Ecuador: la democracia a prueba
Los recientes acontecimientos políticos en Ecuador, que dieron lugar a la disolución de su Asamblea Nacional, llevada a cabo por el presidente de la República, Guillermo Lasso, muestran una correlación de fuerzas entre varios actores, particularmente institucionales, sociales y políticos.
El contexto que enmarcó esta medida (ciertamente constitucional, pero radical), tomada el 16 de abril pasado, comenzó a gestarse poco tiempo después de la victoria electoral del actual jefe de Estado en mayo de 2021.
La confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, aunada a resultados de gobierno cuestionados por la oposición y otros actores políticos y sociales, generaron el adelanto de elecciones parlamentarias y de presidente de la República. La primera vuelta se llevará a cabo el 20 de agosto; en caso de que ninguna o ningún candidato obtenga más del 50 por ciento de la votación total, habrá una segunda ronda el 15 de octubre próximo.
Este documento evoca brevemente el proceso electoral de 2021, el cual le dio la victoria al actual presidente Lasso sobre el correísmo (corriente política atribuida al expresidente Rafael Correa) y el movimiento indígena. Ese triunfo, sin embargo, se fue diluyendo progresivamente debido a una gestión de gobierno señalada como ineficaz por parte de la oposición, una importante mayoría de ciudadanas y ciudadanos y del movimiento indígena, frente a retos como el narcotráfico, la corrupción, la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos, entre otros, todo lo cual será también abordado en este texto.
Finalmente, se analizará la decisión de la disolución constitucional de la Asamblea Nacional y su perspectiva en la vida democrática del Ecuador.
La victoria de Guillermo Lasso
Guillermo Lasso, banquero y empresario, se convirtió en presidente de Ecuador en mayo de 2021. Fue electo bajo un programa económico de corte conservador y de libre mercado. En primera vuelta, el actual presidente ecuatoriano obtuvo el 19.7 por ciento de la votación total, mientras que el candidato del Movimiento por la Unión y la Esperanza (UNES-izquierda, afín al expresidente Rafael Correa), Andrés David Arauz, logró el 32.2 por ciento de los sufragios. El tercer lugar fue para el candidato Yaku Pérez, del Pachakutik (izquierda), con el 19.39 por ciento, con una base electoral fundamentalmente indígena.
Para la segunda ronda electoral, el excandidato Lasso alcanzó el 52.4 por ciento de los sufragios, dejando en segundo lugar a Andrés Arauz, con el 47.5 por ciento de los votos. A pesar de este porcentaje que le dio la victoria definitiva, el apoyo al candidato conservador fue en realidad aquel de la primera vuelta, lo cual se reflejó en una alta fragmentación política en la composición de la Asamblea Nacional, en la cual sólo contó con el respaldo de 12 parlamentarios.
El proceso electoral ecuatoriano visibilizó, en principio, que en los comicios estaba en juego la disputa entre el restablecimiento del correísmo contra el anticorreísmo, es decir, la restauración o no de la forma y los fundamentos políticos, sociales y económicos de gobierno con los cuales gobernó el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y su denominada Revolución Ciudadana[1], además de su eventual influencia en el país detrás del poder, por medio del entonces candidato Andrés Arauz, si hubiese ganado, como algunos medios de información manifestaron.
No obstante, en esa elección también estuvo presente el desafío de restaurar o no, después de la presidencia de Lenín Moreno —quien gobernó con un programa político diferente del que lo llevó al poder—, la voluntad democrática del país, como lo indicó el mismo candidato Arauz en su programa de gobierno.
Al arranque de la gestión del presidente Lasso, éste contaba con una credibilidad del 70 por ciento[2]; popularidad que prosiguió debido al exitoso programa de vacunación en medio de la pandemia de COVID-19. El jefe de Estado aprovechó todas las alternativas de oferta mundial de vacunas sin condicionantes comerciales o geopolíticas[3].
Sin embargo, el Poder Ejecutivo ecuatoriano tuvo que lidiar con actores políticos con reivindicaciones propias, como es lo normal en cualquier gobierno, y con desafíos nacionales importantes. Entre esos actores están una gran parte del movimiento indígena y la oposición parlamentaria, y entre los desafíos se encuentran la inseguridad y el narcotráfico.
La realidad de gobierno
El movimiento indígena ha sido uno de los frentes más importantes contra las políticas de libre mercado en Ecuador. Las protestas que tuvieron lugar en aquella nación, particularmente en 2021 y 2022, por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), así como de otros sectores de la sociedad (sindicatos, movimientos feministas, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, transportistas, magisterio, entre otros), tuvieron su origen en esta lógica antineoliberal y, en especial, en contra del incremento mensual del precio de los combustibles que se vino observando desde el gobierno del presidente Lenín Moreno.
