La integración social a prueba en Francia y en México
Los recientes disturbios en Francia relacionados con la muerte de un adolescente francés de ascendencia argelina, cuyo nombre era Nahel, a manos de uno de los elementos de la Policía Nacional de ese país, vuelven a poner de relieve los problemas de integración social de algunas capas de la población a esa república.
La divisa del Estado francés “Libertad, Igualdad y Fraternidad” ha sido cuestionada y afectada por acontecimientos como éste, y otros, en los que diversos abusos policiales fueron registrados y denunciados no solamente por una parte de la población, sino también por organizaciones regionales, internacionales y no gubernamentales.
Pero la integración social no sólo es un desafío en países como Francia. En México, la mayoría de la población no se siente incluida ni valorada por la sociedad. Aunque su valor y sus derechos están reconocidos en el papel, la discriminación, exclusión y persistencia de estereotipos impiden que los experimentan en la vida cotidiana.
A partir de las anteriores consideraciones, este documento abordará, en un primer momento, la coyuntura francesa relacionada con la inconformidad ciudadana desatada por la muerte de Nahel, la violencia policial y la responsabilidad del Estado en tanto promotor o no de la integración social.
Respecto a México, este análisis buscará, en un segundo tiempo, explicar los fenómenos de la exclusión y la discriminación social, así como diversas aproximaciones y propuestas para enfrentarlas, y en las cuales el Estado tiene un papel importante.
I. Francia: una integración social cuestionada
El 27 de junio pasado, Nahel, un joven de 17 años, de orígenes árabes, recibió un disparo por parte de uno de los dos oficiales de la Policía Nacional que lo seguían después de que circulara a gran velocidad por el carril de autobús en el suburbio parisino de Nanterre y se le solicitó que se detuviera para un control de tránsito. De acuerdo con las declaraciones del policía que le disparó, Nahel, antes de ser detenido, siguió y “casi atropella a un ciclista […] aceleró a toda velocidad […] hasta 80 a 100 km/h”[1]. Agregó que rápidamente el coche quedó atrapado en el tráfico y él y su compañero policía lo alcanzaron mientras él mismo se puso en posición de tiro. Pidió a Nahel que apagara el motor, pero éste “intentó irse chocando con el oficial […][2]”. Fue entonces que éste disparó contra el adolescente, terminando con su vida. El agente indicó que disparó porque el joven conductor “intentó golpear a un policía al chocar con él […]”[3].
Las protestas y disturbios contra la muerte de este adolescente no se hicieron esperar en diversas ciudades como Estrasburgo, Niza, Marsella y otras, con un resultado de alrededor de 11,000 incendios, incluidos 5,000 vehículos particulares y de servicio público calcinados, sin soslayar la detención de cerca de 3,200 personas, de acuerdo con el Ministerio del Interior[4]. A ello se agrega, de acuerdo con la prensa internacional, el ataque de manifestantes, por medio del lanzamiento de una camioneta al domicilio del alcalde de Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, el cual no se encontraba ahí, pero sí su esposa, la cual fue herida al intentar escapar con sus hijos.
Sin duda, esta inconformidad social no sólo se debe al hecho mismo del deceso de un joven —ciertamente de nacionalidad francesa, pero con orígenes árabes—, debido a una acción policiaca considerada desproporcionada por las y los inconformes, sino también a causas que tienen relación con una fractura social que se ha acentuado entre inmigrantes asentados en aquel país, la Policía y franceses no inmigrantes.
Los primeros, es decir, las personas inmigrantes, suelen ser árabes o de raza negra, y manifiestan que la vigilancia y violencia policial ha sido persistente en su contra, particularmente desde una reforma[5] al Código Penal francés en 2017, que amplía las circunstancias bajo las cuales las fuerzas del orden pueden usar sus armas.
En 2022, 13 personas (la mayoría de origen negro o árabe[6]) fallecieron por controles de tráfico policiales debido, en parte, a que hay quienes los evaden por tener licencias retiradas, alcoholemia o drogas, pero también debido a la animadversión que siente una parte de la población hacia la Policía[7].
