El Perú ayer y hoy
El 7 de diciembre pasado se cumplió un año de que la exvicepresidenta del Perú, Dina Boluarte Zegarra, asumió la primera magistratura del país. Ello, después de que el Congreso votara la destitución, en 2021, del presidente legal y legítimamente electo de dicha nación, Pedro Castillo Terrones, tras su anuncio de disolver el parlamento y decretar un gobierno de excepción.
Los abogados de la defensa del depuesto presidente, Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto, han indicado que lo que buscó realizar el exmandatario nunca se consumó. “La tentativa siempre tiene que ser idónea. No solo es homicidio si mato a alguien, también puede haber tentativa de homicidio. Pero si quiero matar a alguien con un perejil, obviamente que no. Él sabía que no tenía ningún apoyo”[1]. En ese sentido, el expresidente afirmó: “El día que yo leí ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. No coordiné con nadie”[2].
Desde entonces, el exjefe de Estado se encuentra en prisión preventiva: 18 meses por el delito de rebelión y 36 meses por liderar una presunta organización criminal.
Mientras tanto, la actual presidenta, Dina Boluarte, quien era justamente vicepresidenta de Pedro Castillo, gobierna un país que recrea un modelo económico y político derivado de la época del exmandatario Alberto Fujimori, (plasmado en la Constitución de 1993) y que hoy, entre otros factores, tienen a la presidenta y al Congreso con un 83[3] y un 82[4] por ciento de desaprobación respectivamente.
De esta manera, es interesante abordar, primero, cuál es y cómo ha funcionado el modelo económico y político en Perú. Enseguida, será oportuno analizar la continuidad dicho modelo bajo el actual gobierno, además de conocer brevemente el desempeño la gestión política de la presidenta Boluarte durante su primer año de Administración.
A) El modelo económico y político peruano, y su funcionamiento
Es probable que no pocas y pocos ciudadanos peruanos hayan visto o vean al pasado gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) como aquel que dio, entre otras cosas, crecimiento económico a la nación, brindándole estabilidad después de tener un aparato productivo débil, una hiperinflación galopante, además de afrontar un movimiento armado al interior del país.
En efecto, en lo que a la economía se refiere, a inicios de los años noventa, Perú tenía un aparato productivo muy debilitado y una hiperinflación endémica. El presidente Fujimori fue reactivando dicha economía y logró bajar la inflación progresivamente. Justamente en 1990, la inflación era de 7.481,7 por ciento; descendió a 409,5 por ciento en 1991, pasando a 73,5 por ciento, 48,6 por ciento y 23,7 por ciento en los años 1992, 1993 y 1994 respectivamente[5]. En los años siguientes estas tasas siguieron disminuyendo hasta alcanzar un dígito en 1997 y 1998[6].
De manera general, esto lo consiguió aplicando un modelo económico neoliberal, al privatizar empresas estatales y servicios públicos, al llevar a cabo una política de apertura comercial, solicitar créditos externos, establecer el predominio ideológico del libre mercado, así como la consecuente eliminación de la intervención social y económica del Estado, entre otras acciones.
Sin embargo, el otro lado de la moneda de dicho modelo económico ha sido la reproducción y la profundización de un aparato exportador de materias primas al mercado internacional, particularmente de recursos mineros y gasíferos. Ello ha generado grandes beneficios a un grupo minoritario de compañías nacionales y extranjeras, pero en definitiva ha dejado al margen de dichos réditos a la mayor parte de la población. “Se considera que, entre 1990 y 2019, el PIB del país se multiplicó casi por cuatro (BCRP[7], 2023), gracias en buena parte a las exportaciones mineras y gasíferas; pero, al mismo tiempo, el carácter informal de la economía se mantuvo por encima del 70% entre la población económicamente activa (INEI[8], 2020)”[9].
Respecto al modelo político y forma de ejercer el poder del entonces presidente Fujimori, el cual impulsó la actual Constitución de 1993 y en la cual fue plasmado dicho modelo económico neoliberal, cabe subrayar que algunos de los elementos que caracterizan este modelo político y que le permitieron ejercer un poder autoritario fueron la debilidad institucional de un sistema de partidos, la falta de representatividad de éstos, así como el oportunismo ideológico de muchas y muchos candidatos a legisladores en aquel país.
