Amnistía: el mejor momento para cumplir una promesa
Una emergencia de la magnitud de la pandemia por COVID-19 exige soluciones no sólo para los nuevos problemas que la crisis ocasiona, sino también para aquellos que han sido diagnosticados previamente. El virus ha provocado que el orden de los asuntos públicos de todos los países cambie, dándole mayor peso a las políticas y acciones que puedan servir para prevenir contagios y disminuir al máximo el número de fallecimientos a causa del coronavirus. Éste es el caso de la iniciativa de Ley de Amnistía en México.
La iniciativa ha estado en la agenda de la Cuarta Transformación desde su génesis pues, al igual que el plan de reactivación económica presentado por el Ejecutivo federal ante la crisis del COVID-19, busca proteger y reivindicar los derechos humanos de las personas más vulnerables. Ésa es la visión de país que democráticamente fue electa en las urnas y que hoy, además de cumplir con un propósito resarcitorio, puede ayudar a salvar vidas ante el deteriorado estado en que se heredó el sistema penitenciario mexicano.
Alrededor del mundo es sabido que las prisiones son focos de infección, tanto para las personas detenidas como para el personal que ahí labora. Por eso, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el alto comisionado de Derechos Humanos han hecho un llamado a todos los países para que aprueben políticas que permitan descongestionar las cárceles, a fin de infecciones por COVID-19. La lista de naciones que han tomado medidas en esta dirección es larga.
En México no se puede ignorar que las condiciones actuales del sistema penitenciario son altamente riesgosas tanto para las y los internos como para el personal que entra y sale de las instalaciones. Tan solo en 2018, las tasas de ocupación de los centros penitenciarios de once entidades federativas se encontraban por encima del 100 por ciento. Bajo estas condiciones resulta imposible mantener una sana distancia o activar algún protocolo que evite la propagación del virus.
En este contexto fue enviada, por el Ejecutivo federal al Congreso, la iniciativa de Ley de Amnistía, el 1 de septiembre de 2019, pero hoy cobra aun mayor relevancia, pues de aprobarse aportaría elementos para proteger la salud y la vida de la población al interior y al exterior de los centros penitenciarios.
Aun así, cuando resulta evidente que se trata de un momento que requiere unidad para llevar a cabo acciones que permitan que el país avance en la batalla contra el virus, las voces reaccionarias tratan, como lo han hecho desde el inicio de la crisis, de sacar ventaja de la situación. Por ello, vale la pena aclarar algunos puntos elementales sobre lo que en realidad implica la amnistía planteada en esta iniciativa de ley.
El espíritu de la iniciativa es proteger a las personas más desprotegidas: mujeres en condiciones de sumisión, personas que viven en pobreza extrema, jóvenes que enfrentan la vida con carencias de todo tipo, personas adultas mayores, a quienes no tuvieron un proceso justo y a la población indígena que muchas veces ni siquiera tuvo acceso a un traductor. Muchas de estas personas están detenidas de manera injusta y otras se vieron forzadas a cometer un delito para poder comer.
De esta manera, lejos de lo que algunos reaccionarios quieren hacer creer, la Ley de Amnistía no implica liberar a quienes hayan cometido crímenes de alto impacto, al excluir ilícitos como feminicidio, secuestro, homicidio, violación, terrorismo, entre otros delitos graves. Tampoco podrán acceder a este beneficio quienes sean reincidentes o cualquier persona que en la comisión del delito haya utilizado un arma de fuego o dañado a un tercero.
Bajo estos términos, el número de potenciales personas que se pudieran beneficiar de la amnistía en México es de alrededor de 5,000, lo que equivale aproximadamente a un 17 por ciento de quienes se encuentran en reclusión por delitos del fuero federal. En este sentido, la acción humanitaria de subsanar errores del pasado y de liberar a quienes no representan un peligro para la sociedad se convierte también, bajo la coyuntura de la crisis sanitaria, en una política que puede ayudar a reducir el número de fallecimientos.
Algo que el COVID-19 está evidenciando es que el cambio de régimen implica también un cambio de prioridades y, en este caso, la prioridad es salvar vidas, proteger la salud y resarcir las injusticias que en el pasado se cometieron. Discutir y en su caso aprobar la Ley de Amnistía evidencia la convicción del actual proyecto de nación de no dejar a nadie atrás, mucho menos a las personas más vulnerables.
Si en algo tienen razón las voces reaccionarias es en que ésta fue una promesa de campaña, y no habrá mejor momento para cumplirla. Hoy la amnistía no solamente implicará regresarles la vida a quienes les fue arrebatada injustamente, sino ayudar a prevenir que muchas más personas la pierdan.
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