La búsqueda de la paz en Colombia
Con el inicio de la presidencia de Gustavo Petro en Colombia quedaron atrás 200 años de regímenes conservadores en el país andino. Una de las propuestas fundamentales de cambio tiene que ver con la “paz total”, que busca terminar con la violencia mediante el diálogo entre las partes y la implementación de una política integral y permanente.
Esta iniciativa tiene sus cimientos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) que suscribieron el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016.
Bajo este esquema, las FARC se comprometieron a entregar sus armas, a no incurrir en delitos como secuestro, extorsión o reclutamiento de menores; a romper sus vínculos con el narcotráfico, y a cesar los ataques a la fuerza pública y a la población civil. También se estableció un mecanismo de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Asimismo, el Acuerdo incluye un plan de desarrollo agrario integral con acceso a tierras y servicios, así como una estrategia de sustitución sostenible de cultivos ilícitos.[1]
Según analistas, el mayor logro del pacto fue la desmovilización de la guerrilla, a pesar de que algunas de las disidencias continuaron con actividad y no se sujetaron al acuerdo. En agosto de 2017, los exguerrilleros crearon el partido político que hoy se conoce como Comunes.[2]
El Instituto Kroc para el Estudio de la Paz Internacional ha dado seguimiento a los alcances del plan. Su último informe destaca como un logro la aprobación de 16 escaños en el Congreso para víctimas de violencia. Otro avance que se registra es el trabajo conjunto de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),[3] que se creó para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación.
En contraste, este cuerpo académico reporta la insuficiencia de garantías para la protesta pacífica y para la participación política de movimientos y organizaciones sociales. Otro punto que señala es que está pendiente la aprobación de leyes y reglamentos que acompañen a la Reforma Rural Integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Paz Total en Colombia
En este contexto, el Congreso aprobó la ley que contiene la propuesta de la paz total, la cual prorroga el marco legal de 1997 para negociar con actores armados y agrega otras normas.[4] Modifica la llamada Ley 418, la Ley de Orden Público. Establece que en el Plan Nacional de Desarrollo y en los de las entidades territoriales se fijen las políticas para terminar con la violencia, y que estas deben ser compatibles con la Constitución. En el ámbito académico se considera que la ley funciona como un “aval” del Congreso al Ejecutivo para negociar con grupos fuera de la ley.[5]
La propuesta eleva la búsqueda de la paz a una política de Estado, prioritaria y transversal, en diferentes sectores y temas, como el combate a las drogas, reforma agraria, educación, economía y justicia. Le da a cada ministerio la posibilidad de definir los componentes de sus instrumentos de atención. Para coordinar las acciones, sesionará un gabinete de paz, de manera periódica. La propuesta más amplia de seguridad se denomina Plan Perseo, que busca proteger sobre todo a las comunidades más vulnerables, liderazgos sociales y personas defensoras de derechos humanos. Para esto deberán alinearse los componentes judicial, militar y policial en los territorios.[6]
La Ley establece dos tipos de negociaciones: las que ocurren con “grupos armados organizados al margen de la ley”, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla de más larga data de América Latina y el grupo más numeroso que opera en Colombia. Aparte están los acercamientos con “estructuras armadas de crimen de alto impacto”, que deberán someterse a la justicia e incluyen a grupos que pueden estar asociados a actividades ilícitas como narcotráfico o minería ilegal. El sometimiento permitiría negociar más adelante beneficios judiciales, como la reducción de penas, a cambio de información. Está pendiente todavía cómo se regulará este componente de la propuesta.
Al momento, 22 estructuras han mostrado interés en la iniciativa de paz, entre estos, el ELN, dos facciones disidentes de las FARC y el Clan del Golfo. La ley posibilita la negociación con las disidencias que no entraron al acuerdo de 2016. Analistas señalan que, por el momento, el diálogo con estos grupos es una decisión política o ética, más que una de tipo legal. [7]
Se dio a conocer que el Gobierno prepara para el próximo año un proyecto de ley para normar el sometimiento de los grupos armados ilegales. El primer borrador del texto plantea algunas pautas de justicia restaurativa para integrantes de las bandas criminales que tomen la decisión de dejar las armas y reincorporarse a la vida civil.[8]
Hay varios elementos por destacar de la iniciativa de paz total. El primero es la incorporación del servicio social como alternativa a la práctica militar. Se busca que los jóvenes hagan tareas de alfabetización digital, cuidado ambiental, asistencia a personas adultas mayores vulnerables y apoyo a víctimas del conflicto armado. La remuneración se definirá en la etapa de reglamentación.