La CONAIE y el presidente Lasso tuvieron diferentes diálogos para dar cauce institucional a las protestas, las cuales generaron la instauración, por parte del Gobierno, del estado de excepción en varias ocasiones y en diferentes ciudades de Ecuador, por “grave conmoción interna”. Lo anterior hasta que, en junio de 2022, el mandatario se comprometió a dar continuidad a la reducción, en algunos centavos de dólar estadounidense, a los precios de los combustibles, además de derogar el estado de excepción. Posteriormente, las conversaciones continuaron y, en octubre de ese mismo año, se firmaron 218 acuerdos entre el Gobierno y la Confederación. No obstante, ésta denunció que aquél no ha cumplido con los pactos[4]. Incluso, en febrero de 2023, el movimiento indígena solicitó la renuncia del titular del Ejecutivo y se declaró en movilización permanente.
En lo que respecta a la coexistencia política con la oposición parlamentaria, el presidente Lasso buscó acuerdos para intentar impulsar sus reformas de gobierno; sin embargo, no logró el éxito deseado. Por ejemplo, el Parlamento decidió archivar el proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital, enviado por el mandatario[5].
Recientemente, el jefe del Estado ecuatoriano señaló:
[…] No es posible avanzar y enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. […] El proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo […][6].El presidente ha defendido sus logros, destacando la reducción del déficit fiscal de 7,500 millones de dólares a menos de 2,000 millones de dólares; asimismo, señaló que, a diciembre de 2022, Ecuador tenía una inflación del 3.7 por ciento, y que para 2023 se espera que sea la más baja, con el 1.4 por ciento, y un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3 por ciento, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional.
Agregó que, al terminar 2023, el nivel de la deuda pública se habrá reducido al 55 por ciento, es decir, 12 puntos porcentuales menos que hace tres años, y resaltó que durante su mandato 1.1 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza, y se crearon alrededor de 500,000 empleos[7].
La oposición política y buena parte de la ciudadanía han cuestionado la gestión del presidente. Así, y respecto a 2019 (antes de la pandemia), se apreció un decrecimiento económico en 2022 (de 101,700 millones de dólares a 97,750, en 2021, de acuerdo con el Banco Mundial); la pobreza se encuentra estancada en un 25 por ciento desde 2019, mientras que la pobreza extrema aumentó del 8.9 al 10.7 por ciento entre ese año y junio de 2022. Lo anterior, sin soslayar que el 60 por ciento de la población no puede costear el valor de la canasta básica, además de que las desigualdades se han profundizado, y que el índice de Gini pasó de 0.456 en 2019 a 0.48 en 2021[8].
Cabe recordar que en febrero de 2023 el presidente Lasso apostó ganar políticamente en las elecciones seccionales y municipales, así como en un referéndum organizado a lo largo del país, para relanzar su gestión en términos de fortaleza democrática para los siguientes dos años de su mandato. Ninguno de esos procesos le fue favorable, ya que el partido del expresidente Correa ganó en nueve prefecturas de un total de 23 provincias; obtuvo el triunfo en las tres más grandes: Manabi, Guayas y Pichincha, en las cuales habita el 52 por ciento de la población, y ganó 61 ayuntamientos de las 221 ciudades de Ecuador, venciendo en las más grandes, a saber: Guayaquil y Quito. Por su parte, el Pachakutik, el frente electoral de la CONAIE, ganó seis prefecturas y 27 alcaldías.
En el referéndum, el presidente Lasso también salió derrotado, ya que el SÍ, impulsado por él, perdió con el 55 por ciento en las ocho preguntas realizadas, a pesar de que, en principio, éstas planteaban temas importantes como reducir el número de legisladores en la Asamblea Nacional, mayor autonomía a la Fiscalía General, cambios en el Consejo de la Judicatura, entre otras.
En lo que se refiere a la inseguridad en aquella a nación sudamericana, algunas cifras señalan que 2022 fue el año más violento de su historia. Datos de la Policía Nacional indican que hubo 4,450 homicidios y más de 332 feminicidios (189 de ellos llevados a cabo por la delincuencia organizada). La tasa de asesinatos por cada 100,000 habitantes es de 25.5 (2022), por lo que es el sexto país con más violencia en la región[9].
Al narcotráfico se le identifica como el principal causante de la violencia y las muertes en aquella nación. Existe un control cada vez mayor de las instituciones del país por parte de los cárteles de la droga[10], lo cual se ha visto reflejado en la crisis carcelaria que azota a Ecuador y que dejó, en 2022, más de 100 personas muertas. Detrás de estos fallecimientos se encuentran los grupos criminales relacionados con el narcotráfico, que buscan el control interno de las prisiones y el negocio de la venta y la exportación de droga, ya que, además, al estar entre Colombia y Perú, Ecuador se convirtió en un importante territorio de tránsito hacia los mercados estadounidense y europeo[11].
