La dictadura de la toga
“Dictadura de la toga” no es una expresión nueva ni excesiva, más bien, un recurso coloquial, pero exacto, para aludir a la discrecionalidad con que algunos jueces y juezas ejercen sus decisiones. Cuando la toga —esa prenda característica que distinguía a los romanos en los tiempos de paz y armonía— se convierte en un instrumento de poder absoluto, la justicia se tambalea; las personas juzgadoras se sienten intocables, todopoderosas, y dictan sentencias sin rendir cuentas a nadie más que a sí mismas. Precisamente, las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo plantean un remedio que busca conjurar el despotismo de las y los togados.
El Senado de la República aprobó las reformas propuestas por el Grupo Parlamentario de MORENA con la intención, precisamente, de frenar este abuso de poder y, al mismo tiempo, llenar la laguna existente en la Ley de Amparo, a fin de evitar el uso político de las suspensiones y con ello proteger los derechos de las y los mexicanos. Vamos a dar una mirada a todo lo que esto implica, en términos simples.
En primer lugar, la reforma prohíbe las suspensiones con efectos generales contra leyes. ¿En qué se traduce esto? En que las y los jueces no podrán detener ni obras ni normas de manera cautelar solo argumentando que consideran que existen posibles violaciones a los derechos humanos.
En segundo término, se garantiza el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes. Esto significa que las leyes son consideradas constitucionales hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, no es cuestión de limitar el actuar de un Poder sobre otro, sino de garantizar que las leyes sean respetadas sin excepción.
Por último, la reforma aprobada busca evitar que el juicio de amparo sea utilizado para favorecer intereses particulares. En su lugar, este mecanismo deberá ser una herramienta para proteger el bienestar social, actuando como un escudo que salvaguarde los derechos de las personas y asegure que las decisiones judiciales se fundamenten en el respeto irrestricto a la Constitución y a los principios de justicia y equidad. Con ello se pretende poner fin a prácticas que desvíen el propósito original del juicio de amparo, el cual es garantizar que las y los ciudadanos estén protegidos contra los excesos y abusos de autoridad, y que se respeten sus derechos sin distinción alguna.
Por supuesto que la oposición ha expresado críticas. Incluso acusó a MORENA de querer proteger las obras emblemáticas impulsadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, y seré muy puntual, esta reforma no es para cubrir nada ni a nadie. Estamos hablando de una medida que también busca mantener la separación de poderes en nuestro país.
Como lo expresé en la tribuna del Senado: es muy grave que el Poder Legislativo se convierta en tapadera o tapete de la dictadura de la toga. Hoy, el equilibrio y la división de poderes debe ser más que una frase ilustrativa de los libros de derecho constitucional.
Además, es innegable que el Poder Judicial está en crisis y es urgente tomar cartas en el asunto. Los excesos y deficiencias en el sistema han minado la confianza de la ciudadanía: las y los jueces bajo sospecha, las decisiones poco transparentes, el nepotismo y los gastos excesivos son solo algunas de las manchas en el manto judicial que deben ser limpiadas.
Necesitamos jueces y juezas íntegros, capacitados y libres de influencias políticas o económicas. Por ello, es preciso implementar un sistema de selección transparente de personas juzgadoras, basado en méritos y no en favores políticos. Las y los jueces deben rendir cuentas por sus decisiones, porque la opacidad solo alimenta la desconfianza.
De ahí que la reforma a la Ley de Amparo sea un paso necesario hacia una justicia más equitativa y transparente. La dictadura de la toga no puede prevalecer en un sistema democrático y, en tal sentido, la reforma aprobada también es un llamado a la responsabilidad y a la transparencia. De ninguna manera se trata de un ataque a la justicia; por el contrario, es un recordatorio de que ningún Poder debe estar por encima de la Constitución y de los derechos de las y los mexicanos.
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