Con esta ley, México entra de lleno al siglo XXI administrativo. Dejamos atrás la opacidad del trámite y damos paso a una nueva era: la de la ciudadanía digital.
El día en que la ciudadanía pueda acceder a todos los trámites del Gobierno desde su celular, sin tener que comparecer ante una ventanilla burocrática, esa fecha habrá que recordarla como un día de liberación, porque el Gobierno estará literalmente en manos ciudadanas, y no como acontece hoy en muchos lugares del planeta, donde la ciudanía está en manos del Gobierno, por la tramitología existente.
Y el día en que, además de hacer trámites mínimos, se pueda votar y elegir a todo tipo de autoridades desde un dispositivo electrónico habrá democracia digital plena, la máxima expresión de la democracia participativa directa.
Pues bien, de la mano de la 4T, la democracia y la ciudadanía digitales cada día están más cerca de ser en México una realidad cotidiana. Este lunes, en el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobamos la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una de las iniciativas más ambiciosas y necesarias de los últimos años. Se trata de una reforma estructural que no solo elimina trámites innecesarios, sino que moderniza la relación entre el Estado y su gente.
Durante décadas, la tramitología fue sinónimo de abuso, corrupción y frustración. Bastaba con acudir a una ventanilla para encontrar obstáculos disfrazados de requisitos. El papeleo no era un medio de orden, sino un mecanismo para condicionar derechos. Según la ENCIG 2023, más del 83 % de las y los ciudadanos percibe la corrupción como un problema frecuente, especialmente en trámites públicos.
Esa realidad no podía continuar. Por ello, la ley que ayer aprobamos marca un antes y un después en la gestión pública mexicana. Sustituye el desorden por interoperabilidad; la discrecionalidad, por transparencia; el desgaste ciudadano, por un modelo digital, ágil y seguro.
Entre sus innovaciones clave destacan:
- Llave MX, una herramienta única de autenticación digital vinculada a la CURP, que permite validar identidad sin documentos físicos.
- El Portal Ciudadano Único, donde convergerán trámites federales, estatales y municipales, eliminando duplicidades y facilitando el acceso universal.
- El Expediente Digital Ciudadano, que evitará la repetición innecesaria de documentos ya presentados, reduciendo tiempos, costos y maltrato institucional.
Esta ley no es un simple cambio tecnológico. Es una decisión política que pone fin al “Usted regrese mañana” y establece un nuevo pacto de confianza entre Gobierno y ciudadanía. Un modelo en el cual los derechos no se gestionan con paciencia, sino que se ejercen con dignidad.
La digitalización no es únicamente eficiencia: es justicia social. Significa acercar servicios a las comunidades más alejadas, liberar a emprendedores de cargas innecesarias, facilitar el acceso a derechos a personas con discapacidad y romper con las inercias del poder burocrático.
Además, esta reforma refuerza la soberanía tecnológica de la nación, al apostar por plataformas públicas, seguras, desarrolladas por talento nacional y protegidas bajo principios de interés público.
La transformación del aparato gubernamental no es inmediata ni automática. Exigirá coordinación, voluntad y disciplina institucional. Pero el rumbo ya está trazado: un Estado más ágil, más transparente y más confiable, que deja atrás los muros de papel y tiende puentes digitales hacia un nuevo horizonte de derechos.
Con esta ley, México entra de lleno al siglo XXI administrativo. Dejamos atrás la opacidad del trámite y damos paso a una nueva era: la de la ciudadanía digital, el Gobierno abierto y la democracia sin barreras para todas y todos.
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