Chile y la Convención Constitucional
Uno de los países sudamericanos que fue visto como ejemplo de estabilidad política y económica fue Chile durante varias décadas. En términos económicos, por ejemplo, cabe recordar que, en 1973, Chile contaba con un PIB per cápita de 1,6403[1] dólares y, en 1989, el ingreso per cápita era de 2,4944[2] dólares, parecido al promedio de América Latina, mientras que para 2019 este indicador aumentó a 14,896, 454[3] dólares, por arriba del promedio latinoamericano, el cual fue de 8,368,4466[4] dólares, de acuerdo con el Banco Mundial.
En términos políticos, aunque hubo también estabilidad, ésta no fue democrática con la llegada del General Augusto Pinochet al poder por medio de un golpe de Estado en 1973. Esta nación no escapó a la instauración, como en otras partes de ese subcontinente, de un régimen militar. A ello se sumó la proclamación de la actual Constitución de 1980, siempre bajo la misma dictadura.
Esta Carta Fundamental garantiza una cuota importante de poder a los militares bajo cualquier coyuntura o alternancia política, de derecha o de izquierda, además de que establece un sistema económico ultraliberal sin contemplar derechos sociales. En Chile, el liberalismo económico fue impuesto por la cúpula militar. Dicho modelo económico generaba riqueza para unos cuantos, pero no la distribuía entre la mayoría.
Cabe recordar que la desigualdad del país andino es intra e interregional. En 2020, los ingresos del 10% de las y los ciudadanos más ricos de Chile eran 27 veces mayores que el de la persona más pobre, por sobre el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, donde el 10% más rico ganaba, en ese año, 9,6 veces más que el 10% más pobre (siendo esta la mayor diferencia de los últimos 30 años). El 20% de los ciudadanos y las ciudadanas de mayores ingresos en ese país lo era 10 veces más que el 20% de las personas más pobres también en 2020[5].
Es por ello de que, a pesar de que la democracia regresó a Chile en 1990 con la llegada de gobiernos civiles al poder de forma pacífica, ésta se ha encontrado muy acotada por los intereses económicos, políticos y militares generados particularmente durante los años de la dictadura.
La estabilidad macroeconómica que ha gozado Chile también por muchos años ha ocultado una realidad social preocupante. Dicha realidad es el producto de una insatisfacción e injusticia sociales que se fueron acumulando a lo largo de esos años en que ha funcionado el modelo económico ultraliberal y mercantilista establecido en la Constitución de 1980. Incluso con la referida reinstauración democrática en ese país con la llegada de gobiernos civiles, el modelo económico tampoco varió y se siguió aplicando hasta que, el 18 de octubre de 2019, inició un periodo de manifestaciones y protestas sociales en Chile, el cual fue desencadenado por el aumento del pasaje del Metro en la capital Santiago.
Este incremento fue solo el detonante que generó, progresivamente, la adhesión a las protestas de otros actores y demandas sociales de la población en otras ciudades como Valparaíso y Concepción.
La democracia acotada que ha vivido Chile fue, desde luego, insuficiente para generar cambios sustanciales, tanto en la vida cotidiana de la mayoría de las personas como en la Constitución de 1980, por el hecho de que, en este último caso, siempre ha sido muy difícil reformarla para adecuarla a las nuevas necesidades y tiempos.
Como lo reconoció el ideólogo de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, el sentido de ésta es que “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría porque -valga la metáfora el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”[6]
Es en este contexto que muchas y muchos ciudadanos chilenos continuaron la lucha por sus reivindicaciones sociales. Así, el 25 de octubre de 2019, se llevó a cabo una importante manifestación que convocó a más de un millón de personas en Santiago, lo que generó que el presidente Piñera convocara, en el mes de noviembre, a un plebiscito para elaborar una nueva Constitución por medio de un Convención Constitucional. Esta convocatoria estuvo respaldada por diversos partidos políticos. Ello desembocó en la suscripción del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”[7]. Este Acuerdo definió un conjunto de reglas que se aplicarán al proceso constitucional, incluidos la hoja de ruta, los objetivos, las competencias y el funcionamiento de la Convención Constitucional y la manera de elegir a sus miembros. También contempló la realización del plebiscito para una nueva Constitución, así como el órgano que se encargará de redactarla.
El mandato de elaboración de una nueva Constitución derivó del plebiscito del 25 de octubre de 2020 cuyos resultados arrojaron un 78.9% por el Sí, es decir, por la elaboración de una nueva Constitución, así como por el establecimiento de una Convención Constitucional.
Dicha Convención Constitucional estará compuesta por 155 delegados o convencionales constituyentes que fueron electos a partir de los distritos electorales existentes en Chile. Se reservaron diecisiete escaños para los pueblos indígenas del país. Así, siete lugares son para representantes del pueblo mapuche, dos para el pueblo aymara y uno para cada uno de los otros pueblos: rapanui, quechua, atacameños, diaguitas, collas, kawéskar, yaganes y changos. Además, la Convención se estará compuesta de manera paritaria entre mujeres y hombres; incluido esto también para los pueblos originarios.