Un segundo componente de la propuesta es el humanitario. La seguridad de activistas sociales es un problema que continúa vivo en Colombia. Desde 2016, cuando se firmó el acuerdo, 1,298 personas líderes comunitarias han sido asesinadas, y de enero a noviembre de este año, 171 personas defensoras sociales. Este tipo de violencia suele estar relacionada con las disidencias de las FARC.[9]
Justo el 6 de diciembre hubo un enfrentamiento de grupos armados con soldados en la región del Cauca, con seis pérdidas fatales de militares. Según Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), estas bandas se financian principalmente mediante el tráfico de droga y pelean por las rutas para mover mercancía. Al respecto, el presidente Petro señaló que el Ejército estará “en posición”, en tanto no haya aceptación del diálogo por parte de los movimientos que delinquen.[10]
Adicionalmente, para atenuar la violencia se contempla la instalación de Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV) en los 65 municipios con condiciones más críticas en términos de seguridad.[11] Este mecanismo habilita a alcaldes y gobernantes locales para implementar instrumentos de atención humanitaria, con el objetivo de solucionar los problemas y paliar las amenazas a liderazgos sociales.[12]
Como se planteó en 2016, la pacificación del país requiere necesariamente de una nueva estrategia contra las drogas. De los acuerdos de hace seis años, ahora se retoma el enfoque basado en el desarrollo rural para combatir el narcotráfico. En este sentido, destaca la suscripción con Estados Unidos de un nuevo esquema basado en el desarrollo rural y ambiental de territorios sometidos por las economías ilícitas. Por lo pronto, este mecanismo empezará a implementarse en tres municipios: Tumaco (Nariño), Cáceres (Antioquia) y Sardinata (Norte de Santander).[13]
Hace unos días, el ministro de Justicia y de Derecho, Néstor Osuna, se refirió a la necesidad de instrumentar una visión integral en el combate a las drogas. También reafirmó su apoyo al uso recreativo del cannabis. En este sentido, el 6 de diciembre pasado el Senado aprobó en cuarto debate la regulación del cannabis de uso adulto. Están pendientes cuatro rondas más de discusión.[14] Este enfoque antinarcóticos pasa también por la ejecución de la reforma agraria. Al respecto, el Gobierno se ha comprometido a entregar tres millones de hectáreas de tierras a personas capaces de trabajarlas y dejar la siembra de la hoja de coca.[15]
Negociaciones en marcha
El 21 de noviembre pasado empezó el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, (ELN) en Caracas, Venezuela. Las pláticas durarán unos 20 días. El punto de partida son los Acuerdos de 2016.[16] Se comunicó a los medios la ratificación de Cuba, Noruega y Venezuela como países garantes y que se invitará a Brasil, Chile y México con esta misma idea. Pidieron también el acompañamiento de Alemania, Suecia, Suiza, España y Estados Unidos.[17] Participan además el secretario general de la ONU, António Guterres y la Conferencia Episcopal.
En este marco se acordó el retorno de las comunidades indígenas embera a sus territorios, después de haber sido desplazadas por el conflicto. Este grupo es uno de los más numerosos de personas nativas del país.[18] Como resultado del diálogo, las partes también comunicaron que se implementarán alivios humanitarios, para disminuir la intensidad del conflicto, y afirmaron que darían detalles más adelante,[19] aunque ya fue difundida la liberación de varias personas secuestradas.[20]
Asimismo, durante las negociaciones se suspendieron las órdenes de captura de los voceros y líderes de los grupos armados, y se espera otorgar un incentivo económico a cambio de la entrega de armas en forma anónima. También se contempla la eventual concentración de los integrantes de las bandas en lugares específicos. En principio, no se extraditará a Estados Unidos a quienes negocien con el Gobierno.[21]
El puerto de Buenaventura se ha convertido en un laboratorio local de la paz total. Tras una tregua de 85 días entre bandas criminales enfrentadas, comenzaron los primeros diálogos sobre temas sociales y el posible fin del combate entre Los Espartanos y Los Shotas. Se buscará la verdad para las víctimas y la garantía de no repetición. De hecho, el 7 de diciembre, el presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, estuvieron en la comunidad, junto con el enviado especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore, para iniciar las pláticas.[22] En este caso se trata de conjuntos criminales que no pueden transitar a la participación política y está pendiente ver cómo se incorporarán a una nueva estabilidad.
