Versión estenográfica de la conferencia de prensa del senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República

SENADOR RICARDO MONREAL: Bueno, vamos a empezar.

Pasaba a la oficina y me pedían alguna reacción sobre varios temas. Yo estoy a sus órdenes, para todas las preguntas que sean necesarias.

REPORTERO: Senador, buen día.

Hace ratito le pregunté su opinión sobre lo que dijo ayer el Presidente de la República: que sí está interviniendo en los procesos electorales.

Me gustaría saber cuál es su opinión, qué opina usted de eso. El Presidente cuando era candidato se quejaba de que los presidentes intervenían en los procesos electorales.

Y quería preguntarle, ¿qué va a pasar con lo del metro? Hay varios puntos de acuerdo agendados hoy, que se le retire el fuero al senador Mancera; también que le retiren el cargo al Canciller y a la Jefa de Gobierno.

¿Cuál es la posición de Morena y usted cómo considera esto?

SENADOR RICARDO MONREAL: Bueno, en el primer tema, yo creo sinceramente que la elección próxima, a realizarse el 6 de junio, está en un proceso de polarización creciente, en la medida en que se acerca el proceso electoral. Me parece normal, aunque hoy más atípico frente al pasado.

Y, me parece que cuando el Presidente de la República refiere el uso de tarjetas, nosotros padecimos en el pasado la compra del voto y el uso de tarjetas con fines electorales, que nos causó mucho daño.

Recuerdo muy bien el tema, porque yo presenté la denuncia, en los dos temas: en las tarjetas Monex, las cuales demostramos que existían y que había recursos extraordinarios, fuera del control del INE; y tarjetas Soriana, que eran miles y miles que presentamos como pruebas, y que jamás pasó nada, quedó archivado en el olvido nuestras denuncias; nunca se presentaron, nunca hubo consecuencias, nunca hubo reacciones del Estado y nunca se castigó el exceso de esas tarjetas, nunca. Nunca se castigó el exceso del uso de esas tarjetas, que hoy el Presidente denuncia desde una de las Mañaneras.

Por esa razón, me parece que el Presidente en uso de sus facultades y de su autoridad moral, denuncia este tipo de prácticas que hoy están sucediendo.

¿Por qué lo denuncia? Porque es un delito electoral. Y yo les recuerdo a todos que es delito grave; primero se modificó la Constitución en su artículo 19.

La Constitución establecía con mucha claridad, que elevaba a nivel de delito grave el uso de programas sociales con fines electorales. Repito, el delito es uso de programas sociales con fines electorales, ese es un delito grave. Y, por era importante plasmarlo en la Constitución.

Esta Legislatura modificó el artículo 19 constitucional, y ahora el Ministerio Público puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio; en el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o de los testigos o de la comunidad, así como del imputado.

Recuerden que el artículo 19 tiene varios delitos elevados a graves, que son: la violencia sexual contra menores, la delincuencia organizada, el robo de casa-habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción y también el enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; el robo de transporte de carga en cualquiera de sus modalidades y delitos en materia de hidrocarburos.

Por eso, hace unos meses recientemente, acuérdense ustedes, se modificó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se reformó este artículo, que propone establecer específicamente, específicamente las conductas delictivas y uno de sus párrafos establece, en el artículo 167, que se modificó y que ahora ya es letra vigente, es ley vigente, está publicado en el Diario Oficial de la Federación, hace apenas unos meses se publicó el 167.

Y, entre las causas de procedencia se establece que el juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de, fíjense bien, en los casos de abuso o violación sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales, uso de programas sociales con fines electorales.

Es decir, lo que el Presidente está señalando es simple y sencillamente que se aplique la ley contra aquellos que, pervirtiendo la elección, aquellos o aquellas, estén ofertando programas, tarjetas a cambio del voto. Uso de programas sociales, éste es un programa social.

Ésta es la ley, concretamente la ley, el delito grave es uso de programas sociales con fines electorales; y el ministerio público puede denunciar de oficio a cualquiera que esté usando estos programas sociales con fines electorales para sujetarlos a proceso y que el juez de control, en el ámbito de su competencia, ordene su detención o su comparecencia.

A mí no me parece nada extraño que el Presidente de la República haga uso de su facultad para exigir que no se cometan delitos y, con ello, perviertan el voto libre, el voto consciente de las ciudadanas y los ciudadanos.

Es simplemente aplicar la ley. Antes no existía, repito.

