La Corte: privilegios y retos

No hay peor tiranía que la que se ejerce
a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia.
Montesquieu

 

La autonomía de los Poderes de la Unión es el cimiento que sustenta a la democracia de cualquier país; sin embargo, lo que sucede actualmente en México con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos obliga a realizar una reflexión de fondo.

Es bien sabido que los cambios profundos que iniciaron como consecuencia de la transición política en nuestro país generaron tensiones y puntos de vista encontrados entre quienes abanderamos esta nueva forma de entender la vida pública y los que se beneficiaban del statu quo que hoy se está modificando.

Como ejemplo de tales pugnas (normales, hasta cierto punto, frente a cualquier proceso de transición) tenemos las presiones externas ejercidas por parte de grupos de interés en el poder público, las cuales buscan evitar cambios de gran calado; también están los ataques mediáticos que ha recibido el titular del Ejecutivo federal a lo largo de la administración, como consecuencia de la reorientación de las políticas públicas implementadas.

Frente a los tiempos convulsos enfrentados por el Ejecutivo y el Legislativo en los últimos años, contrasta la tensa calma con que hasta ahora se había desenvuelto el Judicial. No obstante, la sucesión en la presidencia de la SCJN desencadenó una nueva pugna tanto interna como externa, que busca garantizar que no cambie el orden de las cosas al interior de ese Poder. Lo anterior nos coloca en un escenario que requiere, además de un análisis profundo, del planteamiento de algunas interrogantes que permitan ahondar, de manera objetiva, en lo que acontece actualmente.

¿Por qué la guerra fratricida, que ya había llegado a otras instancias, es latente ahora en el Poder Judicial de la Federación? Esta es una de las preguntas pertinentes que, tras una breve revisión del ordenamiento de este Poder, arroja varias hipótesis, que me permito explicar a continuación.

Por una parte, están los grupos internos interesados en mantener los privilegios que, al igual que diversos órganos autónomos, se han resistido a la política de austeridad que sí asumieron el Ejecutivo y el Legislativo. En segundo término, se encuentra el deseo de ciertos grupos por controlar las decisiones judiciales, con la finalidad de blindar sus propios beneficios.

Asimismo, otros temas que merecen especial atención son el gran presupuesto que recibe el Poder Judicial, mismo que para 2023 rondará los 80 mil millones de pesos.

De igual manera, está la función que de manera paralela desempeña el presidente o la presidenta de la SCJN como titular de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, amén de otras no menos trascendentales, como dictar las medidas necesarias para el buen servicio y la disciplina en las oficinas de la corte suprema; proponer oportunamente los nombramientos de personas servidoras públicas que deba hacer el Pleno de esta, así como de las y los encargados de su administración, y acordar lo relativo a sus licencias, remociones, renuncias y vacaciones, entre muchas otras.

Prestaciones convertidas en privilegios  

Voltaire apuntó que en el desprecio de la ambición se encuentra uno de los principios esenciales de la felicidad sobre la tierra, sentando con ello las bases de un pensamiento humanista que hoy cobra especial relevancia, debido al momento de transición por el que atraviesa el país y ante la política de austeridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pretendido instaurar en todo el servicio público. No obstante, como se mencionó, el Poder Judicial y diversos órganos autónomos se resistieron a perder sus privilegios y lujos excesivos, hecho que provocó cuando menos dos reacciones.

La primera, es la indignación popular tanto por la opulencia que ostentan los altos mandos del Poder Judicial como por la constante negativa de estos a la posibilidad de destinar esos recursos a la atención de las problemáticas más urgentes de México. La segunda reacción obedece a la férrea determinación de los grupos que buscan evitar cualquier situación que implique poner en riesgo la era dorada que se vive actualmente al interior de ese Poder.

Especial atención merece el segundo punto, ya que al interior del Judicial hay quienes coinciden con la demanda ciudadana de terminar con los excesos y la vida excepcional de la que gozan algunos de sus integrantes a costa de los recursos públicos.

La vocación y el empeño que tal sector del Poder Judicial imprime en su trabajo diario se enfoca en terminar con la impunidad y hacer valer la justicia; postura que contrasta con la de quienes buscan controlarlo desde el interior y el exterior, para hacer uso de él en la protección de sus intereses.

Al mismo tiempo, estos últimos hacen todo para justificar el supuesto de que los sueldos exorbitantes y las prestaciones excesivas son las únicas maneras de abatir la impunidad y blindar la impartición de justicia ante los efectos de la corrupción. No obstante, esa tesis no ha soportado las pruebas de falsabilidad del acontecer cotidiano, las cuales muestran que la ciudadanía debe gastar sus propios recursos para solventar gastos irregulares en su generalmente infructífera búsqueda de justicia.