Primeros resultados
La Fundación de Ideas para la Paz presentó un informe sobre la situación en Colombia a 100 días de la toma de posesión del presidente Petro.[23] Respecto a las dinámicas del conflicto armado, reporta que disminuyeron las acciones contra el Estado, sobre todo en el norte del Cauca, Urabá, sur de Córdoba y en gran parte del Catatumbo. Sin embargo, aumentaron los enfrentamientos entre grupos rivales.
El impacto humanitario es mixto y se mantiene en niveles altos. Este periodo es el segundo más crítico desde la firma del acuerdo de paz. Se detectó violencia en 108 municipios. Asimismo, se registró un aumento en los homicidios de líderes y en las masacres, aunque disminuyeron los desplazamientos y confinamientos.[24]
El reto en Colombia es mayúsculo, falta ver cómo progresa el diálogo con las fuerzas con las que ya se iniciaron negociaciones, sobre todo el ELN, y también qué sucede con las disidencias de las FARC, si se integran al proceso y de qué manera lo hacen. Queda pendiente también definir cómo se implementará la liberación de jóvenes con procesos pendientes, quienes obtendrán la figura de “gestores de paz”.
En este proceso, la principal herramienta del Gobierno del presidente Petro es el diálogo junto con la oferta de opciones productivas a las actividades ilícitas. Un excombatiente de las FARC expresó que “La paz no es solo el silencio de las armas, sino también inversión social, generación de empleos, desarrollo y cuidar el medio ambiente”. Y eso busca la propuesta del presidente de Colombia.[25] La vicepresidenta Márquez afirmó que “una parte de la paz es el conflicto armado, la violencia, pero otra requiere transformar las estructuras que llevaron [al problema], y eso es inversión social, cerrar las brechas de inequidad y desigualdad”. [26]
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
Fuentes
[1] Gobierno de Colombia, “Cartilla Pedagógica, ABC del Acuerdo Final” (2016) [En línea]: https://bit.ly/3uzM3xD [Consulta: 7 de diciembre, 2022]
[2] Amal Benotman, “Colombia: algunos logros y muchos pendientes a cinco años de la firma del acuerdo de paz”, France24 (27 de septiembre, 2021) sec. América Latina [En línea]: https://bit.ly/3W8pfAv [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[3] Echavarría Álvarez, Josefina, et al. “Executive Summary, Five Years After the Signing of the Colombian Final Agreement: Reflections from Implementation Monitoring” Notre Dame, In. Kroc Institute for International Peace Studies/Keough School of Global Affairs (2022) [En línea]: https://bit.ly/3UGg2ON [Consulta: 6 de diciembre, 2022]
[4] Función Pública, Ley 2272 de 2022, “por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la política de paz de estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones”. Función Pública (4 de noviembre, 2022) sec. Gestor normativo [En línea]: https://bit.ly/3iJMnqF [Consulta: 5 de diciembre, 2022].
[5] Lucas Reynoso, “Las cinco claves de la ley de la paz total de Gustavo Petro”. El País (26 de octubre, 2022) ed. América- Colombia [En línea]: https://bit.ly/3UK7Dds [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[6] Juan Miguel Hernández Bonilla, “El ministro de Defensa de Colombia presenta la estrategia de seguridad para complementar la ‘paz total’”. El País (24 de septiembre, 2022) ed. América-Colombia [En línea]: https://bit.ly/3W2cgR0 [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[7] Lucas Reynoso, “Las cinco claves…”, op. cit.