La multiplicidad[10] y poca institucionalización de los partidos políticos peruanos ha derivado en una crisis de representación debido a la laxitud programática de los mismos y a la consecuente indisciplina ideológico-partidista que prevalece en el Congreso una vez que muchos de las o los candidatos triunfadores son investidos, en este caso como diputados[11]. Incluso, durante su mandato esta indisciplina no es poco frecuente. Anahí Durand, exministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el gobierno del expresidente Castillo señala que “desde un primer momento Perú Libre (el partido de izquierda que postuló a la presidencia de la República a Pedro Castillo) se dedicó a chantajear al presidente pidiendo ministerios y obras. Amenazándolo con votar por la vacancia[12], con no permitirle la gobernabilidad. Ahora les vamos a ocupar un lugar en la mesa directiva con el fujimorismo. Lo mismo con la otra izquierda más progresista de Verónika Mendoza, que dieron la venia a Boluarte”[13].
Por otra parte, si bien en opinión de un sector de la población el expresidente Fujimori dio estabilidad social y política al país por medio, sobre todo, del combate a grupos armados como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru a fin de terminar con su influencia, también es verdad que existían críticas poco alentadoras, por parte de otros grupos de la ciudadanía, con relación a la manera de ejercer el poder de su parte.
Esto significaba, en concreto, un estilo autoritario de gobernar. Ello se visibilizó particularmente, por ejemplo, en el autogolpe de Estado que dio al Congreso de su país en 1992 con ayuda del Ejército a fin de aumentar su poder[14], suspender la Constitución y declarar el Estado de emergencia. Ello además de la toma de sedes judiciales y, sin soslayar tampoco, el financiamiento de grupos paramilitares que fungían como escuadrones de la muerte contra civiles sobre los que se sospechara que cooperaban con la guerrilla[15] (así se les denominaba a grupos como Sendero Luminoso, Tupac Amaru, etc.). De hecho, en 2009, el expresidente Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad.
Si bien desde el entonces gobierno de Alberto Fujimori hasta el actual mandato de la presidenta Dina Boluarte ha habido otros jefes de Estado que han gobernado Perú, cabe señalar que, en 2016, se desató una crisis política e institucional que derivó en la destitución de Pedro Castillo, y otros presidentes anteriores a él, y que desembocó justamente en la designación de la actual mandataria Boluarte en la presidencia de la República de la nación andina. Ello no es casualidad ya que como se ha visto, la aplicación de un modelo neoliberal concentrador de riqueza que antepone intereses económicos a los democráticos, aunado a un sistema poco institucionalizado de partidos políticos, además de la falta de representatividad de éstos, así como una indisciplina político-ideológica-partidista de parte de muchas y muchos legisladores, han ocasionado un deterioro democrático que se ha reflejado en una grave inestabilidad que ha generado dimisiones, interinatos y destituciones de cinco presidentes de la República desde 2016 en aquel país.
Cabe señalar que el nombramiento de Dina Boluarte como jefa de Estado se dio sin un mandato por medio del voto del pueblo y con la insatisfacción de una parte de la población.
En este sentido, la segunda parte de este documento abordará la continuidad del modelo económico y político bajo el actual gobierno, además de realizar un breve análisis de la gestión política de la presidenta Boluarte durante su primer año de Administración.
B) La continuidad del modelo económico y político en Perú a un año de gobierno de la presidenta Boluarte
Actualmente, el modelo económico que sigue prevaleciendo en el Perú es justamente el del libre mercado establecido en la Constitución de 1993. De hecho, éste se ha venido profundizando, dejando prácticamente, y como se refirió antes, en manos de grupos empresariales la explotación de las riquezas naturales del país, sobre todo aquellas en materia minera y gasífera. “A las sucesivas crisis de Gobierno se ha agregado la crisis de Régimen, lo que tiene una repercusión aún más profunda en el cuestionamiento social hacia los que detentan el poder del Estado. Es un cuestionamiento hacia la denominada «recaptura del Estado» (Durand, 2019), que se produjo con el golpe del 5 de abril de 1992, y que significó que los grandes propietarios, con sus aliados extranjeros, retomaron el control directo del aparato estatal que habían detentado hasta la crisis oligárquica de 1968 […][16].
Sin duda, es sintomático que las protestas contra la presidenta Boluarte, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, por la muerte de 18 personas, en medio de enfrentamientos con las fuerzas del orden que exigían el adelanto de elecciones generales, se hayan presentado con mayor fuerza en la parte sur de la región andina del país, entre Huancavelica y Puno. En esta zona se encuentran los principales proyectos mineros y gasíferos del país, y en donde además están establecidos los pueblos originarios quechua y aymara[17].
