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Emergencias en medio de emergencias: la situación de vulnerabilidad de las personas refugiadas en el mundo
Emergencias en medio de emergencias, como la explosión en Beirut y el incendio que hace unos días devastó el campamento de Moria, en la isla griega de Lesbos, obligan a reflexionar sobre la situación de vulnerabilidad que millones de personas enfrentan y cuyos retos diarios se recrudecen en un contexto de pandemia.
El campamento de Moria —el más grande en Europa por albergar a 13,000 personas— se incendió, aparentemente por una protesta de personas refugiadas que se negaban a ser recluidas tras dar positivo a COVID-19. No se reportaron víctimas mortales, pero el caos generado y la crisis en la atención de las y los refugiados obligó a decretar estado de emergencia y llamar a la acción al bloque europeo. [1]
Conforme la pandemia se extendía a nivel global, uno de los principales temores ha sido el impacto humanitario que tendría si llegara a campos de personas refugiadas y, en general, si se expandiera entre personas migrantes y en situación de vulnerabilidad que están buscando asilo, a quienes es difícil garantizarles las medidas más básicas, como lavado de manos, quedarse en casa y mantener la distancia. Muchos de estos asentamientos están densamente poblados, con pobres condiciones de salubridad, sin acceso a agua potable ni saneamiento adecuado. Aunado a ello, la población en esta situación presenta cuadros de salud frágil, por el tiempo que ha pasado en huida y la escasez de agua y alimento, entre otros motivos.
En el contexto de la pandemia, 134 países de acogida de personas refugiadas informan de la transmisión local de COVID-19. [2] Justamente al inicio de la pandemia, diversas organizaciones advirtieron que Moria podría convertirse en un foco rojo, y demandaron desmantelarlo y trasladar a la gente a otras instalaciones. Se reporta que había sólo un retrete por cada 160 personas y una ducha por cada 500.
Este incendio, que no es el primer incidente que sucede en ese campamento —originalmente construido para albergar sólo a 2,800 personas—, refuerza la necesidad de atender la agenda migratoria a nivel internacional y, en particular, en la Unión Europea, a pesar de que las estadísticas de llegadas irregulares en esta región sean sustantivamente más bajas que las registradas por ejemplo en 2015.
Apenas hace unos días se compartió la nueva propuesta de pacto migratorio de la Unión Europea, que consideraba abandonar el establecimiento de cuotas en un intento de cambiar las reglas de asilo y migración, después de un largo impasse en una de las negociaciones más difíciles del bloque. [3]
Si bien los países se encuentran analizando el texto, algunos, como Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, ya han emitido declaraciones de rechazo a la propuesta, bajo el argumento de que las y los inmigrantes deben “ser detenidos y devueltos a sus países para recibir ayuda allí”. Naciones que han sido principales receptoras, como España, Italia, Grecia y Malta, son más cercanas al enfoque de solidaridad obligatoria. [4]
Como telón de fondo se encuentran las condiciones que viven las personas migrantes en embarcaciones en el Mediterráneo, algunas de las cuales han permanecido en el mar por semanas. Hace un mes, la Organización Internacional de Migración y la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) [5] levantó la voz pidiendo por la “desembarcación segura en medio de la pandemia y de una reducción de la capacidad de búsqueda y rescate”, con base en el imperativo humanitario.
Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, más de 21,600 migrantes han llegado a las costas de Italia, contra 8,700 del año anterior. Si bien esto evidencia un incremento, es una cifra menor a la registrada en años previos, especialmente desde que se firmó el acuerdo con Libia para prevenir las salidas de migrantes. [6]
Organizaciones no gubernamentales de rescate se han posicionado en contra del pacto europeo sobre migración, porque justamente no incluye operaciones de búsqueda y rescate. Estas organizaciones demandan que la Unión Europea ponga en marcha políticas destinadas a salvar vidas. En una carta, citan el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución, que se encuentran plasmados en los Tratados de la Unión Europea. Es una crítica a la falta de apoyo de las misiones de búsqueda y rescate, y a la persecución de quienes realizan estas acciones. Un reporte de Amnistía Internacional encontró que, desde 2015, más de 150 personas han sido investigadas y juzgadas en Europa por ofrecer apoyo a migrantes. [7]
Un reporte de Amnistía Internacional encontró que, desde 2015, más de 150 personas han sido investigadas y juzgadas en Europa por ofrecer apoyo a migrantes.
Estos episodios son una muestra de los retos que se enfrentan alrededor del mundo para atender la situación de personas refugiadas. Con base en el reporte de tendencias globales de la ACNUR [8], se estima que existen 79.5 millones de personas desplazadas en el mundo. Tan solo en 2019 se contabilizaron 2 millones de nuevas solicitudes de asilo, siendo el país vecino, Estados Unidos, el mayor receptor de las peticiones individuales.
