El presidente AMLO y el control de precios
El confinamiento al que nos orilló la pandemia de COVID-19 provocó una abrupta caída en la producción de bienes y servicios a nivel global, lo que implicó una oferta limitada y, por tanto, un aumento generalizado de los precios. Después, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania provocó movimientos en el mercado que elevaron los precios internacionales de granos y energéticos, produciendo mayor presión, especialmente sobre los bolsillos de las familias más humildes.
Fiel al principio de atender de manera prioritaria a quienes menos tienen, el Gobierno de México presentó 16 acciones contenidas en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), en colaboración con representantes de la iniciativa privada, que en forma voluntaria se sumaron a la propuesta.
Las acciones que contempla el paquete destacan por su diseño adaptado a la libre competencia, sin la fijación de precios máximos y centrado en el aumento de la producción y el mejoramiento de las condiciones del comercio nacional e internacional, para inhibir la inflación durante los próximos meses.
No obstante, considerando la especial importancia de mantener estables los precios de la gasolina y el diésel, el Gobierno federal destinará 330 mil millones de pesos. Esta estrategia se logra financiar gracias al excedente de la exportación de petróleo crudo mexicano, y es consecuente con la política de evitar el aumento de precios de los combustibles, que ha implementado desde el inicio de su gestión el presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de sus 100 compromisos de campaña.
Entre las acciones para mejorar la producción, destacan la ampliación del programa de entrega de fertilizantes, de cinco a nueve entidades federativas; la creación de un programa emergente de fertilizantes orgánicos, y el incremento de la siembra de maíz, frijol y arroz mediante el programa Producción para el Bienestar.
Para mejorar la distribución, se reducirán tiempos y costos de trámites en aduanas, se reforzará la seguridad en carreteras y no se aumentará el costo del peaje. En cuanto a las medidas de comercio exterior, se dejarán de cobrar impuestos a la importación de 21 productos de los 24 que integran la canasta básica, y a cinco insumos estratégicos, entre ellos, la harina de trigo y el sorgo.
Telmex, Telcel, Bimbo, Chedraui, Maseca, las cadenas comerciales minoristas del país y demás sectores de la IP también expresaron medidas que de modo voluntario implementarán para no elevar los precios de sus productos y servicios: una muestra más de la nueva relación entre el Gobierno de México y las empresas, que tiene como eje principal la búsqueda del bienestar común.
Los esfuerzos contra la inflación deben entenderse en un esquema más amplio de combate a la pobreza. Si los precios suben, las familias con menores ingresos se ven en peligro de sufrir mayores carencias. Por eso, el Senado aprobó en 2020 que cada año se aumenten los salarios por arriba de la inflación, y es también por ello que a los sectores público y privado, así como a la clase trabajadora les es mutuamente conveniente frenar la influencia del incremento de los precios internacionales en nuestro país.
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