólares estadounidenses. Ambos exmandatarios fueron absueltos, el 4 de diciembre de 2019, por el juez decimosegundo federal de Brasilia, Marcus Vinicius Reis Bastos, al concluir que no existían pruebas de dichas acusaciones.
Lo paradójico es que a la expresidenta Dilma Rousseff la destituyeron debido a que la incriminaron por haber alterado cuentas públicas para maquillar el déficit presupuestario del país, y no por el caso Petrobras, aunque algunas y algunos legisladores sí lo evocaron como motivo de destitución. Dicha sanción fue absolutamente desproporcional a la infracción cometida como lo afirmó la entonces senadora Gleisi Hoffmann, quien aseveró en aquel momento que destituir a la presidenta por la alteración de cuentas era como “penalizar con pena de muerte una infracción de tráfico”.
Sin embargo, en el caso del expresidente Lula, su rumbo cambió a partir del 8 de marzo de 2021 cuando el magistrado del STF, Gilmar Mendes, estableció que el juez Sergio Moro había sido parcial al juzgar y condenar, en primera instancia, al exmandatario en los casos de la investigación Lava Jato.
El portal electrónico The Intercept Brazil reveló, en junio de 2019, diversos mensajes intercambiados entre el juez Moro (el cual debía ser neutral en todo momento durante los procesos judiciales) con algunos procuradores, como Deltan Dallagnol, que revelaban cercanía y complicidad entre ellos para acusar, procesar y condenar a Lula da Silva en primera instancia. Dichos mensajes fueron dados a conocer, en el marco de procedimiento jurídico, por el magistrado supremo, Ricardo Lewandovsky. En ellos se hacía referencia indirecta o directamente al expresidente Lula. Es claro que tales intercambios por mensajes se dieron al margen de las reglas procesales.
En uno de ellos se leía “El material que nos ha pasado Moro es genial. Si es cierto, es una pala para el “9” y Marcio se merece una medalla”[4] afirmaba Deltan Dallagnol. Cabe recordar que al expresidente Lula, algunos procuradores le llamaban despectivamente el número “9” por el número de dedos que tiene tras haber perdido uno de ellos en un accidente de trabajo
Estas revelaciones desacreditaron las investigaciones del juez Sergio Moro en el marco de operación Lava Jato por lo que, el 23 de marzo de 2021, la Sala Segunda del STF estableció en un dictamen, el cual se someterá a votación en estos días por parte del Pleno de dicho Tribunal, que el juez Moro actuó con parcialidad cuando condenó al expresidente Lula.
A esto se sumó el hecho de que, el 15 de abril de 2021, la mayoría de jueces del STF respaldaron la decisión tomada, el mismo 8 de marzo de 2021, por el magistrado del también STF, Edson Fachin, la cual señaló que el tribunal radicado en Curitiba que condenó a Lula por dos causas y lo procesó por otras dos (el apartamento en el balneario de Guarujá; la casa de campo en la localidad paulista de Atibaia; la investigación sobre el Instituto Lula, y aquella sobre supuestas donaciones ilegales) no tenía competencia jurisdiccional para hacerlo y que el exmandatario brasileño debía ser juzgado nuevamente por la justicia federal en Brasilia. En otras palabras, el magistrado supremo Edson Fachin falló a través de una medida cautelar la anulación de las condenas contra Lula.
Si bien, esta decisión no resuelve la presunta responsabilidad del exmandatario Lula a propósito de los delitos referidos, sí le devolvió sus derechos políticos al establecer, como señala la ley brasileña, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Dicha decisión obligaría al tribunal que eventualmente reciba estas denuncias a iniciar desde cero todo el proceso judicial. Pero antes de ello, el STF discutirá, en estos días también, si la justicia federal juzgará nuevamente o no al expresidente Lula da Silva por los delitos que se le han imputado.
Mientras tanto, el ex primer mandatario Lula da Silva se ha mostrado cauto con respecto a la posibilidad de que pueda volver a contender por la presidencia de Brasil en 2022. Ha expresado que solo será candidato si la izquierda brasileña y el pueblo así se lo piden. En todo caso, lo que lo que sí ha afirmado contundentemente es que “desempeñará un papel protagónico para desbancar al actual mandatario”[5].
La suerte del expresidente Lula se definirá pronto en lo jurídico, y de ello dependerá, junto con otros factores como el hecho de que lo pida la izquierda brasileña y su pueblo, si vuelve a ser candidato o no a la presidencia por su país para enfrentar, muy probablemente en una segunda vuelta, al actual presidente Jair Bolsonaro.
Por lo pronto, el expresidente Lula ha hecho frente con la verdad a la guerra jurídica que se instrumentó en su contra y en contra de la mayoría del pueblo brasileño.
Fuentes
[1] Vollenweider, (C), Romano, (S), “Lawfare. La judicialización de la política en América Latina”, 2017, consultado el 19 de abril de 2021 en: https://bit.ly/3n8M4E3
[2] Idem.
[3] BBC Mundo, “Por qué delitos condenaron a Lula da Silva y otras 5 preguntas sobre la sentencia contra el expresidente de Brasil”, 12 de julio de 2017, consultado el 16 de abril de 2021 en: https://bbc.in/2RLg7Gt
[4] Carla (J), “Nuevos mensajes del exjuez Moro abren la puerta a la anulación de los juicios contra Lula”, 5 de febrero de 2021, consultado el 17 de abril de 2021 en: https://bit.ly/3mXp76K
[5] La Jornada, “Máximo tribunal de Brasil ratifica la anulación de las condenas de Lula”, 16 de abril de 2021, consultado el 17 de abril de 2021 en: https://bit.ly/3dtCs3w
