Décadas de lucha y tres años de gobierno
Conocí a Andrés Manuel López Obrador en 1997, siendo él dirigente del PRD, y yo, aspirante a candidato por la gubernatura de Zacatecas. En aquella ocasión logramos fisurar los aparentemente impenetrables muros del antiguo régimen. En 2006, el ahora presidente derrotó a ese mismo régimen, contendiendo por primera vez a la Presidencia de la República, pero los intereses y las resistencias fueron tales, que el fraude electoral orquestado por los poderes fácticos evitó que los deseos de la gente se concretaran.
En la elección de 2012, el uso de recursos públicos y la construcción mediática de una figura política impidieron nuevamente que el movimiento llegara al poder, lo que hasta el día de hoy sigue costándole a la sociedad. Seis años más tarde, en 2018, después de resistir las guerras sucias, el cerco mediático, las calumnias, el intervencionismo del capital y la compra de voluntades, el movimiento encabezado por AMLO logró lo impensable: derrumbar a través de la revolución de las conciencias las estructuras que durante años se habían construido.
Este breve recuento tiene dos finalidades. La primera es recordar que el México actual y los males que se están intentando corregir son producto de más de un siglo en el que un grupo utilizó el poder para construir un complejo entramado institucional y administrativo que estuviera a su servicio, lo cual generó desigualdad, inseguridad, corrupción, destrucción del Estado de bienestar, incremento en la pobreza, falta de desarrollo económico equitativo y un inconmensurable número de obstáculos que desde 2018 se han intentando superar a través de un cambio profundo de modelo social, económico y político.
La segunda razón es dilucidar que, si bien el histórico triunfo se dio hace sólo tres años, es resultado de varias décadas de lucha. Poco a poco se fue formando una fuerza social, cuyos anhelos de cambio, libertad y democracia permitieron que la idea de un México más justo e igualitario siguiera viva y sirviera como base para unir a más de 30 millones de personas que en 2018 decidieron con su voto que la vida pública nacional iniciara una nueva etapa.
Tres años después de haber logrado ese triunfo histórico, a pesar de resistencias, de atravesar la peor crisis de salud mundial de los últimos cien años y de las dificultades propias que implica la administración pública, el gobierno del presidente López Obrador ha conseguido implementar cambios a favor de la población, que difícilmente podrán ser revertidos. La separación entre el poder político y el poder económico, a través de modificaciones normativas, como la prohibición de condonaciones de impuestos, facturas falsas, empresas fantasma y subcontratación, marca el inicio de una relación más próspera y benéfica entre el gobierno y la iniciativa privada, que necesariamente generará mejores condiciones de vida para la sociedad.
La eliminación de privilegios y la implementación de una política de austeridad republicana en todas las dependencias públicas inició la gestación de una nueva clase política, además de dar paso a la reconciliación entre la sociedad y sus representantes, elemento indispensable para dar lugar a la transparencia y la rendición de cuentas. El respeto a la democracia representativa y la voluntad de incrementar la participación social a través de las consultas populares han incentivado el involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos, única vía para que el pueblo pueda ejercer el poder que le confiere a las autoridades a través del sufragio.
Haber elevado a rango constitucional programas sociales como la pensión para personas adultas mayores y los apoyos a estudiantes genera una nueva lógica de lo que debe ser el Estado, pasando de gestor de oportunidades a garante de derechos. La creación de instituciones modernas y libres de corrupción, como la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, inició la pavimentación del camino para construir un país más seguro y justo. Los cambios legales en materia educativa son una primera piedra para contar con un sistema de calidad que cumpla con su objetivo nivelador. Además, la aplicación universal y gratuita de la vacuna anti-COVID-19 sienta las bases para reestructurar un sistema de salud con mayor dignidad, equidad y eficiencia.
El camino ha sido largo; los primeros tres años, difíciles. Corregir los errores del pasado significa asumir los costos de hacerlo. Erradicar la corrupción, que estaba presente en todos los espacios de la esfera pública, necesariamente implica buscar soluciones que no siempre son indoloras. Sería un error pensar que existen victorias sin castigo. Gobernar implica tomar la mejor decisión posible para generar mayor bienestar bajo la constante evaluación popular. Sin embargo, a tres años de haber iniciado el reto más grande de nuestra historia, se puede decir que el saldo es positivo y que, a pesar de las tempestades, México mantiene un rumbo fijo.
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