Gary Becker dedicó parte de su trabajo a explicar la racionalidad económica del crimen. Para el economista estadounidense, la decisión de delinquir o no se basa en un cálculo simple: la ponderación de los costos y los beneficios. Dentro de la ecuación, por ende, se incluyen las probabilidades de ser sorprendidos.

Más allá de las conclusiones alcanzadas en materia de política pública alcanzadas por Becker, en el centro de su teoría y de su modelo se refleja el gran daño que la impunidad puede ocasionar a las sociedades.

Algo importante para este análisis es conocer las motivaciones por las cuales las víctimas deciden no denunciar los delitos que sufren. Las encuestas especializadas señalan que las personas que optan por no acudir a denunciar, en su mayoría, consideran que hacerlo no ayudará a resarcir el daño, y por los grandes niveles de desconfianza que la sociedad tiene en las autoridades. Este último factor no es fortuito, los constantes actos de corrupción y de colusión del pasado han alejado a la ciudadanía de las instituciones. Disminuir la impunidad en el país, entonces, implica reconstruir estos vínculos.

Si los potenciales criminales actúan, al menos en parte, basados en la probabilidad de ser detenidos y, posteriormente, castigados, entonces sociedades con un alto grado índice de impunidad serán más propensas a que los delitos se incrementen. Precisamente, otro cálculo estadístico permite saber que, en México, de 2012 a 2017, el 89.5 por ciento de los delitos no fueron denunciados, y que en el 35 por ciento de los que fueron denunciados no se iniciaron averiguaciones previas, disminuyendo aún más la probabilidad de que el victimario fuera reprendido.

Para romper con esta espiral viciosa, en que la gente decide no denunciar por razones atribuibles a la autoridad, y los delincuentes deciden delinquir ante las bajas probabilidades de ser detenidos, nuestro país necesita reconfigurar de raíz su sistema de justicia. Durante décadas, esta situación se dejó desatendida, provocando que crímenes que eran incipientes se convirtieran en problemáticas mayores para el Estado, modificando las dinámicas sociales y mermando la calidad de vida de la sociedad.

Alterar la ponderación de cada uno de los valores en estos cálculos es uno de los principales objetivos de la Cuarta Transformación. Es preciso generar cambios al sistema de justicia que, sin menoscabar los derechos humanos de las personas, rompan con los círculos viciosos que resultan de la impunidad y la corrupción. La profundidad de estos cambios hace que la cooperación entre poderes sea un componente básico para construir el sistema de justicia que el país necesita.

Por ello, desde el Senado de la República revisaremos con responsabilidad las modificaciones propuestas por el Ejecutivo federal en materia de procuración y administración de justicia. Lo haremos de manera coordinada y transparente, respetando las posturas de todas las personas involucradas, así como la autonomía e independencia de cada una de las partes y, sobre todo, con el bienestar de la sociedad como eje rector. Reformar el sistema de justicia es algo tan prioritario e importante que el proceso para hacerlo no puede ser apresurado, sino que se debe basar en un amplio consenso, producto de los acuerdos entre las autoridades de cada Poder y la sociedad.

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