La reforma eléctrica
Lo advertimos: la oposición y las empresas que verían acotados sus privilegios recurrirían a la vía judicial para intentar frenar las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso de la Unión.
Es parte del ejercicio pleno de sus derechos y es un claro ejemplo de cómo funcionan los pesos y contrapesos en una auténtica democracia, como la que actualmente estamos construyendo en México, pero el compromiso de fortalecer la soberanía energética va más allá de los formalismos legales, es un objetivo que la sociedad en su conjunto ha asumido como parte del fin del periodo neoliberal en nuestro territorio.
La reforma energética de 2013 se diseñó desde la tinta de intereses extranjeros y se aprobó sin escuchar las multitudinarias manifestaciones que intentaron impedirlo tanto en San Lázaro como en el Senado, extirpando del texto constitucional principios fundamentales, con el fin de abrir al mercado internacional actividades históricamente reservadas al Estado, lo cual, aunado al plan de desmantelamiento de PEMEX y CFE, ponía en desventaja a las empresas productivas del Estado, y en peligro nuestra capacidad como nación de generar energía de manera soberana.
Con las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica se generaron mejores condiciones de competencia; se crearon nuevas figuras para la entrega física de la energía producida por empresas generadoras; se eliminaron las condiciones de propiedad y fecha de inicio de operaciones para el otorgamiento de certificados de energías limpias, y se estableció, dentro de los artículos transitorios, la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Energía revocara los permisos de autoabastecimiento obtenidos mediante fraude a la Ley. Todos los anteriores son cambios que fortalecerán la participación del Estado en la regulación de esta importante industria.
En la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados se escucharon diversos posicionamientos a favor y en contra de la constitucionalidad de las reformas aprobadas, pero el tema es de competencia exclusiva del Poder Judicial, por lo que la determinación aún no se conoce; sin embargo, independientemente de ello, las modificaciones para fortalecer a la CFE deben encontrar cabida en el sistema jurídico mexicano, ya sea por resolución judicial que confirme su adecuación al orden constitucional, o mediante modificaciones a la Constitución federal, que deberá generar consenso en el Congreso de la Unión y los congresos locales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, atendiendo al compromiso 72 contraído con el pueblo de México, se propuso detener el desmantelamiento de la CFE, modernizar las plantas existentes y priorizar las hidroeléctricas, por lo que la iniciativa que dio origen a las modificaciones en comento fue presentada como preferente. Además, se ha manifestado sobre las facultades del juez que ordenó la suspensión sin ser solicitada, y ha pedido, de ser procedente, una investigación para determinar si en este caso se reproduce el modus operandi del influyentismo del viejo régimen.
Asimismo, ha asegurado que, de ser necesario, presentará una iniciativa para reformar la Constitución, con el fin de hacer aplicables las modificaciones. Éste es uno de los grandes temas que se han posicionado en el debate público. Las leyes son cambiantes, e incluso la rigidez constitucional permite ajustes, gracias a un procedimiento especial, pero los principios son inamovibles. La perseverancia en ellos permitirá que la transformación continúe, pese a las resistencias.
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