Criminalizar la migración
La entrada en vigor de la polémica ley SB4, en Texas, desató alarmas y generó profundo rechazo en México y diversos sectores de la sociedad estadounidense. Esta medida, respaldada por la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de la nación vecina, representa un duro golpe para los derechos humanos de las personas migrantes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no dudó en calificar a la SB4 como una normativa inhumana y contraria a los principios más elementales de los derechos humanos. Incluso México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su reprobación, enfatizando el carácter discriminatorio de la ley y la grave afectación que supone para las familias.
Es importante entender que la migración no es un fenómeno aislado, sino una realidad inherente a la condición humana. En un contexto donde las migraciones son cada vez más frecuentes y complejas, la respuesta de los Estados debe ser buscar soluciones integrales y justas, no criminalizar y castigar a las personas en situación migratoria irregular.
La SB4 no solo impone severas penas de hasta 20 años de prisión a quienes ingresen de manera irregular al estado de Texas, sino que también otorga poderes excesivos a las agencias de seguridad locales para solicitar documentos migratorios a cualquier persona sospechosa de ser migrante. Esta medida, además de ser profundamente discriminatoria, atenta contra los principios fundamentales de la convivencia pacífica y la garantía de los derechos humanos.
Resulta preocupante que en un año electoral en Estados Unidos la migración se convierta una vez más en un tema utilizado como arma política. La SB4 es producto de una agenda antiinmigrante impulsada desde los más altos niveles del poder, cuyas consecuencias recaen directamente sobre las personas más vulnerables y desprotegidas.
El fenómeno multifacético de la migración responde a diversas causas y afecta a millones de personas en todo el mundo. Criminalizarla y castigarla es ineficaz, pero también hondamente injusto y contrario a los principios de solidaridad y respeto mutuo que deben regir a nuestras sociedades.
En lugar de adoptar medidas represivas y punitivas, los Estados tienen que trabajar de manera conjunta para abordar las causas estructurales de la migración y promover una política migratoria basada en los derechos humanos, la dignidad y la justicia social. Es fundamental reconocer la contribución de las personas migrantes al desarrollo económico, social y cultural de nuestras comunidades, y garantizar su plena integración y participación en la vida pública.
La SB4 es un claro ejemplo de cómo la política migratoria puede ser utilizada como instrumento de división y exclusión, y no soluciona el problema migratorio, sino que se convierte en parte del problema. Es hora de dejar de criminalizar la migración y buscar soluciones verdaderamente humanas y justas para todas y todos.
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