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Las remesas son solo la punta del iceberg

Hace unos días escribí sobre el impacto que tendría el impuesto a las remesas incluido en el paquete de reformas —llamadas “One Big Beautiful Bill“— propuesto por el presidente Donald Trump, ese ambicioso y polémico proyecto de ley que se discute actualmente en el Congreso de Estados Unidos.

Desde entonces, han pasado dos cosas importantes. Primero, la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 22 de mayo de 2025. Y segundo, gracias a gestiones del Gobierno mexicano, el impuesto que originalmente se planteó en un 5% se redujo a 3.5%. No es definitivo, aún falta la discusión en el Senado y, como suele pasar allá, podría haber más cambios… o el proyecto podría incluso no aprobarse.

Pero el tema de las remesas, que ya abordé en otro espacio, es solo la “punta del iceberg”. Hoy quiero referirme a por qué esta reforma es mucho más profunda y por qué nos debe importar seriamente, tanto a las y los mexicanos migrantes en Estados Unidos como a México como país.

La “One Big Beautiful Bill” —que me parece más bien la “Ley MAGA todo en uno”, o simplemente reforma MAGA— es un paquete de reformas enorme, técnico, complicado, y con muchas implicaciones que no siempre se ven a primera vista. Lo que busca es redefinir muchas de las funciones sociales, económicas y migratorias del Gobierno federal estadounidense desde una visión conservadora muy marcada. En suma, es la condensación de toda la política MAGA en un solo conjunto de reformas. A continuación, comparto mis perspectivas en tres rubros en particular, porque el impacto hacia México es directo y preocupante: seguridad, migración y economía.

1. Seguridad: ¿más vigilancia o más tensión?

La reforma MAGA destina entre todas sus acciones más de $160,000 millones de dólares para reforzar la frontera sur con tecnología de vigilancia, inteligencia artificial y presencia militarizada. Esto incluye torres con sensores automatizados, drones de alta capacidad, sistemas de reconocimiento facial y expansión de muros físicos. Además, se asignan recursos para contratar más agentes de la Patrulla Fronteriza y personal del Servicio de Inmigración y Personal de Aduanas (ICE), así como para mejorar su capacidad operativa.

También se destinan fondos al combate del narcotráfico, pero desde una lógica de castigo y persecución, sin mucho espacio para la cooperación binacional o la atención a causas estructurales como la demanda de drogas en Estados Unidos (EE. UU.).

Esto tiene implicaciones directas para México: por un lado, aumentan las tensiones en la franja fronteriza; por otro, se impone una narrativa de amenaza, donde las personas migrantes o mexicanas son vistas como un riesgo potencial. Esta visión refuerza estigmas y puede derivar en más violencia institucional, redadas injustificadas, y hasta en accidentes trágicos en la línea fronteriza, como ya ha sucedido antes.

Además, la militarización fronteriza debilita el tejido social en comunidades hermanas como Tijuana-San Diego, Nogales-Nogales o El Paso-Ciudad Juárez. Donde antes había cooperación y tránsito económico, ahora hay miedo y separación. La seguridad compartida no se construye con muros ni con drones, sino con confianza, inversión social y corresponsabilidad, y eso es lo que esta ley pone en riesgo.

2. Migración: un castigo a familias completas

En el rubro migratorio, la reforma MAGA propone recortes profundos a los servicios y derechos de millones de personas. Se restringe el acceso a Medicaid, Medicare, subsidios del Obamacare y asistencia alimentaria a quienes no tengan ciudadanía o residencia permanente. Esto afecta directamente a personas con estatus migratorio legal como el Estatus de Protección Temporal (TPS), las y los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), personas con asilo aprobado y quienes cuentan con permisos de permanencia temporal o protección humanitaria. Estas no son personas “ilegales”, ni siquiera se encuentran en condición irregular, como muchas veces se les estigmatiza: son individuos reconocidos por el propio Gobierno de EE. UU. como merecedores de protección, pero que quedarían fuera de programas esenciales.

Uno de los cambios más alarmantes es el que afecta al Crédito Fiscal por Hijos. Actualmente, las y los niños ciudadanos estadounidenses pueden recibir este apoyo incluso si sus padres no tienen número de Seguro Social y presentan su declaración con un ITIN (Número de Identificación de Contribuyente). La reforma MAGA lo prohibiría, afectando a cerca de 2 millones de ciudadanos menores, según estimaciones del Joint Committee on Taxation. Esto quiere decir que, por la condición migratoria de sus padres, numerosos niños perderían un beneficio que ayuda a cubrir alimentos, vivienda, transporte escolar y hasta ropa.

Además, la propuesta busca eliminar el acceso a seguros médicos subsidiados en los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) para inmigrantes con TPS, DACA, o bajo programas de libertad condicional humanitaria. Esto incluye a cientos de miles de jóvenes que crecieron en EE. UU. y que hoy están protegidos por DACA, pero que quedarían sin cobertura médica. También se penaliza a los estados que usan fondos propios para dar cobertura médica a personas indocumentadas, reduciendo el reembolso federal de Medicaid. Es decir, se castiga la solidaridad estatal.

