Certidumbre
La presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública es un hecho desde hace casi tres décadas. En 1994, la rebelión contra el Estado por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en un enfrentamiento que duró 11 días, marcó la permanencia del Ejército y la Marina fuera de los cuarteles.
En 1996, algunos legisladores promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, en la cual alegaron violaciones a los artículos 21 y 129 de la Carta Magna, pero la Corte resolvió que la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles era constitucional, siempre que se diera a solicitud expresa de éstas, a las cuales deberán estar sujetas.
Para el 2006, con la llamada guerra contra el narcotráfico, la presencia de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública se intensificó, y además se dio un radical aumento de enfrentamientos y pérdida de vidas humanas, que fueron minimizadas como “daños colaterales”. Entonces se volvió cada vez más una exigencia contar con un marco jurídico que previniera crímenes de Estado.
Desde entonces, la actuación del Ejército fue constante, pero hasta el arribo de la 4T la estrategia de seguridad se transformó de fondo, ante el rotundo fracaso de los gobiernos neoliberales, que no sólo desatendieron la parte social, sino que desmantelaron el Estado de bienestar, en un proceso privatizador.
En este Gobierno se creó la Guardia Nacional (GN) como una policía de élite de carácter civil, y se estableció en un artículo transitorio constitucional que la Fuerza Armada permanente podría participar en labores de seguridad únicamente por cinco años, es decir, hasta marzo de 2024. Además, se crearon la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional de Detenciones, con lo que se logró certidumbre jurídica para las Fuerzas Armadas y para la GN.
Lamentablemente, las dificultades del contexto actual impidieron la consolidación de la GN, haciendo que el regreso del Ejército y la Marina a los cuarteles resulte complejo y delicado, por lo que se hace indispensable ampliar ese periodo, a fin de dar continuidad a la estrategia de seguridad, que se funda en el combate de las causas de la violencia, mediante una robusta política social, y que se estima logrará metas más perceptibles a largo plazo.
La iniciativa para ampliar el plazo, por cinco años más de lo previsto, para que las Fuerzas Armadas permanezcan fuera de los cuarteles surgió de la oposición, y requerirá de la creación de acuerdos entre todas las fuerzas políticas del Senado, ya que MORENA y sus aliados no logran alcanzar la mayoría calificada que una reforma constitucional requiere.
Asimismo, las recientes reformas para darle un mando militar a la GN podrían ser declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte, lo que avivaría el debate y podría generar incertidumbre entre la población e incluso en las fuerzas del orden.
Como coordinador de la bancada mayoritaria y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, impulsaré la creación de acuerdos que nos permitan seguir pacificando a México y cumplir con la obligación del Estado de ofrecer seguridad a toda la población, con estricto apego a la Constitución y pleno respeto a los derechos humanos.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