Puntualizo que conozco a la mayoría de las ministras y los ministros de la Corte y tengo una opinión clara sobre su desempeño.

En este contexto, hace algunos años inicié estudios e investigaciones para analizar de manera profunda la vida interna y administrativa del Poder Judicial, así como sus áreas de oportunidad. Aquí abordo parte de esto, centrándome en sus ingresos, prestaciones y beneficios, que a juicio de cualquier persona pueden resultar desmesurados en el ejercicio del servicio público.

Presento entonces los primeros resultados del análisis, aprovechando la coyuntura del proceso de renovación de la presidencia de la Corte, y les comparto solo 40 de los beneficios recibidos por algunos integrantes del Poder Judicial, que se encuentran en lo alto de su jerarquía:

 

La Corte de privilegios:

1. Sueldo de 297mil 404 pesos mensuales, que es muy superior al del presidente de la República.
   
2. Aguinaldos de 586 mil 093 pesos, que representan 40 días de sueldo.
3. Primas vacacionales de 95 mil 475 pesos, que equivalen a 10 días de sueldo.
4. Un fondo para comer en restaurantes de lujo, por 723 mil 690 pesos anuales.
   
5. Un comedor especial en la SCJN, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas.
6. Presupuesto de 5 millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal.
7. Dos vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de 6 millones de pesos, que se renuevan cada dos años.
   
8. Pago por riesgo de más de 640 mil 372 pesos al año.
9. Apoyos para gasolina por 22 mil pesos mensuales.
10. Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista.
    
11. Escoltas del Servicio de Protección Federal (SSPC) para algunos ministros y ministras.
12. Seguros para autos y casa habitación.
13. Atención especial a ministras y ministros para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y otros.
    
14. Atención personalizada en el aeropuerto, que cuenta con personal de la SCJN, para que ministras, ministros y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados.
15. Viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, para lo cual se les otorgan pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.
16. Salones especiales en el aeropuerto, en donde se les ofrecen comidas y bebidas exclusivas.
    
17. Dos periodos vacacionales al año, de 15 días cada uno.
18. Tres equipos de cómputo e impresión.
19. Seis teléfonos celulares de gama alta para ministras, ministros y familiares y personal de apoyo, con plan ilimitado de datos, que se renuevan cada año.
    
20. Tres iPads con servicio de internet ilimitado.
21. Papelería personalizada.
22. Computadoras, impresoras e internet en su domicilio, pagados por la SCJN.
    
23. Apoyo de soporte técnico por parte del personal de la SCJN.
24. Posibilidad de instalar videovigilancia en sus casas, con cargo al erario.
25. Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y su familia nuclear, por 30 millones de pesos en adelante.
    
26. Un monto de 188 mil 099 pesos al año, para compra de medicamentos.
27. Atención especial por parte de personal de la SCJN y aseguradoras en cualquier trámite de seguros.
28. Seguro de vida institucional por 12 millones de pesos.
29. Pago por defunción de un millón 189 mil 615 pesos.
    
30. Ayuda para gastos funerarios por 30 mil pesos.
31. Apoyos económicos para lentes por 3,100 pesos para ministras, ministros, cónyuge y descendientes.
32. Cuando se retiran, reciben una pensión vitalicia por casi la totalidad de su sueldo.
33. Al dejar sus funciones, también tienen derecho a un haber de retiro.
34. En la jubilación, conservar los vehículos que tuvieron asignados.
    
35. Dos “personas de apoyo” para estar a su servicio durante la jubilación, pagadas por la SCJN.
36. Seguro de separación individualizado, de aproximadamente 20 millones de pesos al final de sus 15 años de servicio.
37. Acceso a un área de atención especial para ministras y ministros jubilados.
38. Un estímulo por antigüedad de mil pesos anuales.
39. En 14 fideicomisos, el Poder Judicial suma recursos por 20 mil 149 millones 765 mil 377 pesos, que se utilizan principalmente para mantener estas prestaciones de por vida.
40. Todo lo anterior da como resultado un presupuesto de 80 mil millones de pesos.
    

 

No se puede negar que la preparación requerida para estar a la altura de servir al país desde el Poder Judicial amerita una remuneración digna y justa. Sin embargo, y sin afán de generar un juicio de valor, las y los lectores podrán analizar la información presentada y configurar su opinión al respecto. Seguramente, la conclusión será que se trata de prestaciones convertidas en privilegios, cuyo mantenimiento explica, en gran medida, la resistencia ante cualquier posibilidad de cambio.