Y si eso no fuera suficiente, la ley elimina el periodo de gracia durante el cual un solicitante podía recibir cobertura médica, mientras resolvía su estatus migratorio. Para muchas personas en situación vulnerable, reunir documentos como pasaportes o actas de nacimiento es lento o casi imposible. Esta medida podría dejar a miles de personas —muchas de ellas con casos legales en curso— sin acceso temporal a tratamientos críticos.

Todo esto conforma un entorno donde no solo se endurecen las leyes, sino que se criminaliza la vida cotidiana de comunidades enteras. Como dijeron expertos del Migration Policy Institute, estas políticas generan un efecto paralizante: incluso las personas que sí son elegibles podrían dejar de solicitar ayuda por miedo a poner en riesgo a sus familiares indocumentados. El temor a ser rastreados por agencias como ICE solo por pedir un subsidio médico es real, y esa desconfianza debilita la cohesión social.

Según datos citados por la Boston University School of Social Work, cerca de 9 millones de niñas y niños ciudadanos estadounidenses tienen al menos un padre que es inmigrante no ciudadano. Esta ley, de aprobarse, se ensaña particularmente con este grupo. No solo pierden beneficios directos, sino que crecen en un país que les dice —implícita o explícitamente— que sus familias valen menos. Hablamos de salud, alimentación, educación y vivienda, los pilares básicos para el desarrollo infantil.

Más allá de lo legal, el mensaje es claro: si tu familia es migrante, no eres bienvenido. Esta legislación no solo excluye; hiere. Genera miedo, refuerza estigmas y margina a quienes más necesitan apoyo. Lejos de resolver problemas, los profundiza y perpetúa un ciclo de pobreza y discriminación que podría marcar a toda una generación de ciudadanos estadounidenses de origen migrante.

3. Economía: “incentivos para desincentivar” a México

En el ámbito económico, la reforma MAGA plantea un ambicioso esquema de relocalización de empresas dentro del territorio estadounidense. Establece créditos fiscales, deducciones aceleradas y otros beneficios contables para compañías que trasladen procesos manufactureros desde el extranjero hacia EE. UU., particularmente en zonas consideradas críticas para la seguridad nacional o con historial de desindustrialización.

Aunque en principio, esta medida puede parecer una estrategia interna para reactivar regiones deprimidas, en la práctica tiene efectos colaterales importantes sobre México. Las cadenas de valor bilaterales no solo son profundas, sino también estratégicas para ambos países. Romperlas con incentivos unilaterales distorsiona la competencia y erosiona el espíritu de integración del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Además, la reforma MAGA establece requisitos restrictivos sobre el origen de insumos y el lugar de transformación sustancial para que una producción sea considerada “doméstica”. Esto penaliza formas de manufactura compartida, muy comunes en el modelo maquilador del norte de México, donde partes cruzan varias veces la frontera antes de ser ensambladas. Así, aunque una proporción significativa del proceso ocurra en México, no se considerará elegible para los nuevos beneficios si el bien no se termina de ensamblar en EE. UU.

Otro punto preocupante es la falta de coordinación con políticas trilaterales o mecanismos de resolución de controversias del T-MEC. En esencia, el Congreso estadounidense avanza en una dirección que no consulta a sus socios regionales, lo cual podría escalar en conflictos comerciales si las medidas son vistas como discriminatorias.

A esto se suma la eliminación o debilitamiento de fondos para proyectos de energía limpia y transición ecológica. Muchos de esos programas, como créditos para autos eléctricos o infraestructura solar, eran alimentados por componentes producidos en México. Su desaparición corta flujos de inversión y tecnología, y pone en pausa avances ambientales importantes.

Por último, el efecto indirecto en empleos, exportaciones y recaudación fiscal en México puede ser significativo si no se compensa con una política industrial nacional clara. La relocalización o nearshoring no es un fenómeno espontáneo: depende de reglas estables, confianza jurídica, logística eficiente y colaboración binacional. Si EE. UU. decide avanzar solo, México necesita una respuesta rápida y estratégica.

La reducción del impuesto a las remesas es una buena señal de que la diplomacia parlamentaria y del Ejecutivo mexicano puede funcionar. Pero no nos engañemos: esa era solo la punta del iceberg. Esta reforma tiene profundidad, dientes y consecuencias reales para millones de personas. Por eso, vale la pena leerla con lupa y hacerle frente, no solo con política exterior, sino con estrategia, unidad y mucha claridad sobre lo que está en juego para México.

Desde la Cámara de Diputados, tenemos la responsabilidad de levantar la voz y defender los derechos e intereses de nuestros connacionales en Estados Unidos. Vamos a acompañar al pueblo mexicano, dentro y fuera del país, y lo haremos en coordinación con nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum.

Lo que está en juego no es solo un paquete de reformas: es el futuro de millones de personas, de nuestras familias, de la relación binacional y de los principios de justicia y dignidad que compartimos.

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