México y Bolivia: dos pueblos, dos gobiernos
Esta semana, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, estuvo en nuestro país a invitación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ello con motivo de las diversas conmemoraciones que se están llevando a cabo en nuestra República a lo largo de este año, incluida la resistencia de los pueblos originarios de México en contra de la invasión española y el Bicentenario de nuestra Independencia.
Concretamente, el primer mandatario boliviano participó como invitado de honor y orador distinguido en la conmemoración del Día de la Victoria de Chakán Putum en Champotón, Campeche, en donde, desde luego, estuvo también presente el ejecutivo mexicano.
El presidente Arce aceptó asimismo asistir a una Sesión Solemne en el Senado de la República, reuniéndose, además, con senadoras y senadores en el seno de la Junta de Coordinación Política de esta representación parlamentaria
El Senado mexicano no solo es la Casa del Federalismo, sino también es el lugar en donde, por mandato constitucional, se analiza la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal y se aprueban o no los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas que éste suscriba. En consecuencia, a esta representación legislativa le atañe todo lo relativo a las relaciones exteriores que nuestro país mantenga con otras naciones, incluida Bolivia, y que sin duda son de interés para nuestro pueblo.
Así, México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países y con todos los gobiernos del mundo porque nuestra política exterior es de principios, de valores y de instituciones.
Esto ha quedado demostrado en la gran tradición que tiene México en materia de apoyo y de protección a los perseguidos políticos del mundo. Desde Giuseppe Garibaldi, José Martí hasta Rigoberta Menchú, Gabriel García Márquez, Hortencia Bussi, viuda de Salvador Allende, así como el expresidente Evo Morales y su exministro de Economía y Finanzas Públicas y actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, el asilo diplomático ha sido una institución muy importante en la historia de nuestro país.
El mismo presidente Arce reconoció y agradeció la solidaridad del gobierno y del pueblo mexicanos por haberle recibido y otorgado dicho asilo político ante el golpe de Estado perpetrado en su país el 10 de noviembre de 2019.
Y es que no solo el asilo político es trascendente para nuestra Nación, sino también lo son nuestros principios constitucionales de política exterior, entre los que destaco la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la no intervención en asuntos internos de cualquier Estado.
En ese sentido, el gobierno de México manifestó, el 12 de noviembre de 2019, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), su seria preocupación ante el quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia donde sucedió el referido golpe de Estado y expresó su confianza en la soberanía del pueblo boliviano para constituir un gobierno que sea acorde con su marco constitucional.
Recientemente, y debido a un comunicado emitido por la Secretaría de la OEA, el 17 de marzo de 2021, en donde se pone en duda la independencia de la Justicia boliviana, entre otras cuestiones, el gobierno mexicano solicitó a ese organismo regional que se conduzca de acuerdo con sus facultades, fomentando el diálogo, el consenso y la solución pacífica de las controversias en el hemisferio. Asimismo, pidió evitar posicionamientos que busquen tener injerencia en los asuntos internos de esta república hermana.
El gobierno mexicano, incluido el Senado de la República, siempre ha apoyado el multilateralismo y el fortalecimiento democrático de las organizaciones internacionales y parlamentarias, globales y regionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interparlamentaria (UIP), el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), entre otras.
El multilateralismo se hace más urgente que nunca en estos momentos de pandemia, en donde los órganos internacionales como la ONU son trascendentes para reiterar los llamados a la solidaridad internacional en relación con la disposición de vacunas para todas las personas, para el no acaparamiento de dichas vacunas por algunos países y para la liberación de las patentes de éstas.
En unos de sus mensajes, el presidente Arce recordó que, a su llegada al gobierno de Bolivia, en noviembre de 2020, no se había suscrito ningún contrato para la compra de vacunas por lo que tuvo que actuar rápidamente. Además, afirmó que la pandemia desnudó las vulnerabilidades de nuestros sistemas de salud.
Aseveró asimismo que, si bien Bolivia ingresó al sistema COVAX para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19, dicho sistema solo cubría una pequeña parte de la población de su país. Sin embargo, también señaló que, desde inicios de su gobierno, se estableció una estrategia basada en tres acciones: detección, para aislar y para medicar; coordinación con los tres niveles de gobierno a fin de impulsar la estrategia sanitaria contra la pandemia; y, vacunas, para su aplicación a toda la población.
