Coyuntura democrática
Por primera vez se celebrarán elecciones concurrentes federales y locales en la República. Será la jornada de votación más grande de la historia de México, en la que se disputarán más de 21 mil cargos, entre ellos, las 500 curules de la Cámara de Diputados, 30 congresos locales, 15 gubernaturas, 1,923 presidencias municipales y 14,596 regidurías, además de sindicaturas, juntas municipales y concejalías, lo que determinará el mapa político de los próximos años, y se convertirá en un referéndum sobre la continuidad de la Cuarta Transformación y del proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante sus primeros años de gobierno inició un profundo cambio de régimen.
Tal como lo fue la apabullante victoria de 2018, las elecciones del 6 de junio de 2021 serán determinantes para los próximos años de la vida institucional de México. No obstante, ya sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador en las boletas electorales y con apenas poco más de seis años de vida, el movimiento enfrenta una prueba de fuego que refrendará o no el proceso de transformación de nuestra vida pública, y fungirá como termómetro de los resultados que podemos esperar en 2022, cuando el presidente sea sometido a la voluntad popular para determinar si continúa con su mandato hasta fin del sexenio o si deberá abandonar Palacio Nacional antes de concluirlo.
Al inicio de las campañas electorales, las encuestas favorecen tanto la popularidad del presidente como la intención de voto hacia Morena; sin embargo, como se ha visto en otros procesos democráticos en el mundo, la opinión popular vertida en este tipo de mediciones no siempre corresponde con los resultados de la votación; dos grandes ejemplos de ello son el referéndum de 2016 sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, que se vaticinaba casi como un hecho y resultó de manera contraria. Algo similar sucedió en las elecciones presidenciales de Estado Unidos ese mismo año, en las cuales Donald Trump se alzó con la victoria ante Hillary Clinton, quien se proyectaba como la virtual triunfadora.
Si en 2018 el voto de castigo al viejo régimen fue uno de los aspectos determinantes que permitieron la primera auténtica transición política a nivel federal, este año la ciudadanía ejercerá su sufragio como un medio de calificación de las acciones que hasta ahora ha realizado la Cuarta Transformación, a lo que sin duda se agregará la impresión sobre el manejo de la pandemia y de la crisis económica. En ambos casos, el termómetro social marca tendencias favorables para la continuidad del proyecto.
Por un lado, la creación de políticas sociales que finalmente atiendan las necesidades de millones de personas que anteriormente fueron marginadas del sistema ha abonado a generar un país más equitativo y justo, y a largo plazo favorecerá las condiciones necesarias para lograr la pacificación nacional, todas ellas, demandas urgentes de la sociedad mexicana.
En segundo lugar, el proceso de vacunación en México, a pesar del acaparamiento de los insumos y de las dificultades logísticas que implica llevar a cabo la aplicación universal y gratuita, está avanzando conforme a lo planeado, lo que demuestra la voluntad y convicción para lograr la recuperación de toda la sociedad en su conjunto y no tan sólo de un sector específico.
Una de las novedades en este proceso electoral, si pudiéramos llamarla así, es la conformación de una coalición que borra las fronteras ideológicas, con tal de frenar el avance de la Cuarta Transformación. Se trata de una alianza que se venía fraguando desde 2012 con la firma del Pacto por México, y que en este periodo electoral se formaliza de manera clara y sin disimulo. Por eso, a pesar de la pluralidad política y la multiplicidad de expresiones partidistas, estos comicios plantean una disyuntiva entre dos alternativas: la consolidación de la democracia y la profundización de la transformación, o el regreso del viejo régimen.
Como un líder político nacido de la lucha por la democracia y contra el fraude electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a las personas titulares de los poderes ejecutivos locales un acuerdo muy distinto de los que tradicionalmente se firmaban bajo la mesa, un pacto por la democracia, en el que se comprometieron a garantizar que los comicios sean libres, limpios y que se respete la voluntad popular, esto es, mantenerse al margen de intervenir o destinar recursos públicos a fines electorales y, en el marco de sus competencias, vigilar el cumplimiento de las leyes relativas, sin olvidar que la autoridad electoral es la responsable de garantizar condiciones democráticas en este proceso.
Las campañas electorales fueron por muchos años un formalismo previo al fraude en la votación o, incluso, parte del entramado de complicidades y corrupción para perpetrarlo, pero hoy, al menos para Morena, representan un ejercicio democrático para promover las ideas y los principios del movimiento de transformación, al mismo tiempo que para tomar el pulso a la ciudadanía sobre lo que se espera de aquél en los próximos años, y seguir masificando la participación política que logre frenar o, al menos, colocar contrapesos efectivos a las élites políticas y económicas que pretenden retomar el terreno perdido en 2018.
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