Hacia la democracia judicial
El juicio de amparo y la elección popular de las y los jueces serán dos grandes pilares, dos grandes aportaciones de México a la democracia judicial y a la construcción del Estado democrático de derecho en el mundo.
Está en marcha la reforma al Poder Judicial más importante en los últimos 200 años de la historia del país. Es la reforma que realmente nos permitirá hablar de un cambio de régimen jurídico y político, entendiendo que la combinación de lo jurídico y lo político es la esencia de un Estado democrático de derecho.
Inició el proceso de registro de personas candidatas a juezas y jueces federales, magistradas y magistrados de circuito, ministras y ministros de la Suprema Corte e integrantes de un órgano judicial nuevo: el Tribunal de Disciplina Judicial (la instancia que juzgará a las y los juzgadores).
¿Qué elegiremos por primera vez el próximo año? Cinco ministras y cuatro ministros de la SCJN; tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal; diez magistradas y cinco magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral federal; 464 cargos para magistraturas de tribunales colegiados de circuito y de tribunales colegiados de apelación; 386 cargos para juezas y jueces de distrito. En total, 881 cargos; es decir, poco más de la mitad de las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Las 32 entidades federativas tendrán hasta 180 días para hacer lo propio con sus respectivos poderes judiciales.
No busquemos un precedente en otro país. Simplemente no existe en ninguna otra parte del planeta una reforma judicial de este calado. Algunos estados de la Unión Americana eligen a sus juezas y jueces locales, pero no a nivel federal; Bolivia elige a las y los integrantes de su Suprema Corte, pero no al resto de la estructura, y Japón tiene un sistema mixto de elección directa e indirecta, en uno y dos tiempos.
Sin embargo, nadie elige a la totalidad de las y los jueces, magistrados y ministros, como lo haremos en México el próximo año y en 2027. Por eso tendremos los ojos del mundo encima en este ejercicio inédito de democracia judicial. De aquí puede salir la segunda gran aportación de nuestro país al mundo del derecho, que le deje respeto y reconocimiento universales, como en su momento se lo dio el juicio de amparo, el recurso por excelencia de protección a los derechos humanos y las garantías individuales.
Por ello, muy al contrario de lo que piensan los detractores de la reforma al Poder Judicial, el juicio de amparo y la elección popular de personas juzgadoras serán dos grandes pilares, dos grandes aportaciones de México a la democracia judicial y a la construcción del Estado democrático de derecho en el mundo.
De ahí que la elección judicial en marcha deberá ser impoluta, impecable y pulcra en su instrumentación y aterrizaje. De ese tamaño es la importancia de lo que viviremos en los próximos meses.
¿Cómo se nombraba antes a las y los juzgadores? Mediante el sistema de cuotismo y cuatismo. Los partidos dominantes en el Legislativo y en el Ejecutivo se ponían de acuerdo para alcanzar la mayoría calificada, y cada uno de ellos proponía sus cuotas de poder y sus cuates de partido. ¿El resultado? La carrera judicial se convirtió en carrera familiar; la autonomía judicial, en aislamiento social, y la división de poderes, en cotos de privilegios y fuente de corrupción.
¿Todavía habrá alguien que defienda este régimen judicial en extinción?
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