Assange y el asilo político
El ofrecimiento de asilo político a Julian Assange por parte del presidente AMLO recoge una de las tradiciones más democráticas, justas y humanitarias de la política exterior de México, que le ha dado prestigio y respeto en la diplomacia internacional.
Esta oferta requiere pasar al menos dos aduanas —la aceptación de la justicia británica y la anuencia del propio Assange—, pero el planteamiento ya dio la vuelta al mundo y la mayoría de las reacciones han sido favorables.
En dos años, es la segunda vez que el gobierno activa este derecho fundamental. En la ocasión anterior se protegió al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y en ésta a Julian Assange, fundador de la célebre plataforma WikiLeaks, en donde se dieron a conocer documentos confidenciales en materia de seguridad nacional, que provocaron en EUA una crisis de derechos humanos y de liderazgo democrático internacional.
Es importante tomar nota de la postura de la jueza inglesa Vanessa Baraitser, que la llevó a negar la solicitud de extradición del gobierno de Donald Trump. La juzgadora no desestimó ni invalidó ninguno de los planteamientos de los fiscales estadounidenses, que argumentaban violaciones graves a las leyes de seguridad nacional y a la soberanía militar de su país, e incluso la puesta en riesgo de su población civil, pero privilegió el derecho a la salud y a la vida misma del acusado, por encima de las consideraciones de soberanía y dominio nacionales de la Unión Americana.
Con el argumento de que “la salud mental” del acusado correría peligro en “el sistema carcelario estadounidense”, la jueza Baraitser fundamentó su negativa a la extradición, a la vez que convalidó lo que en su momento fue uno de los aciertos de WikiLeaks, cuando exhibió los atropellos y el horror del sistema carcelario de “alta seguridad” de EUA.
La sola línea argumentativa sobre el estado de salud de Julian Assange serviría al gobierno de México para fundar y motivar su ofrecimiento de asilo, pero existen también dos razones complementarias que pueden reforzar su postura: el ejercicio de los derechos laborales profesionales del acusado (como periodista) y el bien público superior que hace posible el ejercicio de dicha profesión, que es la libertad de expresión.
Si bien Assange no podría seguir ejerciendo de manera irrestricta su profesión en México —en caso de aceptar el ofrecimiento de asilo político— ni tampoco desplegar ningún tipo de activismo contra el gobierno estadounidense, la nobleza de la oferta es que le permitiría proteger su vida y reconfigurar su ejercicio profesional. El Estado mexicano estaría obligado a brindarle tales garantías.
Por último, todavía no sabemos las respuestas ni del gobierno británico ni del acusado a la oferta presidencial de asilo, pero ya hay voces que alertan sobre el “error” y el “disparate” de la misma, lo cual, además de mostrar una mentalidad colonizada (más papistas que el papa), básicamente tiene que ver con el posible enojo y descontento que puede ocasionar en los gobiernos estadounidenses saliente y entrante.
No obstante, el solo planteamiento de asilo político coloca al gobierno mexicano más cerca de la ruta de apertura de los demócratas que llegan que de la extradición a rajatabla de los republicanos que se van.
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