El modelo neoliberal, el cual se ha basado sobre todo en la exportación de materias primas (economía extractivista), no ha desarrollado una base productiva para el país; además, ha afectado a las poblaciones próximas de las explotaciones mineras y gasíferas, las cuales siguen estando en una condición de pobreza y de pobreza extrema mientras observan simplemente la explotación y la sobreexplotación de sus recursos naturales[18].
La respuesta gubernamental a dichas protestas (diciembre 2022-febrero 2023), y a otras que se han sucedido a lo largo de este mismo año, ha dejado ver que el ejercicio del poder en la actual Administración no es algo inédito. Si en los años noventa los mandatos del presidente Fujimori fueron catalogados por muchas y muchos ciudadanos como autoritarios, hoy, el año de gestión de la presidenta Boluarte, también ha sido caracterizado como algo igual o, por lo menos, parecido por ciertos sectores de la población. “Dina Boluarte se ha definido como “una mujer provinciana de izquierda”, pero confiesa que no entiende las protestas. Ingresado a su tercer mes, su gobierno se ha ido definiendo en los hechos como autoritario, al responder duramente a las protestas que reclaman ponerle fin”[19].
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se han contabilizado 62 muertes (derivadas de todas las protestas hasta el 7 de diciembre de 2023) que siguen pidiendo justicia. “Las organizaciones y víctimas expresaron su preocupación por el incumplimiento a partir de la erosión de instituciones democráticas; la falta de investigación de hechos recogidos en el informe; ausencia de reparación a víctimas de represión estatal, incluidas personas indígenas, y discriminación estructural […][20]”.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe titulado “Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales” estableció, en una de sus conclusiones, que “la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”[21]. Incluso, agrega que “el Gobierno de la presidenta Boluarte no ha entregado ningún medio probatorio que confirme su hipótesis de una supuesta infiltración en las protestas de grupos organizados al margen de la ley con el único objetivo de desestabilizarlos”[22].
Dichas protestas han establecido diversas demandas al gobierno de la presidenta Boluarte, a saber: nuevas elecciones generales, la salida de ella del poder, el cierre del Congreso y un referéndum para que el pueblo decida si quiere una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución.
Por ejemplo, respecto al adelanto de elecciones, si bien la presidenta Boluarte prometió llevarlo a cabo al inicio de su gobierno y luego lo planteó en varias ocasiones al Congreso, los parlamentarios al interior del mismo nunca se pusieron de acuerdo para llevarlo a cabo. Una lectura política de ello consistiría en señalar que, como en Perú no existe la reelección legislativa ni presidencial inmediata, el adelanto de elecciones no estaría en el interés de dichos congresistas, ni en el de la presidenta, la cual incluso anunció en junio de este año que el tema del adelanto electoral estaba cerrado y que seguiría en la presidencia hasta julio de 2026. “Los tres partidos de derecha representados en el Congreso han frustrado el adelanto electoral y respaldan la represión, apoyados por la mayoría de medios de comunicación”[23].
Es claro que la representación política tanto de los legisladores como de la actual jefa de Estado peruana que deben tener de la mayoría de la población no es una de sus fortalezas toda vez que, como se señaló al inicio de este documento, dicho parlamento tiene un nivel de desaprobación del 82 por ciento mientras que el de la presidenta es de 83 por ciento.
Por otro lado, si se habla del cierre del Congreso como lo demanda una parte de la población debido a que, como ésta misma lo expresa, “éste” se ha dedicado a aprobar normas que limitan la democracia, restringe derechos y amplía las facultades represivas, baste mencionar que, a partir de iniciativas del ejecutivo, la protesta ciudadana ha sido bastante encuadrada jurídicamente. “[…] controlado por una derecha que utiliza esa posición para copar las instituciones y sacar normas que limitan la democracia, restringen derechos y amplían las facultades represivas”[24].
Esto se observa, entre otras medidas, a la reciente aprobación del decreto número 1589, el cual agrava las penas relacionadas a la protesta social que derive en violencia.
Dicho decreto establece, entre otros, penas de hasta 15 años de prisión por afectaciones en las vías terrestres, infraestructura portuaria, ferroviaria, aeroportuaria, aérea, la distribución de hidrocarburo, telecomunicaciones, sistema policial, militar y penitenciario.
