Detención relevante y Estado de derecho
A los militares caídos
en cumplimiento de su deber en Sinaloa.
La detención de Ovidio “N” es de la mayor relevancia en el proceso de pacificación del país y muestra las capacidades de nuestras instituciones de seguridad para llevar a cabo operaciones de ese calado.
Todos sabíamos que, de darse, sería una acción de alto riesgo, tal como lo demostraron las múltiples acciones violentas realizadas por presuntos integrantes de ese grupo delictivo, con el aparente objetivo de impedir que el detenido saliera de Sinaloa.
Su presentación ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) comprueba, por su parte, la eficacia y oportunidad de la logística para su traslado a la Ciudad de México, lo que inhabilitó la exhibición de fuerza que pretendía presionar a las autoridades mediante actos de intimidación a la ciudadanía.
📷 Valente Rosas | El Universal
El hecho transmite, por otra parte, el mensaje de que ni las amenazas de violencia ni la violencia misma impedirán la aplicación del Estado de derecho, lo que debe ser una constante, acompañada siempre de medidas que garanticen la seguridad de la población en casos semejantes.
Como todo México, expreso mi reconocimiento a los elementos del Ejército, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, instituciones que, de acuerdo con el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, participaron en el operativo.
Lamento la sensible pérdida de 10 militares que ofrendaron su vida por la seguridad y la pacificación del país, así como que otros 35, valerosos ante el riesgo mortal, resultaran heridos por arma de fuego. Es de celebrarse, por otro lado, que ningún civil inocente haya resultado lastimado durante estas acciones.
De igual manera, llama a la reflexión la muerte de 19 agresores, que en algún momento de su vida tomaron el camino del crimen, mexicanos que perdimos cuando se convirtieron en instrumentos de la violencia, lo que también es de lamentarse, en tanto que representan a otros muchos miles de jóvenes que han nutrido, por razones que apenas intuimos, las filas de la delincuencia.
El aseguramiento de 13 vehículos, cuatro fusiles Barret calibre 50 y otras armas de alto poder, así como la inutilización por parte del Ejército de 40 vehículos, 26 de ellos blindados, son tan solo una muestra de la cantidad y las características de los recursos que ha concentrado el crimen organizado.
Con todo, es un hecho que ningún grupo criminal está ni debe estar por encima del Estado mexicano ni de la ley. No puede haber algo que nos haga desistir de ese principio.
La sociedad, los tres órdenes de gobierno y las instituciones del Estado tenemos que construir, juntos, la pacificación del país por la vía de una consistente reducción de la violencia y de la inseguridad, además de medidas esenciales, como los enfoques y acciones en materia social, educativa y sanitaria, para la preservación y, en su caso, la reconstrucción del tejido social.
El Estado de derecho resulta indispensable para salvaguardar a la sociedad de la comisión de todos los delitos, especialmente de los que más la dañan, y para la realización, en lo posible, de operativos no cruentos que permitan alcanzar objetivos concretos sin poner en riesgo a terceras personas.
Lo primero, sin duda, es proteger a las y los habitantes y a quienes llegan a ser víctimas de delitos o de violaciones a sus derechos humanos, pero Estado de derecho es, a la vez, acción coercitiva del Estado en el marco de la legalidad. El Estado no toma venganza, garantiza la justicia.
Finalmente, Estado de derecho es también dar curso al combate al delito, sin que la eventual reacción de grupos criminales inhiba la acción de la justicia.
Es un desafío que todas y todos debemos asumir para respaldar a las instituciones y a las autoridades en estos casos, a fin de empoderar al Estado y evitar el engreimiento de la fuerza delincuencial.
La mayor muestra de la legitimidad del poder público reside en brindar seguridad a la sociedad. Sólo el respeto y la aplicación de la ley aseguran la paz a largo plazo y la armonía de la convivencia social.
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