Según estadísticas, el 85 por ciento de las personas refugiadas se acogieron en países en desarrollo, y durante el año, se admitió formalmente a 107,800 personas refugiadas para su reasentamiento; más de dos tercios de éstas, provenientes de cinco países: Siria (con un total de 6.6 millones de personas), Venezuela (3.7 millones), Afganistán (2.7 millones), Sudán del Sur (2.2 millones) y Myanmar (1.1 millones).
Una tendencia preocupante es que la proporción de la población que se ha visto desplazada sigue aumentando: en 2005, era una de cada 174 personas; y para 2019, una de cada 97 estaba siendo desplazada por la fuerza.
El mismo informe sobre las tendencias globales de desplazamiento forzado reporta que en nuestra región latinoamericana se ha incrementado sustantivamente el número de nacionales de Centroamérica y de Venezuela que presentaron solicitudes de asilo: 1.6 millones entre 2016 y 2019, comparado con las 220,000 que se registraron entre 2010 y 2015.
México forma parte del grupo de los países que tienen que enfrentar los retos del desplazamiento tanto en su papel de emisores como de receptores de migrantes. Sabemos que se han incrementado las solicitudes de asilo, entre 2013 y 2019, de 1,296 a 70,302, lo que para cualquier sistema migratorio representa un impacto mayúsculo. [9]
Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) prevé que las cifras aumenten hacia el cierre del año, ante los impactos de la pandemia y los desafíos que enfrentan migrantes y posibles solicitantes de asilo en Estados Unidos. Mención especial merece la situación particular de niñas, niños y adolescentes no acompañados, la labor comprometida de tantas organizaciones de la sociedad civil que apoyan a las comunidades migrantes y la lucha que diferentes actores protagonizan por la protección de sus derechos humanos.
Como bien ha mencionado António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas: “la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos”. [10] El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular así lo establece, y precisamente busca mejorar la cooperación para salvar vidas de migrantes, y garantizar un regreso seguro y digno a las personas migrantes deportadas.
En México, recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la ACNUR y la Organización Internacional del Trabajo impulsaron una iniciativa para alentar la incorporación de personas refugiadas y solicitantes de asilo al mercado laboral del país. Una iniciativa innovadora, entre muchas otras, que busca romper con la percepción de que existe competencia entre la población local y la población migrante en el mercado laboral. [11]
Cambiar la situación de vulnerabilidad de las y los refugiados no depende de un solo país o de un paquete de iniciativas, es un reto que requiere un entendimiento distinto del fenómeno migratorio y de la cooperación internacional en un contexto de complejidad profunda, recursos limitados y demanda de voluntad política a nivel global.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
Fuentes
[1] Mourenza, Andrés. (15 de septiembre de 2020). “Un incendio destruye el gran campo de refugiados de Lesbos y deja sin techo a casi 13.000 personas”. El País. 23 de septiembre de 2020. https://bit.ly/30b8Lxg
[2] ACNUR. (2020). “Plan de ACNUR contra el COVID-19”. eacnur.org. 24 de septiembre de 2020. https://bit.ly/368CjPY
[3] Jennifer Rankin. (23 de septiembre de 2020). “EU proposes to ditch refugee quotas for member states”, The Guardian. 24 de septiembre de 2020. https://bit.ly/36aaG8W
[4] Álvaro Sánchez. (24 de septiembre de 2020). “El eje antinmigración del Este rechaza el plan de Bruselas: ‘Deben ser detenidos y devueltos’”, El País. 24 de septiembre de 2020. https://bit.ly/3657Qlx
[5] UN News (29 de agosto de 2020). “UN agencies call for urgent disembarkation of hundreds rescued in the Mediterranean”. UN News. 29 de agosto de 2020. https://news.un.org/en/story/2020/08/1071332
[6] Agence France-Presse in Rome. (2 de septiembre de 2020). “Migrants rescued by Banksy-funded boat to be taken to Palermo”. The Guardian. 23 de septiembre de 2020. https://bit.ly/2SbBCgB
[7] Trilling, Daniel. (22 de septiembre de 2020). “How rescuing drowning migrants became a crime”. The Guardian. 23 de septiembre de 2020. https://bit.ly/32ZrWf7
[8] ACNUR. (18 de junio de 2020). Tendencias globales. Desplazamiento forzado 2019. 23 de septiembre de 2020. https://bit.ly/3i1XIfK
[9] COMAR. (1 de junio de 2020). “Estadística mayo 2020”. Gobierno de México. (23 de septiembre de 2020). https://bit.ly/3j4oNQG
[10] ONU. (5 de diciembre de 2018). “Pacto Mundial sobre Migración: ¿a qué obliga y qué beneficios tiene?”. Noticias ONU. https://bit.ly/305tAKw
[11] STPC. (10 de septiembre de 2020). “Convergen STPS, ACNUR y OIT en promoción del derecho al trabajo de las personas refugiadas”. Boletín núm. 074/2020. Gobierno de México. https://bit.ly/3hZiz3v