El abogado penalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Aaron Emilio Aleman Yactayo, señala que “Ante estas nuevas modificaciones, es imprescindible que las autoridades encargadas de la persecución y sanción penal (léase Ministerio Público y el Poder Judicial), valoren cada caso en particular para valorar y ponderar en ellos los derechos fundamentales y humanos de a) la libertad de información y opinión, b) la libertad de reunión y, principalmente, c) la libertad de la protesta libre y pacífica, en tanto y en cuanto estos determinarán si nos encontramos o no ante un ejercicio legítimo de estos derechos en el caso concreto o, en su defecto, si ha existido una extralimitación hacia los mismos. […] ante cualquier flagelo, intimidación, detención arbitraria o violación de estos derechos ejercidos legítimamente bajo pretexto de la aplicación de estos nuevos delitos por parte de las fuerzas del orden, el rol del Defensor Del Pueblo será vital para iniciar las acciones legales correspondientes. (Ello) Con el propósito de que no se pretenda criminalizar la libre y pacífica protesta en nuestro país, por cuanto contraviene directamente los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos que el Perú es Parte”[25].
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que “[…] figuras penales como extorsión, la asociación criminal e instigación a delinquir, los daños a patrimonio público o privado, la usurpación e invasión de inmueble, la obstrucción de vías públicas y la perturbación al orden público, son habitualmente utilizados en forma indiscriminada para criminalizar la protesta”[26].
Por otro lado, si se aborda el desempeño económico del país bajo el gobierno actual, cabe señalar que, a finales de octubre pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, reconoció que la economía peruana se encuentra en recesión. Además, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, de esa nación, hasta agosto de este año, el crecimiento del PIB acumuló una caída de -0,58 por ciento[27].
Otro tema que ha causado indignación en un sector de la población es la excarcelación del expresidente Fujimori por parte del Tribunal Constitucional.
Si bien es cierto que se trata de un poder independiente al ejecutivo, dicha liberación se da en el marco de la gestión gubernamental de la presidenta Boluarte. Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión en 2009 por crímenes de lesa humanidad, pero debido a su condición de salud, se le concedió el indulto humanitario en 2017 por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynsky. Posteriormente, dicho indulto fue anulado por la Corte Suprema de Justicia debido a que fue considerado incompatible con las obligaciones internacionales que vinculan al Estado peruano, entre ellas la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el actual Tribunal Constitucional lo validó el 5 de diciembre anterior alegando la no competencia de la CIDH que había pedido anteriormente al mismo Estado peruano acatar la orden de no sacarlo de prisión.
Así, el expresidente de ascendencia japonesa fue liberado el 6 de diciembre pasado. Ello a pesar del desacuerdo de las familias agraviadas por los crímenes cometidos por el exmandatario y de la misma CIDH.
Este episodio sin duda abre un debate de las responsabilidades del Estado peruano frente a sus obligaciones internacionales y sobre el papel que, como jefa de Estado, desempeña la actual presidenta de esa nación sudamericana.
El modelo económico y político peruano es aquel que instauró el expresidente Alberto Fujimori a partir de los años noventa y que plasmó en la Constitución de 1993. El neoliberalismo, aunado a una débil institucionalización del sistema de partidos y de los partidos mismos, así como la poca representatividad de éstos y sus candidatos con poco o nada de sustento ideológico y programático, permitieron la aplicación no sólo de un modelo económico concentrador de riqueza en detrimento de la gran mayoría de la población, sino también de un ejercicio autoritario del poder.
Estas situaciones han prevalecido y se han profundizado actualmente. Existen convergencias económicas que dejan ver que el neoliberalismo sigue permitiendo la expoliación de los recursos naturales, particularmente, mineros y gasíferos del país en beneficio de pequeños grupos y firmas nacionales y extranjeras. Asimismo, el análisis del desempeño gubernamental en derechos humanos, economía y democracia, a partir de las opiniones del ACNUDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de sondeos de opinión, de la misma declaración de un ministro de Economía y Finanzas del propio gabinete ministerial y de la CIDH en el caso de la liberación del expresidente Fujimori, deja ver un balance, por lo menos, discutible en este primer año de gestión de la presidencia de Dina Boluarte.
Fuente:
[1] “Pedro Castillo: un año tras las rejas, sin banda presidencial ni sombrero”, El País, (7 de diciembre de 2023), [En línea] https://acortar.link/1bgRMN [Consulta: 10 de diciembre de 2023].