El Defensor de los Derechos, institución defensora de las libertades y derechos en Francia, indicó en 2020 que un 80 por ciento de “jóvenes percibidos como negros o árabes” señalaron haber sido controlados por la Policía o los gendarmes entre 2012 y 2017, respecto a un 16 por ciento del resto de la ciudadanía[8].
La violencia policial mostrada hacia un determinado sector de la población está asociada a una falta de integración social de la inmigración que vive generalmente en los suburbios de las grandes ciudades y que en 2018 alcanzaba un desempleo de más del doble del promedio nacional; además, el 42 por ciento de sus habitantes vivía por debajo de la línea de pobreza[9]. A esto se agregan factores como las deficiencias en infraestructura y servicios públicos en esos lugares, el fracaso escolar, el tráfico de drogas, la criminalidad o la falta de movilidad social.
En este marco, el repliegue del Estado como equilibrador social debido a una política económica neoliberal que ha reducido sensiblemente su papel y funciones, así como el enfoque represivo del mismo para el mantenimiento del orden, ha jugado un papel fundamental no sólo en la exclusión de estas capas de la población, sino también en ese tipo de tragedias de jóvenes inmigrantes.
Respecto a este último punto, es decir, la óptica represiva policial, cabe recordar que de 1997 a 2003, bajo el gobierno del ex primer ministro socialista Lionel Jospin (1997-2002), la Policía se conducía a partir de una filosofía y una política de proximidad. Esto significaba una forma preventiva de garantizar la seguridad mientras se mantenía un contacto cercano con la gente. Se buscaba pacificar las relaciones sociales y edificar la confianza con los jóvenes. Sin embargo, esto cambió y después de 2003 a la Policía se le ordenó, por parte del Gobierno en turno, limitarse a investigar, detener y encarcelar. Ello ha significado un redireccionamiento hacia una seguridad represiva en lugar de preventiva[10].
De hecho, el caso de Nahel no es aislado, han existido otros, como el de la muerte de dos adolescentes en 2005, que huían de la Policía debido a que alguien alertó a ésta de que alguien pretendía realizar un asalto. Todo ello en un barrio de París. Ambos jóvenes huyeron, a fin de no tener incidentes con los gendarmes que se les acercaron y también para evitar eventuales reprimendas de sus padres. Los adolescentes se dirigieron a un transformador de la empresa Electricidad de Francia, al mismo tiempo que uno de los gendarmes expresaba que “Si entran, no doy nada por su pellejo”[11]. Los jóvenes murieron electrocutados. Los policías fueron imputados por presuntamente no auxiliarlos, pero ello no impidió que se desatara una ola de protestas en todo el país por los decesos. Finalmente, los gendarmes fueron absueltos de toda responsabilidad ya que, de acuerdo con un tribunal de la ciudad de Rennes, no se demostró de manera certera que los policías supieran que los jóvenes estaban realmente peligro[12].
Otros casos relativos al uso de fuerza excesiva por parte de la Policía se dieron durante las protestas de los “chalecos amarillos” de 2019. La fuerza policial francesa realizó, en distintas manifestaciones, varios disparos con gomas de bala que provocaron alrededor de 1,900 personas heridas, una fallecida, 174 heridas en la cabeza, de las cuales 17 perdieron un ojo y 11 sufrieron heridas importantes en las manos, que resultaron en cuatro amputaciones[13].
Diversas organizaciones internacionales han denunciado estos abusos policiales en el país galo. Así, el Consejo de Europa alertó, en marzo de 2023, del “excesivo uso de la fuerza contra los manifestantes” que se oponían a la reforma de pensiones en ese país[14]; la Liga Francesa de Derechos Humanos declaró, en esa misma fecha, que “el deslizamiento autoritario del Estado francés, el empeoramiento de la brutalidad de las relaciones sociales a través de su policía, la violencia de todo tipo y la impunidad son un escándalo mayor”[15]; la Organización de las Naciones Unidas solicitó, a principios de este mes de julio, que Francia “aborde problemas profundos de racismo y discriminación en aplicación de la ley”[16]; la ONG Humans Rights Watch criticó el control abusivo de las multitudes y las tácticas antidisturbios[17].