Alguna gente dice: Es que estos programas, estos planes y estas estrategias siempre se han usado elección tras elección. Puede ser que sí, sólo que antes no existía este delito grave, que es llamado “Uso de programas sociales para fines electorales”. Este delito tiene apenas dos meses vigente y puede aplicarse a todos aquellos o aquellas candidatas o candidatos que estén usando programas sociales con fines electorales.

Así es que no es extraño que se presentó una denuncia, que por cierto creo que la presentaron entre ellos, MC contra el PRI y PRI contra MC, en el caso de Nuevo León; y hay otras personas que están usando este mismo sistema de ofrecer programas sociales a cambio del voto, con fines electorales; también tiene que sancionarse, en el caso de que se les demuestre y se les compruebe, pero es delito federal y es un delito grave y es un delito que está vigente a partir de hace dos meses.

Ahora bien, respecto de la segunda pregunta sobre la solicitud de desafuero.

Yo estoy hablando con los grupos parlamentarios para intentar no convertir el Senado y la Permanente en una tribuna de trifulca o en una tribuna de desencuentro profundo.

Creo que lo más conveniente es seguir los cauces institucionales, esperar el peritaje y no adelantar vísperas.

Yo estoy incluso pidiéndole a los proponentes desistan de cualquier solicitud de desafuero de cualquier gente. Es decir, solicitándoles que todos esperemos que los dictámenes técnicos salgan a la luz y que en ese momento la autoridad sea quien determine.

Nosotros no debemos convertirnos en una tribuna de linchamiento ni de acusación, ni menos vamos a prender hogueras para quemar a personalidades públicas.

No me parece correcto y por eso estoy intentando, como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y como Presidente de la Junta de Coordinación Política, tratar de eliminar estos puntos de acuerdo, bajarlos del Orden del Día y esperar.

No debemos hacer acusaciones a priori, quien sea, porque hay un punto de acuerdo para desaforar al senador Mancera; hay otro punto de acuerdo para desaforar o quitar la inmunidad a otros funcionarios.

Incluso hay otro punto de acuerdo que quiere meterse por urgente resolución para iniciar el proceso de declaración de procedencia contra el senador de Tamaulipas, por la vinculación que se le ha hecho del Gobierno de Estados Unidos, en la causa que está siguiéndose en la Fiscalía.

Es decir, no terminaríamos y yo creo que lo más correcto y lo más conveniente es que se tenga firmeza en las acusaciones, que se proceda conforme a la ley y el derecho y que no haya este tipo de confrontación, que luego resulte estéril y que entre las acusaciones cruzadas siempre pierde el país.

Yo diría, y por eso estoy haciendo el mejor esfuerzo, de que todos retiren sus puntos de acuerdo y que la Comisión Permanente esté pendiente de los resultados, de la investigación, del peritaje y de todas las causas que se están siguiendo en las instancias del ministerio público correspondiente.

Esta es mi posición y estoy ahorita en ese proceso de plática con el presidente de la Comisión Permanente, que es Eduardo Ramírez, y con los grupos parlamentarios que se están reuniendo, para evitar este tipo de confrontación y de desencuentro profundo entre los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, en la Comisión Permanente. Estoy en ese proceso.

REPORTERA: Buenos días, senador.

Respecto de la intervención del Presidente de la República, en procesos electorales, yo recuerdo muy bien que en el 2007-2008, cuando se aprobó esta disposición estricta en los artículos constitucionales para que un Ejecutivo Federal, un Gobernador, un servidor público no metiera las manos en los procesos electorales, usted era parte del PRD y celebró mucho esa nueva disposición.

¿Por qué hoy el Presidente de la República, sí puede hacer lo que hace años no podía hacer un Presidente de la República?

Usted nos acaba de decir que el uso de estas tarjetas, puede que haya sido cotidianas, pero que no existía este delito tipificado como prisión preventiva oficiosa. Eso yo lo puedo entender.

Pero quisiera que me explicara, Ricardo Monreal, quien hace muchos años celebró que un Presidente de la República no se metiera, no metiera las manos en asuntos electorales, ¿por qué hoy sí tenemos que aceptar que un Presidente de la República meta las manos en asuntos electorales?

Porque a fin de cuentas el Presidente de la República puede recurrir al INE a través de Morena.