Todo lo anterior deja ver que los esfuerzos de cada país en lo individual, en materia de combate a la pandemia, deben seguir siendo acompañados por las organizaciones internacionales.
Ello también es verdad, como lo señaló el presidente Arce, en otro tema de especial relevancia como lo es el referente al alivio y/o reestructuración de la deuda externa de los países en desarrollo, especialmente en momentos en que la pandemia demanda recursos económicos adicionales a las haciendas públicas de las naciones.
Por esta razón, es de resaltar el planteamiento que formuló el mandatario boliviano para construir un marco global donde se planteen negociaciones de reestructuración eficaz, condonación y refinanciamiento de la deuda externa con organismos multilaterales, gobiernos que tienen deudas bilaterales y acreedores privados.
Y es que a decir del mismo presidente Arce, la recuperación económica debe centrarse en las personas y en el desarrollo sostenible, sin olvidar la creación de verdaderos programas y proyectos de cooperación Sur-Sur para atender las necesidades de los lugares más recónditos de nuestros territorios y generar, con ello, una verdadera inclusión social.
Un orden mundial regido por principios, por valores, por el derecho internacional y por las instituciones multilaterales es la mejor manera de promover el equilibrio en las relaciones internacionales, así como de preservar y de fortalecer la paz, la soberanía, la independencia y la democracia a nivel nacional y mundial.
Y es que la democracia no es un hecho dado de una vez y para siempre. Ésta debe nutrirse con la participación permanente de todas y de todos los ciudadanos, y con una conducción política responsable por parte de las y los dirigentes de cada país.
En ese sentido, cabe destacar que un gobierno electo democráticamente como el del presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, fue el resultado de un proceso electoral que le otorgó el 55,1% de la votación total nacional, por lo que siempre tendrá una legitimidad mayoritaria incontestable.
Una mayoría de ciudadanas y de ciudadanos que refrendó su confianza, en Bolivia, a los 14 años de gobierno anteriores al golpe de Estado y que hoy depositan su esperanza en el presidente Arce Catacora. Esto no fue una casualidad. Bolivia redujo la pobreza extrema de 38 por ciento a 15 por ciento en ese periodo de tiempo; se incrementó la esperanza de vida en 10 años entre enero de 2006 y noviembre de 2019; ello sin olvidar que ese país sudamericano creció a un promedio de 4,9% anual durante esos casi 14 años de gobierno, entre otros logros.
Es así como la fuerza que otorga una elección democrática le permitió a esa república hermana, en aquellos años (2006-2019), tener avances muy importantes en todos los ámbitos. Hoy, sin duda, le permitirá lograr su reconstrucción después del referido golpe de Estado y del gobierno de facto derivado de éste, como el mismo presidente Arce señaló.
Cabe recordar que en México se obtuvo un porcentaje similar durante la elección presidencial de 2018 al obtener, el hoy presidente López Obrador, un 53% del total de los votos.
Destaco esto porque un porcentaje de tal magnitud no es sencillo de alcanzar en la actualidad, particularmente si tomamos en cuenta que existe un contexto marcado, desde hace ya algún tiempo, por una crisis de representación y de participación políticas en diversas latitudes del mundo. Ello, desafortunadamente, ha derivado en movimientos racistas, clasistas, xenófobos, extremistas o de otra índole que afectan tanto a grupos sociales mayoritarios como minoritarios.
Por ello, la defensa, la promoción y el respeto de los derechos de los diferentes grupos sociales en México, incluidos aquellos de los pueblos indígenas y de las comunidades afromexicanas ha sido fundamental.
El Estado mexicano ha llevado a cabo importantes adiciones y reformas constitucionales para la protección y la promoción de sus derechos. Así, no solo se ha reconocido la composición pluricultural de nuestra Nación, sino también se ha otorgado a los pueblos indígenas elementos de autonomía sin romper la unidad nacional del país; se ha separado a las autoridades tradicionales de las autoridades municipales, dejando al municipio como única organización política de los pueblos indígenas; se les ha reconocido, como a cualquier ciudadana y ciudadano mexicano, la protección más amplia en materia de derechos humanos; se ha reconocido a estos pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la Nación mexicana, entre otras reformas.