Asimismo, y a pesar de decretar estado de excepción en varias ocasiones, el presidente Lasso no pudo disminuir en forma eficaz las tasas de asesinatos en las calles[12], aunado a la penetración de las organizaciones del narcotráfico en la sociedad y ciudades ecuatorianas, con la consiguiente disputa por territorios, y por supuesto, el desempleo, la corrupción y el hacinamiento, que empeoraron esta situación[13].
Incluso, en marzo de 2023, el Ejecutivo declaró terroristas a las organizaciones delictivas que operan en Ecuador para que las Fuerzas Armadas y la Policía pudieran operar sin declarar un estado de excepción. A pesar de ello, la violencia y la inseguridad económica han llevado a más ecuatorianos a abandonar[14] el país[15].
El juicio político y la disolución de la Asamblea Nacional
No es la primera vez que el presidente Lasso enfrenta un intento de juicio político. En octubre de 2021, los llamados Papeles de Pandora rebelaron que varias personalidades y personajes políticos de diferentes países tenían empresas y cuentas en paraísos fiscales, entre ellos, el entonces candidato Guillermo Lasso.
Un informe de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la destitución del mandatario, por inobservancia a la prohibición de que las y los candidatos tengan inversiones en paraísos fiscales. Sin embargo, no obtuvo los votos necesarios en el Pleno, además de que la Contraloría estableció posteriormente que “[…] no encontró elementos objetivos que demuestren que el señor Guillermo Lasso, a las fechas de inscripción de la candidatura para presidente de la República de Ecuador y de posesión de dicho cargo, haya infringido las normas”[16].
Otro intento de juicio político fue el impulsado por el partido Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional después de que violentas protestas indígenas paralizaran amplias zonas del país sudamericano en junio de 2022, y que dejaron seis personas muertas y alrededor de 500 heridas debido (como se refirió) a la resistencia indígena antineoliberal y, en particular, al incremento en el precio de los combustibles. Este nuevo intento de destitución se buscó impulsar por “grave crisis política y conmoción interna”[17]. No obstante, el juicio político no prosperó, al no recopilar los votos necesarios (92 de 137) en el Pleno de la Asamblea Nacional.
El reciente intento de la oposición para un nuevo proceso de juicio político en contra del jefe del Estado ecuatoriano inició a partir del 9 de mayo de 2023. Integrantes de la Asamblea Nacional votaron a favor una resolución, con 88 sufragios de 116 legisladoras y legisladores presentes, para continuar con el proceso por presunta participación del presidente Lasso en el delito de peculado. De acuerdo con la oposición, el mandatario debió haber puesto fin a un contrato firmado en 2018 entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el Consorcio Amazonas Tankers para el traslado de derivados de petróleo, lo cual ha representado pérdidas al tesoro estatal por alrededor de 6.1 millones de dólares.
El presidente asistió a defenderse a la Asamblea Nacional el 16 de mayo y se declaró inocente, además de alegar que quienes intentan destituirlo buscan desestabilizar al Gobierno, a la democracia y al Estado. Sin embargo, ante la posibilidad de ser destituido por el Pleno del Parlamento, el mandatario lo disolvió el 17 de mayo pasado, con base en el artículo 148 constitucional, el cual le permite al presidente esa acción ante “grave crisis política y conmoción interna”, entre otras causales.
Esta decisión implica, además de la disolución del Parlamento, la celebración anticipada de elecciones legislativas y para presidente de la República dentro de un plazo de 90 días. Mientras tanto, el titular del Ejecutivo toma las decisiones públicas a través de decretos-ley[18] de urgencia económica durante seis meses, pero con el aval, respecto de la legalidad o ilegalidad de cada uno de ellos, de la Corte Constitucional.
El presidente Lasso anunció que no se presentará a ese proceso electoral como candidato, aunque su equipo político señaló que el mandatario no descartaba aceptar una posible nueva postulación electoral, si su salud se lo permite. Cabe recordar que el nuevo Ejecutivo tomará posesión del cargo en noviembre próximo y concluirá su periodo en mayo de 2025. En tanto, el expresidente Rafael Correa declaró que su movimiento político reconstruirá al país y abordará la inseguridad que afecta a los 18 millones de habitantes, si tiene éxito en los comicios.
Las implicaciones en el corto y mediano plazos de una medida como la disolución de la Asamblea Nacional son aún poco claras, ya que es la primera vez que este mecanismo constitucional es utilizado desde que entró en vigor la Carta Magna de 2008.
Si bien ha habido una canalización institucional de la situación política, social, económica y de seguridad del país, todavía no se conoce con claridad cuál será la reacción y la estrategia puntual del movimiento indígena, de la ciudadanía y de la centro-derecha, más allá de lo evidente, que es buscar la victoria electoral.