En ese contexto, el 15 y 16 de mayo de 2021, se llevaron a cabo las elecciones en Chile para elegir delegados a la Convención Constitucional. Las y los candidatos independientes lograron 48 escaños (un tercio de los puestos), las dos grandes listas de la izquierda “Apruebo Dignidad” y “Lista Apruebo” lograron 28 y 25 escaños respectivamente, mientras que los grupos indígenas ocuparán 17 escaños. Las derechas chilenas, apoyadas por el presidente Piñera y que iban juntas en una sola lista electoral (Vamos Chile), obtuvieron 37 escaños, menos de un tercio de los escaños que necesitaba (52 asientos) para influir decisivamente en la elaboración de la nueva Constitución y vetar artículos[8].
Ello sin mencionar que una de las debilidades de esta elección convencional fue la mediana participación de las y los electores chilenos en dicho proceso (40% del padrón conformado por 14,9 millones de personas).
Pero ¿qué significan estos resultados?
Es oportuno señalar que el hecho de que la participación de las y los electores chilenos no haya sido la esperada, ello no implica que ésta deba subestimarse y sea menos legítima. Quienes votaron durante la jornada electoral fueron movilizados por el rechazo a un capítulo histórico-militar de dictadura de consecuencias negativas para Chile y las y los chilenos.
La crisis de representación que vive el país andino quedó de manifiesto en la elección de un buen número de candidatas y candidatos independientes que formarán parte de la Convención Constitucional. Está por verse, con el desarrollo de los trabajos de la misma, si dichas y dichos convencionales serán independientes de los intereses del pueblo o de los intereses del poder.
Asimismo, el desafío que enfrentará esta Convención será no desentenderse de la gente, de sus demandas y de sus aspiraciones. Si este órgano se burocratiza o es cooptado por el poder político o económico, el riesgo de ingobernabilidad será cada vez mayor en el país.
La izquierda chilena, la cual tuvo un resultado no desdeñable en esta elección deberá asumir sus responsabilidades y contemplar derechos sociales en la nueva Constitución. Combatir el estatus quo de un Estado mercantilista, ultraliberal e individualista es una tarea que relegitimará y fortalecerá a la izquierda chilena frente a la ciudadanía.
Dichos resultados significan también que el resto de los temas que interesan al pueblo chileno deben ser procesados e integrados en la nueva Carta Magna. Aquí hablamos del nuevo modelo de desarrollo, de la plurinacionalidad del Estado, de la descentralización regional, del destino de instituciones como el Tribunal Constitucional, guardián, en muchos casos, de los intereses de la oligarquía económica chilena y de la Constitución de 1980, mayores espacios de representación para las mujeres indígenas en los ámbitos de decisión, limitación de un presidencialismo exacerbado, discusión del tipo de régimen político que tendrá Chile en la nueva Constitución (parlamentario, semi-presidencial o presidencial), entre otros.
Asimismo, la renovación democrática es un imperativo para Chile. Fenómenos como el abstencionismo, la crisis de representación política, la crisis de credibilidad de las instituciones y del sistema político, la instrumentalización política de instituciones como el Tribunal Constitucional, entre otros, deberán ser atendidos no solo como un arreglo constitucional consensuado, sino como una realidad en la vida cotidiana de las y los chilenos.
Chile ha sido un ejemplo de que la democracia puede ser, en parte, secuestrada por intereses de grupo que buscan perpetuar sus privilegios y prebendas a costa de la voluntad de muchas y muchos ciudadanos. La elaboración de una nueva Constitución es una esperanza alentadora y un primer paso en la reconciliación del pueblo chileno con la democracia y sus representantes, sin embargo, la construcción democrática nunca es simple, aunque siempre debe de ser permanente.
FUENTES
[1] González, L.M. (30 de octubre de 2020). “Chile: el ejemplo; Chile: el antiejemplo”. El Economista. Consultado el 17 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/3jMC28g
[2] Idem.
[3] Banco Mundial, (2020). “PIB per cápita (US$ a precios actuales)-Chile. Consultado el 17 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/3oSO57H
[4] Banco Mundial. (2020). PIB per cápita (US$ a precios actuales)-Chile, Latin America & Caribbean (excluding high income). Consultado el 17 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/3eovQCk
[5] Mieres, M. (Octubre de 2020), La dinámica de la desigualdad en Chile”, consultado el 20 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/3fxi7KD
[6] Anfossi, A. (10 de noviembre de 2019). Derecha y empresarios tiene horror a nueva Constitución en Chile: Couso. 4 de noviembre de 2020. https://bit.ly/3ehVKI7
[7] García Sojo, Giordana, “Chile 2021 datos y escenarios electorales”, 1 de febrero de 2021, consultado el 30 de abril de 2021 en: https://bit.ly/3t7E47I
[8] BBC, (17 de mayo de 2021). “Elecciones en Chile: candidatos independientes y de la oposición dominan la asamblea que redactará la nueva Constitución”. Consultado el 19 de mayo de 2021 en: https://bbc.in/33SQVjM
