El litio mexicano
Tras ser desechada por la Cámara de Diputados, la reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Congreso de la Unión aprobó esta semana las reformas a la Ley Minera, con el fin de nacionalizar el litio, dada su importancia para la transición energética de México hacia las energías limpias, y ante los riesgos que implicaría dejar en manos de mineras extranjeras la explotación de este recurso, pues por experiencia sabemos que pondría en riesgo los intereses de la nación, al anteponer las utilidades frente al desarrollo económico sostenible.
¿Por qué fue necesario reservar el aprovechamiento del litio en favor del pueblo de México? Hasta ahora es poco conocido, pero el litio —junto a otros elementos, como el níquel y el cobalto— ha sido reconocido como clave para la transición energética, que implica reducir el uso de combustibles fósiles para dar paso a energías limpias, lo cual se encuentra previsto en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y que, a su vez, cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible, siendo el séptimo garantizar el acceso a una energía asequible (a precios razonables), segura, sostenible y moderna.
En este contexto, se prevé un gran crecimiento en la explotación de litio a nivel global, lo cual enciende las alarmas en América Latina, la región del mundo con mayor cantidad de yacimientos de este insumo, a fin de generar esquemas de extracción que potencien el desarrollo regional y no repliquen los saqueos del pasado. Debemos recordar que la mayoría de los minerales y metales utilizados en Europa provienen de América Latina, y que el Triángulo del Litio (trazado entre Bolivia, Chile y Argentina) concentra el 55 por ciento de las reservas de este recurso.
El Centro Estadístico Geológico de Estados Unidos señala que México ocupa el décimo lugar entre los países con más reservas de litio en el mundo, lo que, si bien nos genera una ventaja competitiva, también nos exige un marco regulatorio responsable.
Entre las modificaciones aprobadas el pasado martes en el Senado mexicano a la Ley Minera destacan tres: se declara al litio como mineral de utilidad pública, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias o contratos en la materia; se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México, y se ordena la creación de un organismo público descentralizado que administrará el aprovechamiento y las cadenas de valor económico del recurso.
Si consideramos que en 2018 el mercado de baterías de litio para autos eléctricos valía 7 mil millones de dólares, según la ONU; que se prevé que el mercado llegue a valer 58 mil millones (8.2 veces más) para 2024, y que, de acuerdo con los cálculos de la Agencia Internacional de la Energía, se calcula que la demanda del metal aumentará 40 veces para el año 2040, será fácil comprender la necesidad y pertinencia de esta reforma, que se suma al legado energético de la 4T, al fomentar que México esté preparado para el aprovechamiento responsable de recurso estratégico para el futuro.
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