Lo anterior ha sido acompañado de un discurso y de un ejercicio de poder, por parte de algunos partidos políticos de derecha y, ciertamente, de partidos de ultraderecha de tipo xenofóbico, racista y discriminatorio. “[…] Estos partidos, presentes en centenares de municipios de ciudades importantes, articulan una doble estrategia: incentivan el rechazo culpando de todos los males —existentes o no existentes— a los barrios relegados y niegan abiertamente, a la vez, a esta parte de la ciudadanía la condición de ciudadanos franceses. El resultado es el recorte de los recursos habitualmente dedicados a la inclusión social y, como telón de fondo, el despliegue de una política de penetración ideológica centrada en la xenofobia y el racismo en las funciones de la Policía”[18].
La integración social en Francia atraviesa por una coyuntura particularmente complicada. Sin embargo, no es la única democracia que debe enfrentar el flagelo del racismo, el clasismo o la discriminación hacia una parte de su población. En México subsisten estereotipos y conductas que fracturan el modelo republicano y el pacto social. El Estado mexicano debe actuar en consecuencia por medio de propuestas y medidas que considero oportunas hacia adelante.
II. Un México de integración social consolidada
Nuestro país es una de las naciones que cuentan con mayor diversidad social y cultural en el mundo. En él coexisten una cantidad importante de grupos humanos con diferentes circunstancias, características e identidades.
No es desconocido que las sociedades plurales con mayor activación de la igualdad y la equidad de género, así como de la diversidad y de la integración o inclusión padecen menor pobreza y precariedad, y poseen índices de salud más elevados. En ellas la productividad se incrementa y la economía crece, además de que se refuerza la justicia y existe una mayor percepción de paz.
Sin embargo, aún persisten brechas importantes en cuanto a una inclusión social para todas y todos. Si bien existen derechos reconocidos jurídicamente, la mayoría de la población no se siente incluida ni valorada por la sociedad.
Sin duda, la discriminación continúa siendo un tema de preocupación, ya que aún existen situaciones en las que se vulneran los derechos de las personas por motivos de género, raza y orientación sexual, entre otros. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, el 20.2 por ciento de la población de 18 años y más fue víctima de algún acto discriminatorio[19].
Esa encuesta reveló, asimismo, que el 30 por ciento de las personas había sido marginadas por su forma de vestir, arreglo personal o por usar tatuajes. Además, al 29.1 por ciento se le discriminó por su peso o estatura, y al 28.7 por ciento por sus creencias religiosas[20].
En el caso de las mujeres, muchas de ellas viven en la pobreza, tienen los empleos peor remunerados (para noviembre de 2022, la mayoría de ellas —el 70 por ciento en México— ganaban menos de dos salarios mínimos[21]) y tienen menor acceso a salud, educación y posiciones de decisión. Esta exclusión ha estado acompañada, de manera sistemática, por abusos y violencia. Por ejemplo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, el 70.1 por ciento experimentaron al menos un incidente de violencia, que pudo ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida[22]. Por ello, la igualdad de género es algo que se debe fomentar en nuestra cultura de manera permanente.
Existe igualmente una gran brecha entre la enorme importancia que tienen los pueblos indígenas y afromexicanos para México y la realidad de pobreza y falta de visibilidad que enfrentan.
Para atacar esto se requiere fomentar la inversión en los proyectos locales donde habiten los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Además, su integración en la toma de decisiones de megaobras u otros desarrollos, así como la distribución de sus beneficios debe de ser prioritaria, sin hacer a un lado su garantía de acceso a servicios públicos de calidad y pertinencia cultural, incluyendo los relativos a la salud, la educación bilingüe, y el acceso a justicia y vivienda.
