El reto

Pocas obras resuenan en la literatura contemporánea con el tema de la experiencia migratoria como La maravillosa vida breve de Óscar Wao, de Junot Díaz. En sus páginas se entretejen las complejidades de la identidad y la superación humana, así como la lucha del protagonista por encontrar su lugar en el mundo, atrapado entre dos culturas. Al mismo tiempo, retrata las complejidades, los desafíos, oportunidades y sacrificios de la migración. Esto cobra especial relevancia y nos lleva a reflexionar sobre el asunto, especialmente en medio de la polémica ocasionada por la entrada en vigor de la llamada ley SB4 en Texas, Estados Unidos.

Mi trayectoria política ha estado marcada por un profundo interés en el tema de la migración. Durante mi desempeño como gobernador de mi natal Zacatecas, un estado con una alta tasa de migración, impulsamos programas exitosos, como el 3×1 para Migrantes. Además, promovimos la creación de la figura del diputado migrante, la cual solo contemplan otras cuatro entidades (Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Guerrero), y que desde 2003 busca representar, defender y dar voz a quienes tuvieron que dejar sus comunidades en la legítima búsqueda de mejores oportunidades de vida para sus familias.

También, a lo largo de estos años, he visto la manera en que el tema migratorio alcanzó el nivel de crisis que tiene en la actualidad, y que ahora se agudiza a raíz de la entrada en vigor de la Ley SB4, recientemente avalada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y promulgada por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.

Entre otros aspectos, esa normativa es polémica porque sus disposiciones otorgan a las policías estatal y local la facultad para solicitar a cualquier persona sus documentos migratorios o de identificación, sin necesidad de sospecha razonable; es decir, pueden requerírselos en cualquier sitio solo por su aspecto.

El rechazo a esta ley es patente por parte del Gobierno del presidente Joe Biden, pero también trascendió fronteras, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador la condenó enérgicamente, argumentando que viola los derechos humanos de los más de 10 millones de mexicanas y mexicanos que residen en Texas.

En ese contexto, es crucial reconocer el aporte invaluable que hacen las y los migrantes a la economía mexicana, ya que, según cifras del Banco de México, en 2023 se recibieron 63 mil 313 millones de dólares en remesas provenientes del exterior. Estos recursos no solo sustentan a sus familias en sus estados de origen, sino que también contribuyen al desarrollo de comunidades enteras.

Sin embargo, la realidad es que la migración dista mucho de ser una decisión fácil. Para quienes la toman, implica una travesía marcada por peligros y dificultades, incluyendo la posibilidad de ser víctimas de delitos a manos del crimen organizado. Baste recordar la masacre de San Fernando, en Tamaulipas, durante el gobierno de Felipe Calderón, o el afortunado rescate de más de 40 migrantes por parte de las autoridades federales y la Guardia Nacional en Matehuala, San Luis Potosí, el año pasado.

Tampoco debemos perder de vista que 2024 es un año electoral en Estados Unidos y que el tema de la migración es un caballo de batalla que alimenta un clima de xenofobia y discriminación con discursos como el del candidato republicano Donald Trump, quien no duda en afirmar —por ejemplo— que las personas migrantes “están envenenando la sangre” de su país.

Nada más falso: quienes dejaron sus lugares de origen en la legítima búsqueda del llamado sueño americano han contribuido durante décadas a que Estados Unidos siga siendo una de las principales economías mundiales. El endurecimiento de las medidas antiinmigrantes no solo aumenta el sufrimiento de las personas que buscan una vida mejor, sino que también perpetúa políticas racistas e intolerantes, que vulneran los derechos humanos.

El reto de la solución a la crisis migratoria no radica en leyes punitivas, sino en un enfoque colaborativo. Estados Unidos y México deben trabajar juntos para abordar las causas subyacentes de la migración, garantizando el respeto a los derechos universales y ofreciendo vías legales y seguras para quienes buscan una vida mejor, porque no solo se trata de una cuestión política, sino de humanidad.

 

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