Descontento, violencia y confusión
En las noticias y en redes sociales hemos visto fluir mensajes sobre Colombia, llamando al diálogo, a desescalar la violencia, a discutir alternativas para atender las demandas de manifestantes. También hay convocatorias claras de actores internacionales para que no se utilicen las fuerzas armadas en espacios de protesta, a lo que ciertas voces han respondido con condenas al vandalismo y a las agresiones en contra de policías y militares.
Al mismo tiempo, se escuchan los ecos de quienes demandaban que las reformas en materia fiscal fueran justas, que no impusieran una carga adicional a la clase media y que obligaran a las empresas a pagar lo que les corresponde. Estas últimas peticiones, en la actualidad, parecen ubicarse en un segundo sitio entre las prioridades del país sudamericano.
El hecho que desencadenó las manifestaciones fue, en efecto, la propuesta de reforma fiscal del presidente Iván Duque; sin embargo, no es la única razón. El descontento va más allá de una iniciativa legislativa; acarrea problemas no resueltos que se han ido acumulando a lo largo de los años y que se agudizaron ante la pandemia y su manejo por parte del gobierno: desigualdad, pobreza, desempleo, resultados no acabados del proceso de paz, corrupción, inseguridad y narcotráfico, entre muchos otros desafíos que ya habían sido el centro de protestas a finales de 2019.
A 12 días del inicio de las manifestaciones, aspectos de la reforma fiscal se mantienen en el canal de negociación; no obstante, la presencia del Ejército en las calles y las denuncias de violaciones a los derechos humanos han cobrado un protagonismo que preocupa desde cualquier perspectiva.
La principal razón del descontento respecto a la propuesta de reforma fiscal era que ésta pretendía ampliar la base de contribuyentes del impuesto a la renta, para incluir a personas que ganan alrededor de 660 dólares mensuales. Además, extendía el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos y servicios públicos y privados, como los funerarios.
Si bien la iniciativa incluía un impuesto temporal y solidario a quienes ganaban más de 1.25 millones de dólares y proponía la institucionalización de un ingreso básico, pesó más entre la población el posible impacto que tendría en la clase media.[1] El objetivo ulterior era lograr recaudar dos puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), para evitar una caída en las calificaciones de riesgo internacionales, que reflejan la confianza en el Gobierno basada en su capacidad de pagar su deuda.[2]
Las manifestaciones comenzaron y, con ellas, una posición gubernamental que no necesariamente se esperaba. La población rechazó la presencia de fuerzas de seguridad en las calles, pero el Gobierno ha condenado el vandalismo y las agresiones contra policías, defendiendo la actuación militar en las ciudades principales. El presidente Duque retiró la iniciativa de reforma fiscal el 2 de mayo, y al día siguiente renunció el ministro de Hacienda. Sin embargo, las protestas y demandas ya se habían transformado.
El respaldo a la presencia de fuerzas de seguridad en las calles y las consecuencias de éste se vinculan directamente con el uribismo, no sólo por la relación que desde siempre ha existido entre el actual mandatario de Colombia y Álvaro Uribe, expresidente, cuya “mano dura” caracterizó su administración, en un momento clave para la historia del país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Sin embargo, Uribe mismo, en esta ocasión y al inicio de las protestas, había publicado en Twitter: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”,[3] mensaje que fue eliminado por la red social, que lo calificó como glorificador de la violencia. En las próximas elecciones se verá si tuvo algún efecto.
Durante las protestas, el Ministerio de Defensa desplegó 47,500 elementos en diferentes ciudades, e incluso llegó a culpar a disidencias de las FARC por los vandalismos.[4] Pero no todos los alcaldes se manifestaron explícitamente al respecto. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, pidió ayuda a ese Ministerio para proteger unidades de detención de policía, con una aclaración: “en ningún caso hemos solicitado ni habrá militarización de la ciudad”.
Antes había publicado que:
…[las] 22 comisiones de derechos humanos que activamos han estado previniendo y protegiendo [de] abusos a los ciudadanos, pero la escalada violenta de esta noche es brutal. 15 CAIs [Centros de Atención Inmediata] vandalizados, policías abaleados, heridos con arma blanca, a 15 trataron de quemarlos vivos en CAI Aurora.[5]
La primera semana de mayo, Cali se convirtió en el “epicentro de las manifestaciones”, porque se empezaron a reportar ataques contra estaciones de policía y unidades de detención. Eduardo Zapatero, general en jefe del Ejército, llegó a Cali con la misión de “recuperar la ciudad”, la cual tiene un gran flujo de armas y es aquejada por retos de narcotráfico y desplazamiento interno.