Por otra parte, la creciente comunidad LGBTTTIQ+ ha continuado esforzándose en participar en nuestra sociedad, pero sigue enfrentando rechazos, estereotipos y violencia. Esto es parecido a lo que vive uno de cada cuatro mexicanas y mexicanos que tiene discapacidad física o vive con diferentes desafíos mentales y emocionales.
La inclusión social de esta comunidad transita por un Gobierno que diseñe el primer Plan Nacional de Acción LGBTTTIQ+. Su objetivo será promover y garantizar los derechos de participación de las personas de esa comunidad e integrarlas en el diseño de políticas públicas, así como el seguimiento y la evaluación de su implementación y resultados.
Lo anterior sin olvidar que otro grupo vulnerable, como el las personas con discapacidad, debe ejercer plenamente sus derechos y estar representado en la formulación de políticas públicas y en el diseño de procesos que aseguren su integración plena.
Se requiere de igual manera visibilizar la preocupante situación de salud mental en nuestro país y actuar de manera integral para mejorar las condiciones de este sector de población. En México, únicamente el 20 por ciento de las personas que viven con trastornos mentales llegan a recibir atención profesional y, en muchos de los casos, pueden transcurrir hasta 12 años para que logren ser diagnosticadas[23].
Todos estos grupos representan la mayoría de México. Son parte de la esencia de nuestra historia, de la riqueza cultural que refleja en el país una diversidad muy importante.
Sin embargo, un país unido, no dividido, es imperativo en el marco de un efectivo respeto y ejercicio de los derechos de todos los grupos sociales. He planteado constantemente a la reconciliación como método único para abrir caminos y alcanzar mejores niveles de desarrollo económico, político y social, unidos en lo fundamental y, desde luego, manteniendo la diversidad y las diferencias.
La reconciliación, alentada desde el Gobierno, puede convertir la diversidad e inclusión en fortaleza y prioridad para las y los mexicanos. Una forma de manifestar este enfoque es a través de mecanismos institucionales que considero pertinentes, como la primera Secretaría de la Diversidad, Género e Inclusión. Ésta, deberá centrar sus esfuerzos en diseñar dispositivos para garantizar la integración de todas las personas en la sociedad, su representatividad en todos los espacios y la igualdad de todos los grupos culturales.
Pero esta forma de reconciliación no se limita únicamente a lo anteriormente señalado, ya que reconciliar es colaborar. La real colaboración requiere espacios de diálogo y de construcción de confianza, a fin de plantear soluciones a los desafíos que afectan a la sociedad.
La división, la desconfianza y la polarización no sólo separan a la ciudadanía de la vida social, sino que crean distancia entre la autoridad, el Gobierno y la población. La cercanía es la que asegura que todas y todos sean tomados en cuenta y que la política y los programas gubernamentales se desarrollen con comprensión de realidades y necesidades de la gente.
Así, se requiere un enfoque basado en la persona, que garantice la participación de la sociedad, la comunidad académica, la población y el sector privado en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas que les conciernen.
Paralelamente, México debe recuperar su rumbo y vida comunitaria por medio del abatimiento de la inseguridad. Los factores que más contribuyen al deterioro del orden y la seguridad son el debilitamiento del sistema de justicia civil y de los contrapesos, como la sociedad civil y la prensa. A esto se suman los retos en materia de anticorrupción y sus consecuencias.
Debe reconocerse que muchos aspectos del modelo de seguridad adoptado hasta ahora, contra toda intención, no han sido suficientemente benéficos. El reconocimiento de las limitaciones de éste es indispensable para restituir la confianza de las y los ciudadanos, así como revisar lo que se debe cambiar, corregir o profundizar.