La gobernabilidad y la eficacia de gobierno no son asuntos que se deban dar por sentado. La situación institucional y constitucional a la que llegó Ecuador así lo confirman. Por ello, más allá de las salidas constitucionales e institucionales, la democracia requiere cercanía con la gente, combate a la corrupción, credibilidad hacia el Gobierno, crecimiento económico, repartición justa de la riqueza y, sobre todo, gobernar obedeciendo a la mayoría. Éstos son algunos de los retos que enfrenta el país andino.
Fuentes:
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
[1] “…la esencia de la Revolución Ciudadana está en el cambio de las relaciones de poder, para favorecer de quienes antes fueron olvidados […] El ser humano no es un instrumento más de producción, es el fin mismo de la producción. Nosotros enfocamos la educación y salud como derechos humanos, no como instrumentos de productividad. […] La pregunta clave es quién manda en una sociedad: las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad… (Presidencia de la República del Ecuador, “La Revolución Ciudadana se basa en el cambio de las relaciones de poder”. Gobierno del Ecuador (s. f.), sec. Prensa, Noticias [En línea]: https://bit.ly/3g2JLRi [Consulta: 18 de mayo, 2023]).
[2] Para el 1 de mayo de 2023, su popularidad había caído al 13 por ciento.
[3] Augusto Barrera G., “Ecuador: los laberintos de Guillermo Lasso”. Nueva Sociedad, 296 (noviembre-diciembre, 2021), pp. 4-14 [En línea]: https://bit.ly/3MnNA2k [Consulta: 18 de mayo, 2023].
[4] Carolina Mella, “Los líderes indígenas rompen el diálogo con el Gobierno y agravan la crisis política en Ecuador”. El País (10 de marzo, 2023), sec. Internacional, ed. América-México [En línea]: https://bit.ly/43otmMO [Consulta: 24 de mayo, 2023].
[5] Edgar Romero G., “Guillermo Lasso cumple su primer año de Gobierno en Ecuador: los 7 puntos clave para entender su gestión”. RT (24 de mayo, 2022), sec. Actualidad [En línea]: https://bit.ly/3OMuWAM [Consulta: 21 de mayo, 2023].
[6] Redacción, “AMLO habla sobre crisis política en Ecuador: ‘No deseo que haya inestabilidad’”. El Financiero (17 de mayo, 2023), sec. Nacional [En línea]: https://bit.ly/41XWKrK [Consulta: 22 de mayo, 2023].
[7] France 24, “Guillermo Lasso defiende la aplicación de la ‘muerte cruzada’ y su gestión en Ecuador”. France 24 (25 de mayo, 2023), sec. América Latina, ed. Español [En línea]: https://bit.ly/43oS9Ai [Consulta: 25 de mayo, 2023].
[8] Franklin Ramírez Gallegos, “El rey está desnudo”. Nueva Sociedad (marzo, 2023), sec. Opinión [En línea]: https://bit.ly/3BLEabP [Consulta: 22 de mayo, 2023].
[9] Idem.
[10] Gabrielle Colchen, “Guillermo Lasso, dos años turbulentos de mandato marcados por varias crisis”. France 24 (18 de mayo, 2023), sec. América Latina, ed. Español [En línea]: https://bit.ly/3MM4oBn [Consulta: 21 de mayo, 2023].
[11] Idem.
[12] Idem.
[13] A. Barrera G., op. cit.
[14] “…entre 2021 y 2022 el país asiste a una suerte de segunda gran ola migratoria —más de 190,000 personas salieron de Ecuador esos años—…” (F. Ramírez Gallegos, op. cit.).
[15] CNN en Español, “¿Cómo llegó Ecuador a este punto y qué va a pasar tras la ‘muerte cruzada’ decretada por Lasso?”. CNN en Español (17 de mayo, 2023), sec. Ecuador [En línea]: https://cnn.it/3MUqou1 [Consulta: 22 de mayo, 2023].
[16] Sara España, “Ecuador archiva las investigaciones contra Lasso por los ‘Pandora Papers’”. El País (7 de diciembre, 2021), sec. Los papeles de pandora, ed. América-México [En línea]: https://bit.ly/3ouOguQ [Consulta: 25 de mayo, 2023].
[17] La otra causal que evoca este artículo constitucional para su aplicación es: “Art. 130.- La Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en los siguientes casos: 1. Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional” (Asamblea Nacional del Ecuador, Constitución de la República del Ecuador 2008. Organización de los Estados Americanos (2008) [En línea]: https://bit.ly/3BVzwYT [Consulta: 25 de mayo, 2023]).
[18] El presidente ya firmó dos decretos-ley: uno para fortalecer la economía de las familias a través de la reducción de impuestos a negocios populares, taxistas y artesanos; otro, para ampliar los deducibles para el cálculo del impuesto a la renta de los trabajadores. Ambos fueron enviados a la Corte Constitucional.