[2] Ídem.
[3] “Informe de opinión” Ipsos, (noviembre de 2023), [En línea] https://acortar.link/OlPe6i
[4] Ídem.
[5] Garván (M), “A 29 años de “Fujishock” estado de la economía de los años 90”, El Comercio, (8 de agosto de 2019) [En línea] https://acortar.link/IVUrO8 [Consulta: 10 de diciembre de 2023].
[6] Jiménez (F) “El modelo neoliberal peruano: límites, consecuencias sociales y perspectivas”, Capítulo 7 in “El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas”, CLACSO, (2001) p. 151, [En línea] https://acortar.link/HFXk6M [Consulta: 11 de diciembre de 2023]
[7] Banco Central de Reserva del Perú.
[8] Instituto Nacional de Estadística e Informática (Perú).
[9] Lynch (N), “Perú: la difícil búsqueda de su destino”, CIDOB Notes Internacionals, (marzo 2023), [En línea] https://acortar.link/JedmoQ [Consulta: 14 de diciembre de 2023].
[10] De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, actualmente existen 25 partidos políticos registrados quienes pueden presentar candidatos a todo cargo de elección popular en el país.
[11] En Perú existe una sola Cámara, a saber, la de Diputados. Es un sistema unicamaral.
[12] La vacancia se encuentra contemplada en el artículo 113 de la Constitución peruana y permite al Congreso establecer la incapacidad moral permanente del ciudadano que ocupa la titularidad del poder ejecutivo, además de separarlo del cargo. Esta figura es laxa ya que no establece conductas específicas que puedan ser castigadas, ni tampoco sus consecuencias.
[13] Pizarro (S), “El año de Boluarte en el Perú: muertes, corrupción e indulto”, El Salto, (7 de diciembre de 2023) [En línea] https://acortar.link/a1FWLh [Consulta: 13 de diciembre de 2023].
[14] “Fujimori no controlaba el órgano legislativo y sus leyes eran constantemente bloqueadas, algo que sirvió como pretexto para esta intervención aprovechando el descredito que sufría la política tradicional entre la sociedad. Tras el ‘fujimorazo’ su poder aumentó y fue reelegido en 1995”. Cordero (A), “Alberto Fujimori: historia el presidente más polémico de Perú”, France 24, (24 de marzo de 2022), [En línea] https://acortar.link/Hp1uOl [Consulta: 15 de diciembre de 2023].
[15] Ídem.
[16] Lynch (N), “Perú: la difícil búsqueda de su destino”, op.cit.
[17] Ídem.
[18] Lynch (N), “Perú: la difícil búsqueda de su destino”, op.cit.
[19] Pásara (L), “El autoritarismo se abre paso en Perú”, Friedrich Ebert Stiftung, (13 de marzo de 2023), [En línea] https://acortar.link/RYUgtc [Consulta. 13 de diciembre de 2023].
[20] Pizarro (S), “El año de Boluarte en el Perú: muertes, corrupción e indulto”, op.cit.
[21] Gómez (R), “La CIDH, sobre las protestas en Perú: “Podrían calificarse como una masacre”, El País, (3 de mayo de 2023), [En línea] https://acortar.link/STvtgi [Consulta: 15 de diciembre de 2023].
[22] Ídem.
[23] Pásara (L), “El autoritarismo se abre paso en Perú”, op.cit.
[24] Noriega (C), “El año en que Perú reprimió las protestas y liberó a Fujimori”, Página 12, (8 de diciembre de 2023) [En línea] https://acortar.link/xtndgL [Consulta: 12 de diciembre de 2023].
[25] Aleman (A), “El Decreto Legislativo Nro.1589: ¿La criminalización de la protesta o una técnica legislativa deshonesta?”, Enfoque Derecho, (7 de diciembre de 2023), [En línea] https://acortar.link/ZiyPH8 [Consulta: 13 de diciembre de 2023].
[26] “Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales” Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Ser.L/V/II. Doc. 57/23 (23 de abril de 2023), p. 88.
[27] Ramos (A), “Economía del Perú cerrará el 2023 en negativo por primera vez desde 1998, según mayoría de proyecciones”, Infobae, (23 de octubre de 2023), [En línea] https://acortar.link/E8IqdA [Consulta: 16 de diciembre de 2023].