O sea, yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si Peña, o Calderón, hubieran denunciado, por ejemplo, a Encinas, que usaba la tarjeta “La Cumplidora”. Me parece que la oposición de aquel tiempo se hubiera indignado, con justa razón, por lo que estaba haciendo el Presidente.

¿Por qué ayer sí y hoy no, senador?

Muchas gracias.

SENADOR RICARDO MONREAL: Sí. Cuando se usó la tarjeta por otros compañeros, como el que usted dice, en el Estado de México no existía este delito grave; tiene dos meses que existe este delito grave y debe de actuarse.

Yo sostuve y sostengo que no debe de intervenir ningún Ejecutivo en la elección; lo sigo sosteniendo.

Me parece que lo que el Presidente ha hecho es, ante la omisión de la autoridad, un recordatorio de que es delito grave. Para mí es correcto de que no haya fraudes. Nosotros somos víctimas de los fraudes del pasado.

Y creo, hoy, Leti, sin lugar a dudas, que este llamado del Presidente evitará, en esta última etapa del proceso, que se usen recursos públicos y que se usen programas sociales con fines electorales que ya son delito, y que la gente al visualizar este tema de Nuevo León, los propios candidatos se cuidarán y no acudirán a la compra del voto vía despensas, o vía dinero en efectivo.

Para mí las tarjetas, como las de Nuevo León u otros que la están usando con fines electorales, son ilegales, son delito. Una tarjeta es una especie de despensa digital, y la despensa también se está utilizando en varios estados del país.

Es una llamada de atención a los gobernadores, a los presidentes municipales.

Estoy seguro de que esta será una de las elecciones más limpias, en donde no se use recurso público. Y, yo sigo pensando igual, Lety, no voy a cambiar: ojalá y nadie se metiera en la elección, pero hay una profunda desigualdad porque hay un ataque artero contra el Presidente todos los días, todos los días, y casi todos los medios de comunicación, con algunas excepciones honrosas.

Pero yo veo todos los días a la prensa muy dura contra el Presidente, es más, tengo 44 años en la actividad pública, no había visto nunca en mi historia tanto ataque a un Presidente en funciones, nunca lo había visto.

La verdad, vean ustedes todas las versiones, vean los medios, vean el alineamiento de casi todos los medios, y no había visto nunca en mis 44 años de actividad pública tanto ataque, tan sistemático, tan alineado contra un Presidente de la República.

Y yo le diría además, que la llamada de atención, el mensaje de decir “están usando estos programas con fines electorales y es delito grave ahora”, es visualizar en el país, que nadie debe usar estos programas, que nadie puede usar ni pervertir el derecho del voto de los ciudadanos y que la gente acuda a las elecciones de manera libre.

Se está polarizando aún más el proceso, yo lo veo así, y me parece normal. Usted incluso escribió hace unos días un artículo o un reportaje sobre cómo los senadores se han convertido prácticamente en los promotores exclusivos o privilegiados de los partidos.

Eso también con el tiempo hay que regularlo, también, porque ha sido una costumbre que así sea, pero no quiere decir que así debamos tolerarlo.

Es importante ver todas estas cosas, que yo sí veo que hay un cambio en la etapa de proceso electoral, y ojalá nadie use ni despensas, ni promesas de este tipo, es decir, las tarjetas, cual sea su nombre, porque finalmente están pervirtiendo y es un compromiso o una promesa a cambio del voto.

Creo que eso tenemos que irlo eliminando y este será el primer proceso que tengamos con esta nueva tipificación, con este nuevo catálogo de delitos graves y con esta modificación que sufrió el Código de Procedimientos Penales, para que el juez de control pueda ejercer la detención o la orden de aprehensión o dictar la orden de aprehensión o comparecencia, para aquellos candidatos que están usando este tipo de prácticas, que deben de saber que ya es un delito grave, el uso de programas sociales con fines electorales.

REPORTERO: Senador, te saludo con gusto.

Bueno, ¿pero qué hacer cuando el Presidente reconoce que sí está metiendo las manos? Y sobre todo que se escuda en el hecho de que dice que lo hace como ciudadano.

Sí, ciudadano López, pero ciudadano López hay millones en este país. Si es un ciudadano, ¿por qué no fue al IFE y presentó la denuncia?

¿Y por qué la UIF le hace caso? ¿Qué no tendría que pasar exactamente primero esto por el INE, y el INE sí decirle a la UIF: “Oye, investígame y haz esta actuación”?

Eso sería por una parte.