La colaboración entre el Gobierno, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación debe de ser constante y cercana, a fin de construir un nivel de confianza que permita un país seguro y un Estado de derecho robusto. Esto último significa que las leyes sean observadas y aplicadas, brinden certeza jurídica y vigilen el cumplimiento de las responsabilidades, sin soslayar que, si existe violación de derechos, existan mecanismos para subsanar las afectaciones producidas, a través de un modelo de reparación extraordinario con instrumentos efectivos de reparación a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
Se deben revisar los sistemas policial, judicial y penitenciario, así como reforzar la presencia civil de las policías en México. Por ejemplo, la política penitenciaria es de vital importancia, ya que, si es óptima, coadyuvará a resolver los retos de control, regularización y supervisión de las cárceles, la violación de derechos humanos, la mezcla en privación de la libertad de personas consideradas como de alta peligrosidad con las demás, y la cantidad de crímenes cometidos contra la sociedad, pero que se planean desde las prisiones.
Pero la inseguridad también se debe combatir desde un enfoque preventivo con el que se creen instituciones y políticas públicas que ataquen las causas reales de la violencia, como la pobreza y la marginación, con políticas que busquen su eliminación, así como una mayor integración e inclusión social, sin olvidar el crecimiento económico.
La independencia judicial es un elemento indispensable para la materialización de un país más seguro. La garantía de independencia de las personas juzgadoras a nivel federal y estatal requiere de mecanismos que, desde el mando de los poderes judiciales, la aseguren.
No se puede soslayar la importancia de fomentar una cultura de la legalidad. Ésta, se encuentra estrechamente ligada a la seguridad y el Estado de derecho. Si hay tolerancia ciudadana al delito, así como propensión de la ciudadanía y autoridades a ignorar la ley, se genera un ambiente propicio para la violencia y la criminalidad. Por ello, el Gobierno requiere un plan para la promoción de la cultura de la legalidad, tanto en las instituciones como en las comunidades.
La integración social en Francia y en México es una prioridad en ambos países. El pacto republicano sólo se mantendrá y se fortalecerá a medida que se atiendan las causas reales de la exclusión y no únicamente se implementen enfoques represivos para combatir la violencia generada por la desintegración del tejido social o la exclusión de grupos de ciudadanos.
Se requieren enfoques policiales preventivos, cercanos a las comunidades y sensibles de la exclusión social, cultural, educativa y económica. El Estado de derecho y la seguridad necesitan múltiples elementos de apoyo como mecanismos institucionales, políticas públicas, combate a la corrupción, independencia judicial, empleos, distribución de la riqueza y crecimiento económico, a fin de que la integración social sea una realidad y no un mero discurso. Y ahí, el Estado, en ambos casos, deberá seguir recobrando su papel de regulador social y de elemento activo del desarrollo nacional, para no excluir a las personas más desfavorecidas.
Twitter y Facebook: RicardoMonrealA
Fuentes:
[1] Libération, “Mort de Nahel, déclarations du policier : ce que révèlent les premiers éléments de l’enquête”. Libération (6 de Julio, 2023), sec. Société, Police [En línea]: https://bit.ly/46JOPSM [Consulta: 6 de Julio, 2023].
[2] Idem.
[3] Idem.
[4] France 24, “Francia: la grieta social evidenciada tras la muerte del joven Nahel”. France 24 (5 de Julio, 2023), sec. Programas, El Debate, ed. Español [En línea]: https://bit.ly/3XIW8Ww [Consulta: 7 de julio, 2023].
[5] Dicha reforma “…establece que la policía y los gendarmes pueden “usar sus armas en caso de absoluta necesidad y de manera estrictamente proporcionada”” (Alberto Tejedor, “Mélenchon, el político pirómano que asume la violencia urbana en Francia y culpa a los ricos de las algaradas”. La Razón (3 de julio, 2023), sec. Internacional [En línea]: https://bit.ly/3XN0b4r [Consulta: 9 de julio, 2023]).
[6] Katya Adler, “”No pedimos romper cosas ni robar. Nada de esto es por Nahel”: la familia del joven muerto a manos de la policía rechaza la violencia de las protestas en Francia”. BBC News Mundo (2 de julio, 2023), sec. Internacional [En línea]: https://bit.ly/3D7X5OP [Consulta: 11 de julio, 2023].
