La necesaria reforma electoral
El alto costo de las elecciones es el quid y la litis del asunto.
La crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha puesto de relieve la necesidad de una reforma a fondo de los órganos electorales, del financiamiento de los comicios, de las reglas de operación de la estructura electoral, del papel de los partidos políticos y hasta de los esquemas de integración de las cámaras de representantes.
La construcción de la democracia electoral que hoy tenemos ha seguido un largo devenir. Transitamos de la sospecha sobre la limpieza de los comicios (la larga historia de fraudes electorales desde el siglo XIX), hasta llegar al malestar ciudadano actual por el alto costo de nuestros procesos de votación.
Resolvimos el problema cuantitativo de contar bien los votos, pero no el tema cualitativo de disponer de una democracia de calidad, en la que no sólo se elija a las autoridades mediante el voto libre, secreto y directo, sino que se construya una democracia a la que no únicamente se considere como “una estructura y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” (artículo tercero constitucional).
El alto costo de las elecciones es el quid y la litis del asunto. El presupuesto de las elecciones federales y locales que se presentaron el pasado 6 de junio ascendió a un total de 44 mil 907 millones de pesos, distribuidos de las siguiente manera: presupuesto INE, 12 mil 367 mdp; prerrogativas federales para los partidos, 7 mil 226 mdp; presupuesto tribunal electoral federal 3 mil 030 mdp; presupuesto de los 32 OPLE, 11 mil 932 mdp; prerrogativas a partidos locales en las 32 entidades, 6 mil 817 mdp; presupuesto de los 32 tribunales electorales locales, 3mil 532 mdp.
Esto hace que las elecciones federales y locales de México sean las más caras del mundo, con un costo per cápita del sufragio con grandes disparidades y desigualdades, en estados donde se distinguen además por enormes carencias sociales. Por ejemplo, en Tlaxcala, el costo del sufragio por votante es de 663.91 pesos; en Sonora, de 501.54 pesos; en Campeche, de 490.54 pesos, y en Michoacán, de 380.44 pesos.
El INE es también la institución que concentra el mayor número de personas servidoras públicas mejor pagadas en toda la administración pública federal, estatal, descentralizada y de órganos constitucionales autónomos. Por ejemplo, 125 funcionarias y funcionarios ganan más que el presidente de la República, lo que ha ocasionado cuestionamientos frecuentes por parte de éste. No hay paralelo con los ingresos de funcionarios electorales de otros países.
Si a ello agregamos la cifra negra del dinero privado no reportado en las campañas, el costo electoral se elevaría considerablemente. Detrás de esa cifra negra se encuentran seguramente fuentes y compromisos inconfesables de dinero mal habido, que dañan la legitimidad misma de las autoridades electas.
La reforma electoral que exige la ciudadanía es una que reduzca el costo fiscal de los comicios, las prerrogativas entregadas a los partidos, el número de legisladoras y legisladores federales y locales, así como sus salarios y, en general, el riesgo sistémico que representa tener elecciones caras en medio de una sociedad con carencias endémicas.
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