Federalismo y cambio de régimen
El federalismo, como sistema de gobierno, ha sido adoptado por países con un amplio territorio, como Rusia, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Brasil y Argentina, abarcando así más de la mitad de la superficie de la Tierra. Sin embargo, las dificultades que esta forma de organización conlleva incluyen su planteamiento específico sobre cómo llevar a cabo la repartición de los recursos económicos de un país y la manera en que se distribuye el poder político. Con esto en mente, resulta comprensible y natural que actualmente en México se haya conformado la autodenominada “Alianza Federalista”, integrada por diez gobernadores.
Es comprensible, porque esta agrupación surge en medio del cambio de régimen que inició en 2018, que implica un replanteamiento de los equilibrios políticos preexistentes y que ha generado resistencia por parte de aquellos grupos que prefieren el viejo orden. La formación de Alianza Federalista es una prueba más de que toda acción genera una reacción.
Es natural, porque este tipo de manifestaciones son comunes y saludables para el fortalecimiento de los principios democráticos, pues se debe recordar que, como forma de gobierno, la democracia funciona, siempre y cuando quien no esté en el poder pueda aspirar a llegar a él eventualmente.
En este sentido, no hay que perder de vista que la formación de este grupo se da a menos de un año de que tenga lugar la elección más grande en la historia de México, y que los diez mandatarios que lo integran pertenecen a fuerzas políticas opositoras al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sería erróneo omitir del análisis que este bloque, además de querer iniciar una discusión sobre el pacto fiscal, busca también retener y ganar más espacios de influencia política.
Igualmente, se debe considerar que el funcionamiento y el proceso de maduración del federalismo en México es relativamente joven. Si bien desde la Constitución de 1824 ha sido el sistema de gobierno que ha prevalecido —con la breve interrupción del centralismo impuesto por Santa Anna—, la falta de apertura democrática en México, en conjunción con el presidencialismo metaconstitucional que hasta hace muy poco imperó, dio como resultado que los principios federalistas fueran más un mito que una realidad, pues al ser todas las entidades gobernadas por el partido del presidente no existía ninguna tensión política entre el centro y la periferia y, de existir, no tenía un cauce institucional para expresarse.
En este sentido, no es casual que el proceso de maduración del federalismo en México, a través de la cristalización de una política fiscal cada vez más estructurada y con mayor capacidad recaudatoria, iniciara en la década de 1980, cuando en el país ya empezaban a surgir contrapesos locales, que se consolidarían a finales de la década de 1990, cuando un grupo de gobernadores que surgimos de la izquierda partidista formamos la Asociación Nacional de Gobernadores (Anago).
Si en ese momento, cuando la democracia en México aún se encontraba en germinación, existió un espacio para la formación de la Anago, ahora, en medio de un cambio de régimen en el que es prioridad defender los principios democráticos, no debe ser preocupante ni extraño que haya quienes se organicen para tratar de poner en la mesa la forma como se entiende el federalismo, pero tampoco se debe perder de vista la intencionalidad política que existe detrás de esta demanda.
Frente al surgimiento de este bloque, el presidente López Obrador tiene al menos dos opciones. La primera es la de simplemente, como en el pasado, ignorar las peticiones e imponer la voluntad del centro. La segunda, por la cual ha optado el actual titular del Ejecutivo federal, es no negar la posibilidad de revisar la manera en que los ingresos son distribuidos entre las entidades federativas, algo especialmente importante dada la crisis que el mundo ha enfrentado en 2020 y que continuará afrontando en 2021.
Sin embargo, esta revisión no debe ser unilateral; se trata de una carretera de dos vías. Por un lado, se tendrá que revisar el actual sistema fiscal, el cual se funda en las reformas que se llevaron a cabo en la administración panista que gobernaba en 2007, pero al mismo tiempo, las entidades federativas tienen que ajustarse el cinturón para hacer frente a una realidad que está por venir, en la que los efectos de la pandemia seguirán aún vigentes y solamente podrán ser atendidos si a nivel local se aplican las políticas de austeridad y anticorrupción que se están llevando a cabo en el orden federal.
Se trata de una discusión que tarde o temprano habrá de tener lugar, pero mientras tanto, ante la presencia de un Gobierno federal realmente democrático y frente a la necesidad de combatir los efectos de la COVID-19, es importante que la máxima “Divide y vencerás” sea desterrada por la idea de que la unión, una vez más, hará la fuerza.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