Mientras tanto, también se reportaban episodios de integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios que disparaban “armas semiautomáticas y fusiles”,[6] eventos de violencia policiaca y reacciones de vigilantismo por parte de grupos ciudadanos. La conclusión es que violencia llama a más violencia. En medios se reportó incluso que personas defensoras de derechos humanos habían sido confundidas con perpetradoras de vandalismo y, por lo tanto, habían recibido agresiones y hasta disparos por parte de la policía.[7]
El 9 de mayo, el presidente Duque ordenó “el mayor despliegue que se tenga de capacidades de nuestra fuerza pública para brindar toda la tranquilidad a la ciudad de Cali”. Mandató también ley seca y restricción de la movilidad.[8] Líderes indígenas reportaron agravios y violencia con armas de fuego y llamaron a evitar confrontación; mientras tanto, la Policía Metropolitana de Cali notificó haber atendido llamados de auxilio de la comunidad, que denunciaba ataques “por grupos de indígenas”. Éstos son sólo ejemplos de cómo los reportes de violencia provienen de todos los actores: todos con argumentos de defensa; todos denunciando agravios.
En general, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, se habían contabilizado 849 policías lesionados y 716 civiles heridos.[9] Pero la Defensoría de Pueblo reportó, el 11 de mayo, 42 muertes de civiles y la desaparición de 168 personas a lo largo de las 12 jornadas de movilizaciones. Cabe mencionar que el día 5 de este mes se habían confirmado 24 personas muertas y 89 desaparecidas: la mitad de la suma actual. Las cifras actualizadas son similares a las declaradas por el grupo Temblores, que monitorea la violencia policial.[10]
El presidente colombiano declaró que las fuerzas públicas han actuado con obediencia absoluta a la Constitución, y que las violaciones por conductas individuales se judicializan y se investigan.[11] Por su parte, Human Rights Watch aseguró en Twitter:
Hemos recibido denuncias creíbles sobre 46 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas.
Hasta ahora, hemos confirmado que 13 de estas muertes (12 manifestantes y un policía) tienen relación con las manifestaciones.[12]
Hubo un llamado al diálogo con todos los sectores, invitando primeramente al Comité Nacional del Paro, aunque el Ejecutivo reconoció la existencia de otros grupos que no necesariamente se congregan alrededor de ese órgano. De manera paralela, en diferentes ciudades, líderes de las protestas continúan exigiendo desmilitarizar al país.
Los eventos de violencia confirmados cimbran la memoria colectiva de lo sufrido durante la guerra ante la presencia de “paramilitares, guerrilleros y fuerzas de seguridad”, y se empiezan a escuchar voces que piden una reforma policial, considerando que, “es una policía muy buena para la guerra”, como reporta un ex jefe de la corporación.[13]
Mientras tanto, el Comité del Paro dio por fracasado el primer intento de negociación, esencialmente porque, en sus palabras, el gobierno “no ha mostrado empatía con las víctimas” de violencia oficial. Como dejó evidencia la jornada inicial de negociaciones, el asunto que detonó el conflicto ha pasado a segundo término. El avance dependerá del cumplimiento de lo que han llamado condiciones básicas para las negociaciones, que incluyen garantías de seguridad para manifestantes.[14]
Entre otras, las demandas adicionales que ha propuesto el Comité del Paro Nacional son las siguientes:
1. Retirar el proyecto de la Ley 010 de salud, y fortalecer las tareas de vacunación;
2. implantar una renta básica de al menos un salario mínimo por seis meses para personas en situación de vulnerabilidad a consecuencia de la pandemia;
3. defender la producción nacional con el apoyo de condonación de créditos, creación de subsidios y programa de compras públicas, especialmente para el sector agropecuario;
4. subsidios a las pequeñas y medianas empresas;
5. matrícula cero y rechazo a la alternancia educativa (asistencia de estudiante algunos días de la semana);
6. rechazo a la discriminación de género, diversidad sexual y étnica, además de la “protección del Estado frente a la violencia en el hogar”;
7. rechazo a las privatizaciones y al decreto 1174 que para muchos trabajadores y trabajadoras “contiene medidas regresivas en materia laboral” o genera incentivos para eliminar contratos de trabajadores de tiempo completo[15], y
8. detener las “erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato”.[16]
Cada día se suman más voces que llaman a la moderación de todos los actores, a investigar detenciones arbitrarias, a condenar los actos de violencia y a garantizar el derecho a la protesta y la protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional ha publicado evidencia del uso excesivo de la fuerza;[17] Clément Voule, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la libertad sindical y reunión pacífica, también se manifestó argumentando que “no se deberían utilizar fuerzas militares para gestionar manifestaciones. Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y múltiples organizaciones de derechos humanos se han pronunciado con preocupación”.[18]
La Cancillería de la nación sudamericana ha tenido una respuesta dura ante la reacción internacional. Por una lado, señaló que “Colombia seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional”, pero rechazó, por otro, los pronunciamientos de actores externos “que no reflejan objetividad, y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria”.[19]
Claudia Blum, ministra de Relaciones Exteriores sostuvo que “[e]l derecho a la reunión y a la movilización ha sido afectado por vándalos y actores violentos.”[20] Habrá que ver cómo evoluciona el diálogo y cuál es la respuesta de la ciudadanía y de las autoridades.