[8] Noticias RCN, “Ajustes a proyecto de sometimiento de grupos ilegales”, RCN (3 de diciembre. 2022) sec. Colombia [En línea]: https://bit.ly/3VJFx33 [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[9] Lucía Franco, “Las disidencias de las FARC asesinan a seis soldados en el Cauca”. El País (6 de diciembre, 2022) ed. América-Colombia [En línea]: https://bit.ly/3UMhsaP [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[10] Sally Palomino, “La violencia se recrudece en el Cauca”. El País (7 de diciembre, 2022) ed. América-Colombia [En línea] https://bit.ly/3FDhf5m [Consulta: 7 de diciembre, 2022].
[11] Catalina Oquendo, “El incesante asesinato de líderes sociales persigue al Gobierno de Petro”. El País (28 de noviembre, 2022), ed. América-Colombia [En línea]: https://bit.ly/3FCoHO7 [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[12] Infobae, “Gobierno establece los Puestos de Mando Unificado por la Vida para combatir alteraciones de orden público”. Infobae (9 de septiembre, 2022) sec. América-Colombia [En línea]: https://bit.ly/3PeBWYl [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[13] Infobae, “Colombia y Estados Unidos firman acuerdo contra las drogas enfocado en el agro”. Infobae (22 de noviembre, 2022) ed. América/Colombia [En línea]: https://bit.ly/3heG7Ha [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[14] Semana, “Senado aprueba en cuarto debate la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia”. Semana (6 de diciembre, 2022) sec. Política [En línea]: https://bit.ly/3Fe6Rzr [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[15] Infobae, “Gustavo Petro asegura que el Gobierno francés convocará una cofinanciación para la reforma agraria en Colombia”. Infobae (10 de noviembre, 2022). Sec. América-Colombia [En línea]: https://bit.ly/3FjgQ6v [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[16] International Crisis Group, “Colombia’s Last Guerrillas Make First Step toward ‘Total Peace’”. Reliefweb (23 de noviembre, 2022) En línea: https://bit.ly/3HoMouo [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[17] AFP, “Colombia, Rebels, Seek US Involvement in Peace Talks”. Barrons (25 de noviembre, 2022) sec. Noticias [En línea]: https://bit.ly/3W3Pb0b [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[18] Stefano Pozzebon, “Gobierno de Colombia y grupo guerrillero ELN llegan a acuerdo sobre retorno de comunidades indígenas desplazadas”, CNN (5 de diciembre de 2022) sec. Colombia [En línea]: https://cnn.it/3uBJQl1 [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[19] Semana, “Diálogos De Paz: ELN anuncia ‘alivios humanitarios’ para bajar intensidad del conflicto”. Semana (5 de diciembre, 2022) sec. Nación [En línea]: https://bit.ly/3iOrw5F [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[20] Carolina Oquendo, “Liberación de secuestrados: entre el alivio humanitario y la estrategia de los grupos armados”, El País (4 de diciembre, 2022) ed. América/Colombia [En línea]: https://bit.ly/3VMumGO [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[21] Lucas Reynoso, “Las cinco claves…”, op. cit.
[22] Infobae, “Violencia en Buenaventura: en qué consiste el proceso de paz que el mismo presidente Gustavo Petro impulsa en el puerto sobre el Pacífico”. Infobae (7 de diciembre, 2022) sec. América-Colombia [En línea]: https://bit.ly/3FEUVrT [Consulta: 8 de diciembre, 2022].
[23] Catalina Oquendo, “La estrategia de seguridad de Petro está entre paréntesis, dice informe de la FIP”. El País (5 de diciembre, 2022). Ed. América-Colombia [En línea]: https://bit.ly/3W7k8k8 [Consulta: 6 de diciembre, 2022].
[24] Ídem.
[25] Mauricio Morales, “De la lucha a la agricultura: las ex-FARC de Colombia buscan alternativas a la guerra”, The New Humanitarian (7 de diciembre, 2022) ed. América-Colombia [En línea]: https://bit.ly/3YagFTS [Consulta: 8 de diciembre, 2022].
[26] Camila Osorio, “Petro refuerza la esperanza de la Paz total en Buenaventura”. El País (8 de diciembre de 2022) ed. América-Colombia [En línea]: https://bit.ly/3YebQJ2 [Consulta: 9 de diciembre, 2022].
