Hacia una mejor competencia y regulación de mercados
La competencia es algo positivo para las y los consumidores y para las empresas, pues a consecuencia de su existencia las personas pueden acceder a mejores precios; además, es un importante motor que promueve que las compañías más innovadoras y enfocadas en quienes consumen sean las que más probablemente tendrán éxito.
En México existen dos autoridades de competencia autónomas principales. La primera es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), encargado de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión y, la segunda, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), responsable de garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como el funcionamiento eficiente de los mercados. Existe además un número considerable de reguladoras sectoriales entre las que destaca, por la importancia de la materia, la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Estas instituciones son producto de la constante evolución del régimen de competencia en México, el cual inició en la década de los noventa del siglo XX, coincidiendo con la época de privatizaciones que tuvieron como resultado altas concentraciones del mercado, y que hasta muy recientemente han empezado a ser sancionadas. No se puede pasar por alto que tanto los sistemas de competencia como los reguladores seccionales han logrado fortalecerse en México, siendo la autonomía y la diversidad técnica dos factores que han mejorado las condiciones de los mercados en el país.
No obstante, existen áreas de oportunidad que merecen ser analizadas, para asegurar que las instituciones que tienen que proteger la competencia puedan realizar su labor de manera más eficiente. Por ejemplo, en un reporte reciente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó 30 recomendaciones tanto al IFT como a la COFECE.
Una de las recomendaciones centrales para mejorar y asegurar la correcta funcionalidad de ambas instituciones es la necesidad de que se considere que la evolución de la economía digital puede dar lugar a una mayor incertidumbre y complejidad en relación con la asignación de casos que pueden ser competencia para ambas instancias, lo cual exige una cooperación aún más estrecha y continua.
Otra de las recomendaciones es que las autoridades de competencia en México deberían acudir menos a las resoluciones por aceptación de compromisos. Bajo estos acuerdos, las empresas que están siendo investigadas pueden proponer compromisos durante la fase de investigación, a cambio de una exención o reducción parcial de multas. El recurrente uso de este mecanismo, además de impedir que se genere jurisprudencia al respecto, ha ocasionado que el número de resoluciones que acreditan una infracción en México sea inferior al promedio de las aprobadas en América Latina y en otras regiones.
En síntesis, aunque las autoridades de competencia y reguladoras han jugado un papel fundamental para optimizar las condiciones de los mercados en México, existen mejoras necesarias para asegurar su correcta coordinación, así como la aplicación de medidas que tiendan a generar lineamientos legales que impidan la concentración en los mercados.
En este sentido, el martes 9 de junio solicité enlistar en la Gaceta de la Comisión Permanente una iniciativa de modificación constitucional a los artículos 27 y 28, en la que se propone fusionar la COFECE, el IFT y la CRE. Su objetivo es garantizar que las y los consumidores se vean favorecidos al comprar bienes y servicios, y al mismo tiempo garantizar que las empresas operen dentro de la ley, así como facilitar los procesos para que puedan llevar a cabo proyectos productivos.
La iniciativa generó diversas opiniones y reacciones por parte de analistas, especialistas, periodistas, grupos sociales, personalidades gubernamentales y grupos económicos, quienes, en un intercambio respetuoso e inteligente de ideas, y de buena fe, me han solicitado tiempo para el análisis y la deliberación, ya que se trata de una iniciativa de reforma constitucional trascendente.
También he escuchado críticas que se alejan del sentido de la iniciativa y que son producto de la intensidad del debate actual. Por ello es importante aclarar que no hay intención de crear un superpoder, ni de dar paso al autoritarismo o a concentrar las funciones de estas instituciones en el Ejecutivo federal, mucho menos eliminar su autonomía constitucional. Al contrario, lo que se busca es fortalecer esa autonomía, facilitar la coordinación entre las instancias, robustecer la competencia económica y mejorar la regulación de los sectores, en beneficio de la sociedad.
Precisamente porque el espíritu de la iniciativa es alcanzar una mejoría que genere condiciones superiores, y debido a que no se encuentra sujeta a presiones de ningún tipo, su proceso legislativo será pospuesto, para poder escuchar propuestas y opiniones y, si es el caso, modificarla y enriquecerla. Además, debido al momento histórico en el que nos sitúa la pandemia, tenemos la obligación de priorizar y concentrar nuestra atención en los problemas derivados de esta crisis en materia de salud y también en prepararnos para la inminente puesta en marcha del T-MEC. Por una parte, debemos seguir observando las indicaciones sanitarias y, por la otra, implementar instrumentos para la recuperación económica.
Nunca es bueno apostar por la polarización y por la confrontación. A todas y a todos nos conviene buscar caminos de entendimiento racional y senderos comunes de desarrollo; escuchar y reconducir no desmerece a nadie.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