[7] Sergio Parra, “¿Qué está pasando en Francia? La muerte de un joven revive el debate sobre la violencia policial”. National Geographic España (4 de julio, 2023), sec. Mundo NG, Actualidad [En línea]: https://bit.ly/3ro0A17 [Consulta: 10 de julio, 2023].
[8] Idem.
[9] Marc Bassets, “Macron se propone “emancipar” a los jóvenes de los suburbios”. El País (22 de mayo, 2018), sec. Internacional, ed. América-México [En línea]: https://bit.ly/44iNP6q [Consulta: 10 de julio, 2023].
[10] Amal Benotman, “La muerte de Nahel, un trágico recordatorio de las grietas en la estructura social de Francia”. France 24 (3 de julio, 2023), ed. Español [En línea]: https://bit.ly/3D3lRQd [Consulta 11 de julio, 2023].
[11] Carlos Yárnoz, “Absueltos dos agentes por la muerte de dos jóvenes electrocutados en París”. El País (18 de mayo, 2015), sec. Internacional, ed. América-México [En línea]: https://bit.ly/3pJYb0c [Consulta: 7 de julio, 2023].
[12] Idem.
[13] Miguel Ángel Conejos Montalar, “17 personas han perdido un ojo desde el inicio de las protestas de los chalecos amarillos”. AraInfo (6 de febrero, 2019), sec. Mundo [En línea]: https://bit.ly/3XIfsDu [Consulta: 11 de julio, 2023].
[14] EFE, “C. Europa acusa a París del uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones”. swissinfo.ch (24 de marzo, 2023), ed. Español [En línea]: https://bit.ly/3rkKVzn [Consulta: 11 de julio, 2023].
[15] France 24, “Las autoridades francesas, bajo la lupa del Consejo de Europa y ONG por violencia policial”. France 24 (25 de marzo, 2023), ed. Español [En línea]: https://bit.ly/46MiKK4 [Consulta: 17 de julio, 2023].
[16] Esta declaración fue rechazada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia aseverando que “Francia y sus fuerzas policiales luchan con determinación contra el racismo y todas las formas de discriminación. No puede haber ninguna duda…” (Sana Noor Haq, Joshua Berlinger et al., “¿Por qué hay protestas en Francia? Lo que debes saber”. CNN en Español (3 de julio, 2023), sec. Francia [En línea]: https://bit.ly/3pPrU7I [Consulta: 9 de julio, 2023]).
[17] France 24, “Las autoridades francesas…”, op. cit.
[18] Sami Naïr, “Desprecio social y revueltas rabiosas en Francia: los peligros de las alianzas de las derechas”. El País (5 de julio, 2023), sec. Ideas, ed. América-México [En línea]: https://bit.ly/3pGN0W0 [Consulta: 12 de julio, 2023].
[19] Redacción, “La discriminación en México afecta a más del 20% de la población”. UNAM Global Revista (1 de marzo, 2023) [En línea]: https://bit.ly/3O7tPhi [Consulta: 12 de julio, 2023].
[20] Idem.
[21] IMCO Staff, “Brecha salarial de género”. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (8 de noviembre, 2022), sec. Mujer en la economía [En línea]: https://bit.ly/3NJuWCI [Consulta: 10 de julio, 2023].
[22] INEGI, “Violencia contra las mujeres en México”. INEGI (s.f.), sec. Sistemas de consulta, Tableros estadísticos [En línea]: https://bit.ly/3JTgsPi [Consulta: 12 de julio, 2023].
[23] AMIIF, “En México, sólo el 20% de las personas con enfermedades mentales reciben atención profesional”. AMIIF (20 de abril, 2023), sec. Prensa, Semana Innovación 2023 [En línea]: https://bit.ly/3XRaG6z [Consulta: 13 de julio, 2023].
