Legalidad y justicia
Benito Juárez fue, sin duda, uno de los grandes defensores de la soberanía nacional y de las leyes que la resguardan. Fue él quien afirmó que “mientras haya energía para cumplir la ley, esto será suficiente para que la nación se salve y sea feliz”. También él señaló que los grandes cambios —por complicado que resultara— debían generarse a través de la legalidad y no haciendo uso de otro mecanismo, “nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”, principios que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha seguido a cabalidad.
Las ideas de Juárez fueron valiosas en su contexto original, el de una guerra intestina interminable, pero también en la actualidad, cuando las leyes han sido utilizadas de manera incorrecta, lo que dio lugar a un debate más vigente que nunca: la distinción entre legalidad y justicia.
En tanto que son conceptos diferentes, sin la legalidad (y sin los tribunales), la justicia obedecería más a la ley del talión que a la intención de resarcir los daños producidos por conductas contra la integridad de las personas. Por eso, la humanidad no puede operar bajo la lógica de “ojo por ojo”, ya que la legalidad, sin ser superior al concepto de justicia, es necesaria para aspirar a alcanzar esta última.
Tal debate fue aterrizado en la práctica por Norberto Bobbio, preguntando: ¿qué gobierno es el mejor, el de las leyes o el de los hombres? ¿Un buen gobierno es aquel en el que los gobernantes son buenos porque gobiernan respetando las leyes, o bien, aquel en el que son buenas las leyes porque los gobernantes son sabios?
Muchos siglos antes de que Bobbio formulara estas preguntas, Platón señaló: “allá donde la ley está sometida a los gobernantes y carece de autoridad, veo pronto la ruina de la ciudad; y donde, por el contrario, la ley es señora de los gobernantes y los gobernantes son sus esclavos, veo la salvación de la ciudad”. Por otro lado, Aristóteles afirmaba que “la generalidad de la ley es semejante a un hombre soberbio e ignorante que no deja hacer nada a nadie tranquilamente sin una prescripción suya”.
Estos dos argumentos nos colocan ante una clara realidad. Las leyes por sí mismas no son suficientes para engendrar una sociedad en la que impere la justicia, porque son generales y, por ello, su correcta aplicación depende de la moralidad y la calidad de quienes las imparten.
Hace 48 años inicié mi camino como abogado; viajaba de Fresnillo a Zacatecas, acompañando a un grupo de campesinos que necesitaban realizar una gestión en la capital del estado. A la mitad del trayecto tuvimos un accidente que no fue responsabilidad nuestra; sin embargo, el diseño del marco legal permitió que los agentes que arribaron al lugar utilizaran las leyes para sacar provecho de la situación. Desde entonces comprendí que la legalidad, cuando los gobiernos no son virtuosos, puede ser utilizada en contra de la justicia.
En mi vida política, la cual hasta hace cuatro años ejercí como oposición a la clase gobernante, me enfrenté al uso faccioso de la ley. El régimen pasado utilizaba el marco legal a su antojo para perseguir detractores e impedir el avance de la democracia. Por ello, puedo asegurar que, ante la falta de un gobierno cuyo objetivo sea el bien común, la regencia de las leyes es superior a la de los hombres.
Hoy, después de años de luchar por vivir en una sociedad más justa, la situación empieza a cambiar. Aunque aún vivimos en un país en donde la impunidad es rampante, lo cierto es que la esencia del gobierno es virtuosa, y poco a poco nos alejamos del uso faccioso de la legalidad y nos acercamos a la simbiosis entre el Estado de derecho y la justicia, para que ninguna persona se encuentre por encima de la aplicación de la ley, y la ley no pueda estar por encima de la justicia. Una realidad en la que lo legal es justo, y lo justo, legal.
Ayer se cumplieron 106 años de la promulgación de la Constitución. Coincidimos con lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante el discurso que pronunció en el Teatro de la República. Es cierto que durante un largo periodo de tiempo el texto de la Carta Magna se alejó del espíritu de esta, pero es igualmente verdadero que a través del trabajo de las últimas dos legislaturas se han logrado conquistas legales que la acercan nuevamente a los principios revolucionarios y a su esencia social.
Por eso, como parte de la transición política que México está experimentando, y en lo personal, como catedrático de la UNAM y constitucionalista, nunca dejaré de defender nuestra Ley Suprema, pero tampoco seré omiso respecto a los abusos que se han cometido y se pueden llegar a cometer tergiversando su uso y espíritu.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
