Del petróleo al litio
La nacionalización del litio no implica su estatización, sino la garantía de que su usufructo beneficie íntegramente a México y a sus habitantes.
En el mundo y en México nos encontramos en plena transición energética.
De la era de las energías fósiles, estamos transitando a la etapa y las generaciones de energías limpias o renovables, en que el aire, el sol y el agua (los elementos naturales originarios de la vida en el planeta) serán las fuentes preponderantes de abastecimiento energético.
Esto no significa que el petróleo pasará a la historia. Seguirá siendo una fuente de energía importante, pero cada vez con menos preponderancia y valor.
Su valor agregado para países petroleros como el nuestro estará en la petroquímica y en el gas asociado a su extracción.
El cambio climático está en la base de esta transición energética, y qué bueno que sociedades y Gobiernos ya estamos en esa frecuencia, porque es uno de los caminos para terminar con la depredación del medio ambiente y con el peligro de extinción de la vida tal como la conocemos (la desaparición cada año de 700 especies de flora y fauna sobre la faz de la tierra, la biodiversidad, nos dibuja esta emergencia).
Uno de los recursos estratégicos de esta transición es el litio, mineral clave para producir las baterías eléctricas de los nuevos vehículos automotores que sustituirán a los de combustión interna. México tiene este recurso, y por una decisión realmente visionaria del actual Gobierno, el presidente AMLO decidió nacionalizarlo. Es decir, que su explotación y procesamiento industrial estén a cargo de empresas y trabajadores del país.
Para tal efecto se creó una empresa pública, LitioMx, única autorizada para la exploración, extracción, procesamiento y distribución del nuevo recurso energético. A diferencia del petróleo, que tuvo que pasar por un proceso de expropiación, después de cuatro décadas de explotación por privados extranjeros, el litio mexicano, que tenía márgenes muy reducidos de explotación, nace desde ahora nacionalizado y mexicanizado. Esto garantiza que la transición energética se haga bajo la rectoría del Estado y acorde con los objetivos de desarrollo nacional.
También es importante señalar que la nacionalización del litio no implica su estatización, sino la garantía de que su usufructo beneficie íntegramente a México y a sus connacionales, bajo la lógica del mejor y máximo servicio público y no de la máxima ganancia privada o particular.
De esta manera, el país se prepara para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Acuerdos de París a favor de un desarrollo sostenible. No está de más que en el 80 aniversario de la expropiación petrolera recordemos los 17 objetivos suscritos por varios países, entre ellos, el nuestro:
1) Fin de la pobreza, 2) Hambre cero, 3) Salud y bienestar, 4) Educación de calidad, 5) Igualdad de género, 6) Agua limpia y saneamiento, 7) Energía asequible y no contaminante, 8) Trabajo decente y no contaminante, 9) Industria, innovación e infraestructura, 10) Reducción de las desigualdades, 11) Ciudades y comunidades sostenibles, 12) Producción y consumo responsables, 13) Acción por el clima, 14) Vida submarina, 15) Vida de ecosistemas terrestres, 16) Paz, justicia e instituciones sólidas, 17) Alianza para lograr los objetivos en el 2030.
En el camino de la transición energética sólo hay que evitar la trampa que tantas veces ha advertido el presidente AMLO: que en nombre de las energías limpias se hagan negocios sucios.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