Todas las historias de violencia son preocupantes; graves, si vienen de la ciudadanía, pero aún más si las autoridades violentan los derechos humanos y los derechos civiles. Al final, lo único certero son la confusión y el temor generalizado a vivir de nuevo una guerra en un pueblo que demanda paz, desarrollo e igualdad.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
Fuentes
[1] Redacción. (2 de mayo de 2021). “Reforma tributaria en Colombia: Iván Duque pide al Congreso retirar el polémico proyecto que desató fuertes protestas”. BBC Mundo. https://bbc.in/3tMmB50
[2] Cota, I. (16 de abril de 2021). “La reforma tributaria de Colombia incluye una renta básica”. El País. https://bit.ly/3eEmBzE
[3] “Twitter, suspenda la cuenta de Álvaro Uribe: la petición de Carolina Ramírez, ‘La Reina del Flow’”. (11 de mayo de 2021). Infobae. https://bit.ly/3eMsknn
[4] Agencia AFP. (6 de mayo de 2021). “Iván Duque llama a un diálogo con todos los sectores por manifestaciones en Colombia”. Milenio. https://bit.ly/3oj2pGP
[5] López, C. [@ClaudiaLopez]. (4 de mayo de 2021). Las 22 comisiones de derechos humanos que activamos han estado previniendo y protegiendo abusos a los ciudadanos, pero la escalada violenta de esta noche es brutal [Tuit]. https://bit.ly/2RP7ham
[6] Pardo, D. (4 de mayo de 2021). “Protestas en Colombia: cómo la violencia se tomó las calles del país (y por qué Cali fue el epicentro durante días)”. BBC News. https://bbc.in/2R5uRQt
[7] Idem.
[8] Redacción AN/MDS. (10 de mayo de 2021). “Colombia: Duque ordena ‘mayor despliegue’ de fuerza en Cali; indígenas denuncian ataques de paramilitares”. Aristegui Noticias. https://bit.ly/3y9OxmC
[9] Agencias. (12 de mayo de 2021). “Trece días de protesta dejan 42 muertos en una Colombia en shock por la represión”. Infobae. https://bit.ly/3hm7JI1
[10] AP. (11 de mayo de 2021). “Reportan 42 muertos y 168 personas desaparecidas por protestas en Colombia”. El Financiero. https://bit.ly/3hjA0yP
[11] “Twitter, suspenda la cuenta de Álvaro Uribe: la petición de Carolina Ramírez, ‘La Reina del Flow’”. (2021). Op. cit.
[12] Vivanco, M. [@JMVivancoHRW]. (10 de mayo de 2021). Hemos recibido denuncias creíbles sobre 46 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas [Tuit]. https://bit.ly/3y0ueYS
[13] Turkewitz, J. y Villamil, S. (12 de mayo de 2021). “La fuerza policial de Colombia, hecha para la guerra, encuentra un nuevo frente de batalla en las calles”. The New York Times. https://nyti.ms/3y5cRX1
[14] AP. (11 de mayo de 2021). “Reportan 42 muertos y 168 personas desaparecidas por protestas en Colombia”. Op. cit.
[15] Redacción AN/AG. (9 de mayo de 2021). “Los siete puntos que reclaman los manifestantes en Colombia”. Aristegui Noticias. https://bit.ly/3bmlWkt
[16] Redacción País. (2 de septiembre de 2020). “Centrales obreras anuncian demanda a Decreto 1174”. El Heraldo Colombia. https://bit.ly/3onzx0l
[17] “Colombia: Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones”. (4 de mayo de 2021). Amnistía Internacional. https://bit.ly/2SQhdkN
[18] Redacción Internacional. (4 de mayo de 2021). “Estados Unidos pide al gobierno colombiano moderar respuestas al paro”. El Espectador. https://bit.ly/3eJJcuW
[19] “Colombia rechaza ‘pronunciamientos externos’ sin ‘objetividad. (8 de mayo de 2021). DW. https://bit.ly/33BHeWY
[20] Ibidem.