Es sabido que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con una gran riqueza cultural y étnica representada por una población indígena de alrededor de 62% del total de sus habitantes. Estas naciones y pueblos indígenas han engrandecido a este país hermano y han sido sujetos de políticas importantes para su protección, su desarrollo y su fortalecimiento.
En el caso de México, se ha avanzado de manera importante en este tema, aunque aún queda mucho por hacer en la práctica para resarcir la deuda histórica que tenemos hacia los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas. Esto es así en materia no solo de defensa e impulso de sus derechos, sino también en materia de igualdad y de paridad de género como para cualquier otra ciudadana o ciudadano mexicanos.
De ahí que es fundamental acabar con las diferentes formas de violencia de género y que el acceso a la educación, a la salud de calidad, a los recursos económicos y a la participación en la vida política sea igualitario para mujeres y hombres. Asimismo, es muy importante lograr la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, a posiciones de liderazgo y la toma de decisiones en todos los niveles.
El gobierno de México se encuentra comprometido con la igualdad de género porque sabemos que las mujeres y las niñas son prácticamente la mitad de la población en el mundo (49,5%) y, en consecuencia, la mitad de su potencial. Es sabido que el empoderamiento de las mujeres alienta la productividad y el crecimiento económico de los países.
Y justamente en el tema económico, el presidente Arce expresó que el modelo económico boliviano se basa en tres pilares: primero, crear excedente económico cuyo origen proviene, entre otras fuentes, de la producción y de la venta de gas, de la minería, de la industria eléctrica que dinamiza al país; segundo, la apropiación de ese excedente económico por parte del Estado y; tercero, la repartición de esa riqueza en la población a través del mismo Estado, por ejemplo, a través de políticas redistributivas como una pensión universal o incluso el llamado bono contra el hambre, entre otras.
Sin duda tiene razón el mandatario boliviano al expresar que, en un sistema económico neoliberal, el mercado no redistribuye la riqueza, sino que, por el contrario, genera concentración del ingreso en pocas manos, por lo que dicha repartición la tiene que realizar necesariamente el Estado.
Otro de los temas evocados por el presidente Arce fue el del litio. Resultó de especial interés escuchar sus palabras al referir que el objetivo económico del golpe de Estado en su país fue el control del ese recurso. Más aún, expresó que un alto ejecutivo de la empresa Tesla afirmó que harían un golpe de Estado “allá donde sea necesario” para obtener el litio. Reveladoras palabras de un presidente que defiende, como lo hace el presidente López Obrador en México, los recursos naturales de su país para beneficio del pueblo.
México y Bolivia son naciones pluriculturales, con gran potencial natural, con dos pueblos y dos gobiernos con vocación progresista y con compromiso social, con grandes coincidencias y múltiples fortalezas. Ello quedó de manifiesto en la declaración conjunta que suscribieron ambos gobiernos, el 24 de marzo pasado, con el fin de fortalecer nuestra cooperación y nuestros lazos de hermandad.
Entre los aspectos a destacar de dicha declaración, menciono los siguientes: la voluntad de ambos gobiernos de avanzar en una genuina asociación estratégica a través de la reactivación de mecanismos y de foros de diálogo bilaterales, particularmente la Comisión Bilateral Permanente; el fortalecimiento del diálogo y de la diplomacia interparlamentaria; el interés mutuo por explorar áreas complementarias en cadenas productivas, así como promover proyectos de cooperación en sectores como el litio; el aprovechamiento del Acuerdo de Complementación Económica México-Bolivia (ACE-66) como herramienta para impulsar el potencial de la relación económica-comercial entre los dos países; la voluntad reiterada para promover el programa de creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas en el espacio iberoamericano; la necesidad de promover el carácter objetivo e imparcial de la OEA después de que la organización criticara el arresto de la Sra. Jeanine Áñez, entre otros.
Sin duda, la oportunidad se muestra ante a nosotros para relanzar nuestras relaciones bilaterales, continuar con el fomento de la solidaridad mundial en el marco de la lucha contra la pandemia, seguir con la recuperación de nuestros recursos naturales, impulsar la recuperación de la economía, fortalecer la protección de los derechos y las lenguas de los pueblos y las comunidades indígenas, promover el multilateralismo y la actuación responsable y objetiva de las instituciones internacionales, globales y regionales, como la OEA, así como fortalecer nuestras democracias hacia el futuro.