La otra, cuando dices tú que no quieres desafueros, también me imagino que está incluido, porque están pidiendo el desafuero de Mancera, me imagino que también quedaría excluido, porque los senadores de Morena piden…

SENADOR RICARDO MONREAL: Sí, estoy solicitando que se excluya. Igual estoy hablando con los compañeros de Morena.

REPORTERO: Bueno y, finalmente, el mismo juez que parece que trae ya sobre la lupa al Presidente, les cancela o declara inconstitucional la Ley de Hidrocarburos.

Pareciera que vinieran las otras nuevas leyes que van a ser declaradas inconstitucionales, ¿ahí que va a pasar, cómo se van a quedar esas leyes?

Gracias.

SENADOR RICARDO MONREAL: Bueno, es normal que el juez esté dictando, es su facultad.

Nosotros vamos a recurrir a la superioridad jerárquica.

Estamos tranquilos, creo que nos asiste la razón moral, jurídica, histórica, y vamos a agotar las instancias.

No quiero prejuzgar ningún acto de ninguna autoridad judicial.

Y, en el caso de por qué no se acudió al INE o por qué no se acudió a otra instancia, porque el INE no es una autoridad investigadora. Quien investiga los delitos sólo es el ministerio público, sólo es el ministerio público, ni siquiera la UIF.

La UIF tendrá que dar la información que le requiera el ministerio público, pero son delitos de oficio no de querella; es decir, no importa si es denunciado por una persona, son delitos que requieren simplemente ser del conocimiento del ministerio público y, en razón de eso, una carpeta de investigación y turnarlo al juez.

Sólo intervienen dos autoridades, el ministerio público con su autonomía y el juez de control, en el caso de existir ese delito del cual no existía hasta hace dos meses en el Código de Procedimientos Penales.

Lo acabamos de modificar y se dio mucha publicidad al mismo.

El INE no puede investigar las conductas antijurídicas, pero sí puede sancionar irregularidades y establecer procedimientos sancionadores.

La más reciente de mis obras habla sobre eso, sobre las nulidades y procedimientos sancionadores que ahora es un tema de especialización en materia electoral y que es urgente que lo conozcamos, frente a lo que está pasando.

REPORTERA: Senador, entonces en esa lógica que usted nos está diciendo que no es necesaria la querella, sino que es de oficio, ¿quiere decir que la FEPADE ha sido omisa en casos como Clara Luz, por ejemplo, que estuvo ofertando las vacunas con fines electorales?

O sea, ella decía que si votaban por Morena, se tendría que agradecer al Presidente de la República por las vacunas. Y así, hay muchos candidatos de Morena que han usado despensas, las vacunas.

Yo recuerdo que hace dos meses le pregunté a usted, justo cuando entró en vigor la Reforma del Catálogo de Prisión Preventiva Oficiosa, si todo lo que estaba pasando en estos días, en las vacunas, que estaba poniendo carteles de Morena, “agradécele al Presidente”, ¿si esto consistía un delito?, y usted me decía que sí.

Entonces, ¿ha sido omisa la FEPADE, porque no está investigando, o haciendo pública que está investigando esas acciones de Morena?

SENADOR RICARDO MONREAL: Yo creo que la FEPADE está integrando averiguaciones, integrando carpetas de investigación; creo que no va a ser el único caso. Es lo que creo; pero tiene autonomía la FEPADE.

Pero todos los programas sociales que sean usados con fines electorales, es delito grave, sin excepción, sin excepción. Y el ministerio público tiene que integrar carpeta de investigación; todos los programas sociales.

¿Cuántos van ser? Muchos. ¿Cuántos candidatos y candidatas? Muchos. Pero eso no nos corresponde. Nosotros tipificamos, creamos un tipo penal nuevo que se llama “Uso de programas sociales con fines electorales”.

Todos los que quepan en esta denominación, son delitos graves y no alcanzan fianza. Debe de judicializarse y no logra libertad; tendrá que mantenerse en prisión mientras dura el proceso penal. Es judicialización, en este caso, por delitos graves, como es el uso de programas sociales con fines electorales.

REPORTERO: Es decir que entonces, ¿sí puede el candidato de Nuevo León ser detenido?

SENADOR RICARDO MONREAL: Sí puede; hipotéticamente sí se puede, y el que sea. Yo no quiero particularizar a nadie, pero el que sea, que use programas sociales, o que prometa programas sociales a cambio del voto, es delito grave.

Gracias a todos.