Comandancia del Ejército, ¿de qué se trata?
El pasado 13 de agosto se conmemoró el 107 aniversario de los Tratados de Teoloyucan, firmados por Álvaro Obregón en representación de Venustiano Carranza; en ellos se estableció que las fuerzas constitucionalistas entrarían triunfales y sin combatir a la capital, así como la disolución de las fuerzas del usurpador Victoriano Huerta.
En el marco de ese aniversario, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el acto por el que se anunció la creación de la nueva Comandancia del Ejército Mexicano, a cargo del general Eufemio Ibarra Flores, con el objetivo de homologar a la institución con la Fuerza Aérea y mejorar el control administrativo, una decisión que no ha pasado inadvertida en los medios de comunicación y la opinión pública.
Esta restructuración no puede ser entendida sin el contexto necesario, el cual demuestra que las fuerzas armadas de cualquier democracia consolidada se van adaptando a las distintas circunstancias. En Estados Unidos, por ejemplo, durante la presidencia de Barack Obama se incorporó la Guardia Nacional al Estado Mayor Conjunto, y durante la era de Donald Trump sucedió lo mismo con el Comando Aeroespacial.
En España, las jefaturas de Estado Mayor de Tierra, de la Armada y Ejército del Aire también están integradas en el Estado Mayor de la Defensa. Otros países, como Portugal y Colombia, tienen estructuras similares, y en Canadá, el jefe del Estado Mayor es responsable del comando general y la administración de las fuerzas armadas, así como de la estrategia militar, los planes y requerimientos de las ramas castrenses.
Es decir, los cambios planteados por el presidente AMLO, que incluyen la creación de un Estado Mayor Conjunto, no son algo extraño a nivel internacional, ha sucedido en otros países en donde este tipo de organización es entendida como una manera de volver más eficiente el orden y la operatividad de las fuerzas armadas, sin que esto haya implicado, bajo ninguna circunstancia, la militarización del país: uno de los argumentos más comunes utilizados por la oposición para desvirtuar la estrategia de pacificación nacional.
La idea de la militarización de la seguridad pública en México se empezó a sembrar en 2006, cuando el entonces presidente decidió iniciar una fallida guerra contra el narcotráfico, al estilo estadounidense. También se debe reconocer que durante el viejo régimen las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a acatar órdenes de los titulares del Poder Ejecutivo federal, sin un marco jurídico adecuado, poniendo en peligro la institucionalidad de las acciones de seguridad con una táctica que arriesgó y vulneró los derechos humanos de la población civil.
Reconociendo esta problemática, el presidente López Obrador estableció como su compromiso 87 de 100 no reprimir al pueblo y buscar la paz, con lo que comenzó una nueva estrategia de seguridad fundada en el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales signados por el Estado mexicano. Alcanzar este objetivo implica, necesariamente, reordenar a las Fuerzas Armadas, recordando que el prestigio con que cuentan y la confianza que la ciudadanía deposita en ellas no han sido soslayados por las órdenes erráticas que tomaron las personas civiles que las dirigieron en el pasado.
Como ejemplo de lo anterior se encuentran las mediciones realizadas para saber el grado de confianza que la ciudadanía tiene hacia las autoridades encargadas de la seguridad. En 2020, el 90 por ciento de la población mayor de 18 años confiaba en la Marina; el 87 por ciento, en el Ejército, y el 82 por ciento, en la Guardia Nacional, cifras que ni en el mejor de los tiempos fueron registradas por corporaciones como la Policía Federal o las policías estatales.
Con la creación de la nueva Comandancia del Ejército Mexicano inicia un proceso de modernización institucional de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y las comandancias de ambos pasarán a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, una modificación que tiene fundamento en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que faculta al mando supremo a autorizar la creación de nuevos cuerpos especiales o unidades.
En el campo de estas modificaciones se encuentra también la intención, anunciada por el presidente, de que la Guardia Nacional se integre a la SEDENA, bajo la dirección de la nueva Comandancia. A diferencia del cambio estructural, esa modificación requerirá, forzosamente, de un amplio debate legislativo, pues al implicar modificaciones al texto constitucional, requerirá de votación por mayoría calificada y el respaldo de cuando menos 17 congresos locales.
Como ha sucedido durante las grandes transformaciones previas de México, el Ejército desempeña una labor crucial de acompañamiento al presidente —como comandante supremo de las Fuerzas Armadas—, defensa de la soberanía y para mantener la paz social y la gobernabilidad. Contar con un perfil como el del general Eufemio Alberto Ibarra en la nueva Comandancia del Ejército genera certidumbre, por su leal trayectoria en las fuerzas castrenses. Como en 1914, el respeto del orden constitucional es la guía para la paz y la transformación de todos los ámbitos de nuestra vida pública.
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