Cuarta Transformación, cuarta Constitución
No es una propuesta de reformas para la próxima elección, sino para la próxima generación de mexicanas y mexicanos.
El 5 de febrero de cada año no es únicamente el Día de la Constitución, también lo es del constitucionalismo mexicano, un movimiento político, jurídico, social y cultural que busca hacer realidad en el país lo que prescribe el artículo tercero sobre la democracia, en el que se le considera no solo “como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Pues bien, la conmemoración de este año se volvió icónica porque en el último año de su mandato, en sentido contrario a la costumbre política mexicana, el presidente amlo presentó un paquete de reformas constitucionales de gran calado que buscan consolidar en la Carta Magna los principios, valores y propuestas de lo que se conoce como la Cuarta Transformación de la vida pública nacional o 4T.
Este último paquete de reformas constitucionales —entre las más controversiales están la reforma al Poder Judicial y la desaparición de algunos órganos autónomos— se debe analizar en dos planos. Primero, en el conjunto de reformas presentadas y aprobadas a lo largo de cinco años que, vistas de manera integral, podrían considerarse como una nueva Constitución o la Constitución de la 4T; segundo, ubicarla en la perspectiva histórica de las leyes fundamentales que ha tenido el país, desde que inició su independencia en 1810.
El núcleo de la Constitución de la 4T contempla las siguientes medidas: constitucionalización de cuatro programas sociales (pensión para personas adultas mayores; becas para estudiantes de escasos recursos; becas para personas con discapacidad, y medicinas y consultas médicas gratuitas); penalización y castigo de la corrupción política, eliminando el fuero presidencial y ampliando los delitos que ameriten prisión preventiva; eliminación de la condonación de adeudos fiscales a grandes contribuyentes; ampliación de la democracia participativa directa a través de la revocación de mandato, de la consulta popular y de la urna electrónica; ley de austeridad republicana, reducción del aparato burocrático y de los sueldos e ingresos de la alta burocracia; reconocimiento de la Guardia Nacional; universalización del derecho a la salud y a la educación; recuperación de derechos laborales de las y los maestros, y fortalecimiento de la equidad y la perspectiva de género en la vida pública, entre las principales.
El grupo de reformas presentado ayer va en la misma dirección de robustecer el constitucionalismo del bienestar y laboral, la soberanía económica en el sector energético, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, los derechos medioambientales y de protección a la naturaleza, el acceso a internet como derecho social, el acotamiento del Poder Judicial y la prevención del llamado “gobierno de jueces”, y en general, la reducción del llamado “costo político” a la sociedad, recortando el financiamiento público a partidos y el número de regidurías, diputaciones y senadurías.
En perspectiva histórica, la Constitución de la 4T es también la Cuarta Constitución democrática, nacionalista y humanista de nuestra historia, ya que ratifica la raíz libertaria e independentista de la Carta Magna de 1824; la naturaleza representativa y federalista de la de 1857; la originalidad social, laboral y agrarista de 1917, y el imperativo del bienestar, la igualdad y el ambientalismo del siglo xxi.
No es una propuesta de reformas para la próxima elección, sino para la próxima generación de mexicanas y mexicanos.
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