Es ahora cuando cobra mayor relevancia el concepto aristotélico de justicia, de acuerdo con el cual el Estado y cada individuo deben ser respetuosos de las leyes, ya que al hacerlo se pone en práctica el bien de todos, demostrando con esto que la justicia es aquello a lo que el propio pensador griego llamó el compendio de todas las virtudes o la virtud más perfecta.

Lo anterior presupone que las leyes deben estar orientadas hacia el bien común, y únicamente bajo esa condición se puede decir que son justas; de ahí que impulsar un cambio profundo en el Poder Judicial reivindica este concepto, que es la base de gran parte de los sistemas de justicia en Occidente.

Una corte con tintes privados 

La justicia es un concepto que ha acompañado a la humanidad desde los tiempos antiguos. A la par de la evolución, los seres humanos tuvieron que regir su convivencia con base en códigos éticos y morales bien definidos. Si bien al principio se fundaron principalmente en la religión o los relatos ancestrales, con el devenir de los siglos se fueron adecuando al contexto, con la finalidad de garantizar la coexistencia pacífica y estructurada de cada sociedad.

En la época contemporánea, la justicia social incluye por lo menos tres principios constitucionales que deben ser garantizados por parte de las instituciones: el Estado social de derecho, la dignidad humana y la igualdad de oportunidades. Hacia ello hemos enfocado nuestro esfuerzo.

Sin embargo, aún existen escenarios en los que grupos de interés económico fueron capaces de apropiarse de los poderes públicos para utilizarlos a su antojo. Por eso, una de las máximas de la transición política que inició en 2018 es separar el poder político del poder económico.

Durante la segunda mitad de los años 40 del siglo pasado, cuando el país vivió una etapa de industrialización, surgieron conglomerados que lograron bonanza económica, merced a su cercanía con la clase política. De ahí que vencer esta inercia constituya uno de los retos que enfrentamos en la actualidad.

De lo que se trata ahora es de generar una verdadera coordinación entre sectores, a fin de que los intereses privados no opaquen a los públicos. Este proceso aún está en construcción; sin embargo, existen vestigios y espacios para grupos de poder económico que intentan seguir influyendo con el objetivo de blindar sus propios intereses, y el Poder Judicial y su proceso de sucesión no son la excepción.

Es bien conocida la palestra pública de candidatas y candidatos para suceder al actual ministro presidente de la Corte. No obstante, hoy por hoy se requiere de un perfil que garantice la aplicación del Estado de derecho con dimensión social, colocando por encima de todo el interés público; una mujer o un hombre capaz de enfrentar esta colmena de privilegios que ubica a sus integrantes como una casta intocable y poderosa.

Esta legítima aspiración también se enfrenta a grupos de interés que buscan seguir haciendo del Supremo Tribunal un espacio fácilmente influenciable, que poseen influencia mediática para desacreditar cualquier otra propuesta y apoyan directamente una candidatura en específico.

Tampoco se puede pasar por alto que existe un inusual cabildeo de exfuncionarios y exlegisladores que están ejerciendo presión para inclinar la balanza en favor de su candidata o candidato preferido, lo cual distorsiona el panorama e imprime un cariz turbio a lo que debería ser, en estricto sentido, una contienda interna legítima y sana.

La guerra fratricida que ha alcanzado al Poder Judicial no es nada casual, pero los linchamientos mediáticos ocasionados por esta coyuntura no deben distraernos de que tenemos frente a nosotros una decisión trascendental para el país, que definirá el rumbo de la justicia en los próximos años, así como el reentendimiento de lo que significa e implica servir al interior de este Poder.

Cabría aquí considerar las acertadas palabras de advertencia que dio don Quijote a Sancho Panza antes de que este último fuese a gobernar la ínsula Barataria: “…los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones.”

Y más adelante prosigue con algunos consejos:

…Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia.

Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún enemigo tuyo, aparta las mientes de su injuria y ponlas en la verdad del caso.

No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres, las más veces serán sin remedio, y si le tuvieren, será a costa de tu crédito y aun de tu hacienda…

En definitiva, tenemos la oportunidad de establecer un parteaguas en la historia del Poder Judicial, y lograr que sus integrantes, incluyendo quien encabece su máxima tribuna en la SCJN no obedezcan a ningún otro interés que no sea el de hacer valer la ley.

Llegó la hora de que el ideal de justicia alcance su máxima expresión en nuestro país y sea ejemplo de que es posible concretar la transición hacia un México donde la igualdad se convierta en uno de los principios rectores de la justicia, para que la población tenga pleno acceso a ella, de manera pronta y expedita, y que la SCJN deje de ser, de una vez y para siempre, un órgano con tintes privados y privilegios desbordados.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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